Biogás y desinformación

La gastronomía y el clima son las principales fortalezas regionales percibidas por los murcianos, aunque a ocho de cada diez les preocupa el incremento extremo de las temperaturas, según la primera gran encuesta sobre calidad de vida y hábitos de los ciudadanos de la Comunidad. Esa inquietud está más que justificada. El acelerado calentamiento global está impactando de forma negativa en los cultivos, los recursos hídricos, los bosques y la propia salud pública de quienes vivimos en el Sureste. Acabamos de cerrar el año hidrológico más seco de los últimos 63 y, como hoy contamos, las precipitaciones han menguado un 17% en este siglo. A lo largo de la historia hemos vivido otras duras sequías, pero es inédita la intensidad de estos periodos secos así como el cambio de tendencia en los patrones pluviométricos: ahora los meses más húmedos en la Región son los de primavera, no los de otoño. La presidenta de la Aemet ya alertó el jueves en Murcia de que los modelos predictivos de su organismo indican que este otoño también será muy seco. Algunos efectos del cambio climático serán irreversibles, incluso aunque se contenga la subida de la temperatura media mundial en un grado y medio. Pero cuanto antes se logren los objetivos de descarbonización, menor será ese riesgo, apuntaron esta semana 30 científicos en un estudio financiado por la UE.

Como el resto de países comunitarios, el Gobierno español tiene una hoja de ruta para cumplir con los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y transformar el modelo energético y productivo del país. Es el Plan Nacional de Energía y Clima (2023-2030), que acaba de ser actualizado, aprobado en Consejo de Ministros y enviado a Bruselas. Los retos para 2030 son ahora más ambiciosos: se quiere reducir ya no el 23% sino el 32% de las emisiones que calientan la atmósfera y elevar la aportación de las renovables. Se quiere duplicar el volumen de la fotovoltaica y del biogás, y triplicar la producción prevista inicialmente con hidrógeno 'verde', de tal forma que el consumo final de energía renovable suba al 48%. Todo este plan conlleva una inversión de 308.000 millones y la creación de unos 500.000 puestos de trabajo hasta 2030.

Sobre el papel todo suena muy bien. Es, en efecto, una oportunidad para modernizar y transformar el modelo productivo, aunque no será fácil conseguir las metas que deja marcadas la ministra Teresa Ribera. Se está viendo en varios puntos de España con la polémica implantación, por trabas administrativas de los ayuntamientos o por rechazo vecinal, de plantas de biogás para producir biometano, un recurso respetuoso con el medio ambiente que sirve para generar electricidad y como combustible de vehículos.

Así ha ocurrido en las últimas semanas en Las Torres de Cotillas, donde hay una masiva oposición vecinal, y en Santomera. Enagás Renovables quiere levantar en ambos municipios plantas de biogás con capacidad para generar 70 GWh. De nada ha servido hasta el momento que esa compañía haya garantizado en Las Torres de Cotillas que los camiones con residuos no atravesarán el núcleo urbano, que la planta estará a cinco kilómetros del centro y que no desprenderá malos olores por su innovadora tecnología y que utilizará en un 90% residuos depositados en un radio de solo diez kilómetros. La empresa atribuye el rechazo a la desinformación, pero lo cierto es que poco hizo en sentido contrario antes de que estallara la polémica en el municipio. Desconozco si en estos dos casos ha existido una intencionada utilización partidista para obtener rédito, politización que sí ha ocurrido en otros lugares de España aprovechando el recelo vecinal a este tipo de nuevas instalaciones. Lo cierto es que la producción de biometano no solo tiene ventajas medioambientales por ser una alternativa a los combustibles fósiles. También porque contribuye a gestionar los residuos ganaderos y agrícolas, que por normativa europea deben ser valorizados en una proporción cada vez más creciente. Por ahora, algunos promotores de estas plantas ofrecen una recogida gratuita de los purines en las granjas porcinas. En caso de que estos residuos comiencen a tener un valor económico relevante, porque puedan comercializarse para convertirlos en biogás, biometano y fertilizantes, es más que probable que desaparezcan los problemas de impermeabilidad detectados en los depósitos más antiguos. La Asociación Española del Gas calcula, en base a los residuos estimados y su distribución territorial, que la Región tendría capacidad para cuarenta plantas de tamaño medio.

El Gobierno regional debería implicarse con una hoja de ruta del biometano. Además de su utilidad contra el cambio climático, propicia una industrialización que a la vez redunda en el sector primario. Se trata de un caso paradigmático de economía circular. Me consta que hay disposición, pero no parece haber actuaciones de la administración regional para mejorar la información de la población. Y estos proyectos no pueden ni deben prosperar por imposición con el rechazo ciudadano. Ni en Las Torres, ni en Santomera y ni en cualquier otro municipio. La competencia para dar licencias de funcionamiento a las plantas es de los ayuntamientos, pero el liderazgo debería ser del Gobierno regional, que no cuenta aún con un plan autonómico estratégico de impulso, como la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña.