El fiscal pide tres años y seis meses al exalcalde de Cieza por corrupción urbanística

El exalcalde Tamayo, en 2007, en el juzgado. /Javier Carrión / AGM
El exalcalde Tamayo, en 2007, en el juzgado. / Javier Carrión / AGM

Antonio Tamayo está acusado de falsificar un plano de un expediente para ocultar que los terrenos de una hermana de la edil de Urbanismo se incluyeron en un resort

RICARDO FERNÁNDEZ y ALICIA NEGREMurcia

Tres años y medio de prisión, una multa de 11.250 euros e inhabilitación de cinco años para desempeñar un cargo o empleo público es la pena que el fiscal ha solicitado para un exalcalde del PP en Cieza, Antonio Tamayo, quien este viernes deberá comparecer ante la Audiencia Provincial de Murcia para conocer si es posible alcanzar un acuerdo entre su defensa y el Ministerio Público. Las opciones de que se llegue a una sentencia de conformidad parecen elevadas, toda vez que las diligencias judiciales se abrieron hace más de diez años, en 2007, y los importantes retrasos que se han registrado en su tramitación apuntan a que el ex primer edil podría verse favorecido por una rebaja sustancial de la pena, según fuentes jurídicas. No obstante, Tamayo negó ayer tener intención de llegar a un acuerdo con la Fiscalía

El denominado 'caso Benís' de presunta corrupción urbanística sentará en el banquillo, junto al antiguo regidor popular, al secretario municipal, Bartolomé Buendía; al arquitecto municipal, Juan Buitrago, y al promotor Renán Teresa. Todos ellos están acusados de falsificar los planos de un expediente urbanístico, con el aparente fin de ocultar que unos terrenos pertenecientes a una hermana de la entonces edil de Urbanismo, Concepción Marín, habían sido incluidos en 2004 en una recalificación para construir un resort de 5.287 viviendas, campo de golf de 18 hoyos y un hotel de 340 habitaciones.

Los hechos comenzaron a descubrirse a principios de 2005, cuando los concejales de la oposición comenzaron a escuchar rumores de que unas «lengüetas» de tierra pertenecientes a la hermana de la concejal de Urbanismo habían sido incluidas en el plan parcial Golf Benís, por lo que comenzaron a solicitar formalmente al Ayuntamiento diversa información.

Lejos de actuar con la obligada transparencia, «y con el fin de evitar el escándalo mediático del 'Convenio Benís' y para tratar de desmentir a la oposición», según relata el fiscal en su escrito de calificación, los acusados habrían procedido «a extraer del expediente urbanístico el plano llamado de Situación y Emplazamiento de Golf Benís».

Seguidamente, «los acusados Antonio Tamayo (alcalde), y Bartolomé Buendía (secretario municipal) y el promotor Renán Teresa se concertaron ilícitamente para firmar un plano mendaz, en el que desaparecían intencionadamente las 'lengüetas', primero aparentemente solo con dos firmas ilegibles y luego ya con las firmas reconocibles de los tres acusados». En esta presunta falsificación habría colaborado el arquitecto municipal, Juan Buitrago, «mediante la impresión del citado plano, pese a ser conocedor de su falta de correspondencia alguna con el plano del que él informó en el 'Convenio Benís', y su falta de inadecuación técnica al carecer de autor y de escala».

Mientras estaba de baja

Para más inri, siempre según el representante del Ministerio Público, «la firma del plano fue anómala, dado que no se hizo en unidad de acto, sino que se suscribió por el alcalde en su domicilio, pese a estar supuestamente de baja no acreditada, después por el secretario municipal y finalmente por el promotor».

El acusador público reclama una condena de tres años y seis meses de prisión para el antiguo primer edil de Cieza, Antonio Tamayo, mientras que para el secretario municipal Bartolomé Buendía pide cinco años de prisión, seis años de inhabilitación y multa de 13.500 euros; para el promotor Renán Teresa se solicitan dos años de prisión, un año de inhabilitación y 45.000 euros de multa, y por último, al arquitecto municipal Juan Buitrago, a quien acusa de cooperación necesaria, le reclama tres años y tres meses de cárcel, cuatro años de inhabilitación y una multa de 9.000 euros.

Este viernes deberán comparecer ante el tribunal para determinar si llegan a un acuerdo con la Fiscalía para firmar una sentencia de conformidad o, al contrario, se ven abocados a un juicio.

Tamayo aseguró ayer a 'La Verdad' que no aceptará las peticiones de pena de prisión y multa de la Fiscalía, por lo que acabará celebrándose juicio, informa Antonio Gómez. Además, expresa su temor a que pasen otros tantos años antes de que tenga lugar la vista. «No puede aplicarse el nombre de 'justicia' a un procedimiento que ya dura 11 años, periodo en el que me veo, junto a mi familia, inapelablemente sometido al juicio paralelo sin que mi honor pueda quedar exonerado de la carga».

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