Los juicios por las hipotecas costarían a cada vecino cien euros solo en viajes a Murcia

Abogados y procuradores temen que la apertura de un juzgado único en la capital lleve al 30% de los posibles afectados a no demandar a los bancos

José Alberto González Cartagena 12 May 2017

Será otro castigo para los ciudadanos que presuntamente han sido víctimas de abusos por parte de bancos y de cajas de ahorros, porque tendrán que gastar más dinero en desplazamientos hasta los juzgados. Y se generará un perjuicio en forma de retrasos a estas personas y a todas aquellas que tienen ya, o que tendrán en los próximo años, todo tipo de pleitos en la ya de por sí saturada jurisdicción civil.

Así puede resumirse la denuncia que realizaron ayer los colegios de abogados y procuradores de Cartagena y de Lorca, que han iniciado una campaña de presión institucional y mediática contra la puesta en marcha en la Región de un juzgado único provincial para asuntos hipotecarios que estaría ubicado en la ciudad de Murcia.

En una rueda de prensa celebrada en la sede del colegio de Cartagena, los decanos de los letrados de este partido judicial y de la zona de Lorca, José Muelas y Ángel García, respectivamente, exigieron que el Ministerio de Justicia deje sin efecto la creación de ese nuevo órgano especializado y opte por reforzar los 54 juzgados de Primera Instancia repartidos por toda la Región. Los letrados tienen el respaldo de los procuradores, que estuvieron representados en el acto por la decana de la ciudad portuaria, Milagrosa González, y la del área lorquina, María Nieves Cuartero.

Piden que el Ministerio refuerce los 54 juzgados de toda la Región, y evitar así un colapso de años

Según los cálculos de estos operadores judiciales, el coste global en viajes en coche que tendrán que asumir todos los demandantes que residen fuera del municipio de Murcia se sitúa entre 1,3 y 6,5 millones de euros. José Muelas indicó que, a efectos orientativos, para llegar a la cifra más conservadora han partido de que hay un potencial de 45.000 personas que podrían llevar sus casos al juzgado, han restado el número de demandantes que residen en la capital (aunque algunas pedanías están bastante alejadas de la ciudad) y han multiplicado el dato por el coste de un viaje de ida y vuelta.

Este último, comentó Muelas, es de 21,30 euros, según la web de la guía Michelin del año 2012. Y añadió que lo normal es que, de cara a los trámites de un juicio, haya que hacer hasta cinco viajes [aunque los desplazamientos previos al juicio oral los asuma cada letrado]. Eso eleva hasta una media de cien euros el coste forzoso en viajes para cada habitante de Cartagena, cuyo partido judicial incluye también a los municipios de Fuente Álamo, Torre Pacheco y La Unión.

Pérdidas para las empresas

A estos gastos habría que añadir las horas de trabajo perdidas y su reflejo en el salario de cada empleado, lo que eleva el coste a 27,5 euros por persona y desplazamiento. Todo ello podría llevar a que el 30% de los demandantes se diera por vencido y optara por no batallar en los tribunales contra las entidades financieras.

Junto a otros factores negativos, como el coste ambiental en términos de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y el riesgo de accidentes, está el riesgo de saturación del nuevo órgano judicial. Abogados y procuradores advirtieron de que si aquél tiene que asumir todas las posibles demandas por aplicación de las sentencias judiciales europeas y del Tribunal Supremo contra las cláusulas suelo y los gastos de constitución de los préstamos por cuenta del cliente, se generaría tal colapso que la resolución de los pleitos duraría años. Incluso hablaron de décadas.

Lo hicieron con el argumento de que el ritmo actual de sentencias en los juzgados de Primera Instancia de Cartagena es de mil al año, y que si entran 45.000 pleitos en un único órgano, éste tardaría en darle salida a todo 45 años. Frente a este horizonte, los colectivos contrarios al rumbo tomado por el Gobierno central -que tiene el apoyo del Consejo General del Poder Judicial- reclaman un refuerzo de jueces y funcionarios en los 54 juzgados del ámbito civil que ya hay en la Región. La entrada de una media de 800 asuntos hipotecarios por órgano supondría retrasos de ocho meses respecto al ritmo de resolución actual, una cifra muy alejada de los 45 años antes citados.

En el caso de Cartagena, hay seis juzgados de primera instancia y el Gobierno tiene previsto abrir el séptimo a lo largo de este año. En Lorca hay siete, pero son órganos mixtos, pues asumen también funciones penales de instrucción. E igual situación hay en San Javier.

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