Cerrar un capítulo negro de la vida del Real Murcia o volver al pasado

Fue en 2018 y el Real Murcia, ahogado, tenía más de 45 millones de deuda. Y aunque técnicamente el máximo accionista podía ser De la Vega, en las arcas granas no había ni un euro y sí muchas facturas atrasadas, un concurso de acreedores incumplido y decenas de futbolistas, técnicos y trabajadores que acumulaban meses sin cobrar.

Se trata de un culebrón que ya cumple siete años y que está cerca de llegar a su final, aunque la redacciónde la sentencia definitiva todavía puede tardar algunos días o meses y no sería inmediata, aunque la decisión se tome este miércoles. En juego está saber si todo lo sucedido desde 2018 hasta ahora, un movimiento de salvación que elevó el capital social de 178.000 euros a los 11,3 existentes en 2024, es válido o simplemente ha sido un sueño. O lo que es lo mismo, si el Supremo tumba el recurso del Real Murcia y otorga la razón a De la Vega, quedará anulada la ampliación de 2018, la de Tornel que reunió 1,3 millones, y posteriormente la sucedida en 2020 que recaudó otros 1,6 millones y cuya viabilidad o no el Mercantil 2 de Murcia condicionó a lo que suceda este miércoles en el Supremo.

La anulación de todo lo sucedido desde 2018 en adelante será un proceso lento que requerirá la participación de varias dependiencias judiciales, pero al final todos los que pusiseron dinero desde entonces para salvar a la entidad centenaria pasarán a ser acreedores del Real Murcia, incluido el propio Felipe Moreno, aunque pusieran su dinero para salvarlo.

No obstante, pase lo que pase en el Supremo, Felipe Moreno seguirá siendo máximo accionista de la entidad centenaria a pesar de que aterrizó en Murcia en 2023. El motivo: los 2.050.000 euros pagados por el cordobés a De la Vega desde marzo de 2023 hasta ahora como parte de un acuerdo que le ha permitido adquirir al actual presidente grana una parte de Iconos Nacionales, la empresa que se quedaría con el paquete mayoritario de acciones del Real Murcia en caso de que el Supremo le dé la razón al mexicano. Las consecuencias: si el Supremo da la razón al de Guadalajara, la entidad centenaria volverá a tener un capital social de 178.000 euros, de los que 150.000 pertenecerán a Iconos, empresa que en un 60% es propiedad de Felipe Moreno y el resto de De la Vega. En cuanto al club, el empresario cordobés mantendría un 56% de las acciones totales del Real Murcia y podría ejecutar un as que tiene en la manga: la posibilidad de comprar al mexicano el resto de Iconos Nacionales desembolsando otros dos millones, lo que le acercaría al 84% de la propiedad del nuevo Real Murcia, siempre y cuando el Supremo desestime el recurso grana.

Si lo estiara y el Supremo entiende que la realidad económica del Real Murcia entonces, con más de 45 millones de deuda, demandaba aquella ampliación que fue clave para salvar al club de una desaparición inminente, García de la Vega desaparecería de la vida del Real Murcia después de haber cobrado algo más de dos millones de Moreno, mientras que el capital social seguiría siendo 11,3 millones, de los que 7,1 están desembolsados por el propio empresario cordobés, lo que le mantendría en el poder con un paquete accionarial del 63% a falta de saber qué pasa con el nuevo Plan de Reestructuración en el que trabajan los asesores legales de la entidad.

Fue en diciembre de 2017 cuando comenzó la guerra por el Real Murcia. Corporación Augusta, propiedad de Raúl Moro (firma que se hizo con el paquete mayoritario del club grana tras la muerte de Samper) era dueña del 84,2% del club y firmó un contrato con De la Vega con opción a compra de la entidad que el mexicano ejecutó el 7 de marzo de 2018. Moro interpretó el contrato de forma distinta, no reconoció la compra y vendió posteriormente el mismo paquete accionarial a la familia Gálvez.

De la Vega acudió al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), que en abril de 2018 sentenció que su compra sí había sido legal y que el Real Murcia era suyo. Pero ni Moro ni Gálvez, ni tampoco los posteriores consejos de administración estimaron inscribir al mexicano como máximo accionista sin que éste ejecutara antes la sentencia del TAS en el TSJ de Andalucía, circunscripción de la empresa de Moro que le había vendido las acciones a Dela Vega.

Por eso el mexicano no pudo asistir como socio a las juntas de accionistas posteriores a su compra, ni tampoco a la del 4 de septiembre, cuando fue aprobada una ampliación de capital con la que, meses después y tras un gran movimiento de salvación, el club grana reunió 1,3 millones, se salvó de una muerte anunciada y coronó a Tornel como máximo accionista.

De la Vega acudió al Mercantil, que en noviembre de 2019 desestimó su petición de tumbar la ampliación de 2018 que había diluído su capital social. Pero el empresario mexicano interpuso en diciembre de 2019 un recurso en la Audiencia Provincial que sí le dio la razón y dictaminó que la ampliación de 2018 fue ilegal y que deja las posteriores en el aire. Ahora es el Supremo el que debe decidir el futuro del club grana.