Pedro Antonio Sánchez se sentará en el banquillo por el 'caso Pasarelas'

El expresidente regional Pedro Antonio Sánchez se sentará finalmente en el banquillo de los acusados por el 'caso Pasarelas', según informaron este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, Antonio Morente, ha decretado así la apertura de juicio oral -y se tiene por formulada la acusación- contra el exjefe del Ejecutivo regional y contra el arquitecto Martín Lejárraga Azcarreta por la posible comisión de los delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude en la contratación.

Cabe recordar que en esta causa se investiga y se juzgará la contratación del arquitecto por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras -durante el periodo en que Sánchez fue alcalde- para la elaboración de la documentación técnica para una subvención de obra pública en el entorno de la rambla Nogalte.

Según se desprende del auto, se declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la presente causa a la Audiencia Provincial de Murcia. Y acuerda citar a Sánchez y Lejárraga a fin de que comparezcan en la sede de este Juzgado el 18 de mayo a las 9.30 horas para notificarles personalmente la presente resolución y los escritos de acusación.

Por último, señala que contra este auto no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado, en que cabe recurso de reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Por estos hechos, el fiscal pide para Sánchez una pena de 9 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo cargo público por la comisión de un delito de prevaricación administrativa; una pena de 3 años y 6 meses de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de 25 euros y 3 años y 6 meses de inhabilitación especial de sufragio pasivo y activo, así como la incapacidad para obtener durante el plazo de la condena cualquier cargo o empleo público, sea o no electivo, en el ámbito municipal, autonómico y estatal, por un delito de falsedad documental.

Para Lejárraga solicita una pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.

Justo esta semana la formación política Podemos anunció que solicitará tres años de prisión y cuatro de inhabilitación especial por supuesta falsificación de documentos para el expresidente regional. A esa petición de penas se sumará otra de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público, esta vez por un supuesto delito de prevaricación continuada, dentro de las mismas diligencias.

En su escrito de calificación provisional de los hechos, el letrado Ginés Ruiz Maciá, que ejerce la acusación en nombre de Podemos, sostiene que a finales de 2005 el entonces alcalde de Puerto Lumbreras y años más tarde jefe del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, efectuó un encargo verbal al arquitecto Martín Lejarraga para que redactara la documentación necesaria para solicitar una subvención a la Administración regional. Todo ello con el objetivo de remodelar el área de la rambla de Nogalte, reformando los puentes y pasarelas y embelleciendo el entorno. La petición al arquitecto se habría realizado sin iniciarse expediente alguno de contratación y sin informe técnico o jurídico que ofreciera respaldo formal al encargo.

En marzo de 2006, un informe técnico de la Consejería de Obras Públicas rechazaba incluir en la subvención el importe de la redacción del proyecto y de la dirección de obra, que Lejarraga habría presupuestado en algo más de 52.000 euros.

El 3 de julio, la Consejería remitió al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras el borrador del convenio sobre la subvención, que ascendía a unos 860.000 euros, y al día siguiente Sánchez le remitió una solicitud ya modificada, en la que no se incluían los honorarios del arquitecto.

El 13 de julio de 2006, el Pleno municipal aprobó la firma del convenio con la Administración regional para recibir esa subvención.

Lo que habría hecho Sánchez, con el fin de abonar los trabajos de Lejarraga, sería «afirmar falsariamente que el Ayuntamiento pensaba acometer un proyecto de acondicionamiento (de la rambla de Nogalte) y que para ello se precisaba encargar la redacción de unos estudios previos al proyecto, y que el arquitecto había hecho una oferta al Consistorio para encargarse de esos trabajos».

Según la acusación particular, ni era cierto lo de los estudios previos, ya que la mayor parte del trabajo técnico estaba realizado con antelación, ni existía oferta de Lejarraga al Ayuntamiento para presentarle sus ideas.

A partir de ahí, Sánchez habría acordado con Lejarraga que este presentara varias facturas, todas ellas por menos de 12.020 euros para evitar sacar el contrato a concurso, hasta completar los honorarios de cerca de 50.000 euros por los trabajos ya realizados en fecha anterior.

Así, el arquitecto habría presentado una factura por 'Estudios previos', por 9.200 euros; otra de 'Anteproyecto (9.200 euros); y otras tres por 'Proyecto Básico', 'Proyecto de Ejecución' y 'Dirección de Obras', cada una de ellas por 12.000 euros. La suma ascendió a 54.400 euros.

El letrado de Podemos califica los hechos de prevaricación continuada y falsedad y, además de las penas ya reseñadas para Sánchez, pide 9 años de inhabilitación para Lejarraga.