Galea tendrá que seguir oyendo hablar de reuniones en yates

Rafael Galea tendrá que seguir aguantando en los próximos meses las conversaciones sobre las presuntas reuniones en yates y hoteles que podrían haberse producido en el marco del 'caso Novo Carthago'. El presidente de Hansa Urbana, empresa que proyectaba el macrocomplejo Novo Carthago en terrenos parcialmente protegidos junto al Mar Menor, reclamó que se eliminasen las referencias que el instructor, Manuel Abadía, hace sobre reuniones con políticos de primer nivel en yates y centros oficiales. Una petición a la que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no accede.

«No resulta extravagante ni desproporcionado investigar si ha habido reuniones coetáneas al procedimiento de reclasificación en escenarios de ámbito privado (como sin duda pueden ser las reuniones que pudieran llevarse a cabo en un yate propiedad de un promotor directamente implicado en una reclasificación), lo que no deja de ser un mero indicio o elemento circunstancial, pero que puede resultar acorde y proporcionada su investigación en orden a contribuir al esclarecimiento de los hechos», recalca la Sala en su auto.

El tribunal remarca, además, que «el interés del Estado y de la sociedad en la persecución y descubrimiento de los hechos delictivos es directamente proporcional a la gravedad de éstos, por ello, solo en relación a la investigación de delitos graves (...) será adecuado el sacrificio de la vulneración de determinados derechos fundamentales para facilitar su descubrimiento». La Sala recuerda, asimismo, que la proyección de estas investigaciones en los medios de comunicación es una cuestión ajena al proceso y que éste permanece ajeno a la supuesta violación de un secreto de las actuaciones que, recuerda, en este caso ni siquiera consta que esté acordado.

En sus recursos, Galea acusaba al instructor del 'caso Novo Carthago' de subjetividad tildando sus decisiones de «arbitrarias, inmotivadas y carentes de rigor jurídico». El TSJ, sin embargo, recuerda, que mantiene la imputación del presidente de Hansa Urbana, que estos argumentos ya fueron expuestos en recursos anteriores y ya fueron rechazados.

En esta resolución, el tribunal también rechaza los recursos contra la imputación de Manuel Alfonso Guerrero, ex director general de Vivienda, y José María Bernabé, ex secretario general de la Consejería de Obras Públicas. En el caso de Guerrero, la Sala recuerda que ocupaba el cargo de director general de Vivienda en julio de 2004, cuando firmó un informe que permitió la modificación del PGOU de Cartagena. Bernabé también participó en ese procedimiento.