El auge de los acuerdos privados para proteger territorios

En la primavera del año pasado, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) firmó la compra por medio millón de euros de una finca de 270 hectáreas en Cabo Cope, un espacio natural en un entorno que durante años ha estado amenazado por la construcción de un macroproyecto turístico residencial. Este quizá sea el ejemplo límite de actuación privada para asegurar la conservación de un bien natural. Sin tener que llegar a ese extremo, existe un mecanismo, cada día más usado, para comprometer a los propietarios y usuarios de determinados territorios, incluidos agricultores y cazadores, en la conservación de sus recursos y valores naturales, culturales y paisajísticos con el concurso de una entidad capaz de asegurar que la iniciativa llegue a buen puerto. Es la llamada custodia del territorio.

En palabras del presidente del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT), Óscar Rivas, se trata de una herramienta por la que propietarios y usuarios de tierras se implican, voluntariamente, «en la conservación de la naturaleza y el paisaje, con el apoyo de una gran diversidad de agentes de la sociedad civil». Esos agentes están «agrupados en las llamadas entidades de custodia», que son organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, como asociaciones de vecinos, organizaciones conservacionistas, fundaciones, consorcios y ayuntamientos, por ejemplo. Francisco Almansa, presidente de la asociación conservacionista Meles, una de las diez entidades con acuerdos de custodia de la Región, destaca que gracias a la solución de la custodia del territorio, estas entidades pueden «actuar en zonas que de otra manera no sería imposible». Y lo hacen «siempre de la mano del propietario, al que se le da la oportunidad de mejorar su finca», lo que, en el caso de que la dedique a algún tipo de producción, «en el mercado se ve positivo, y más ahora que se busca la sostenibilidad, la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente».

La fórmula de la custodia de territorio «es un complemento a la acción de la Administración en el objetivo de conservar la biodiversidad en la naturaleza, el paisaje y los recursos naturales», define más técnicamente el abogado Carlos Javier Durá Alemañ, investigador del Centro Internacional de Estudios en Derecho Ambiental.

El presidente del FRECT, bajo cuyo paraguas se reúne la mayor actividad de conservación de la naturaleza en España en el ámbito privado/social, afirma que «en países como el nuestro una gran parte de los terrenos que hay que conservar se encuentran en fincas de propiedad privada». De ahí que el concepto de custodia del territorio, surgido en Estados Unidos a finales del siglo XIX, «se presenta como una herramienta imprescindible» para España, si bien aún estamos lejos del alto grado de desarrollo que ha alcanzado en otros países, anglosajones y europeos, por ejemplo, señala Jorge Sánchez, biólogo de ANSE.

Juan Luis Castanedo, vicepresidente de la Asociación para la Custodia del Territorio y el Desarrollo Sostenible (Acude), donde se agrupa en torno al 80% de la superficie bajo custodia de toda la Región, explica, para justificar la necesidad de esta herramienta, que la protección oficial de espacios naturales «supone la creación de islas» que no siempre resultan suficiente para asegurar la protección de las especies amenazadas, por ejemplo. De ahí que «resulten imprescindibles fórmulas como la custodia del territorio para una conservación más global y efectiva».

Francisco Almansa abunda en la «especial importancia» de este sistema para salvaguardar «zonas fuera de los espacios naturales protegidos», donde también hay una gran biodiversidad que, a menudo, «se olvida que también hay que proteger y conservar, pues son zonas de alimentación de muchas especies, actúan como corredores ecológicos, etc.». Es además, resume, una manera de implicar a «todas las partes en la conservación». Como apunta el director de ANSE, Pedro García, resulta «más sencillo lograr beneficios cuando hay acuerdo y buena voluntad desde el principio», y esta fórmula «parte de una estrategia de ganar para todas las partes (medio ambiente, propietario y entidad de custodia».

Con el objetivo de impulsar la implantación de este sistema, en 2015 arrancó en la Región de Murcia la Red de Custodia del Territorio de la Comunidad, con el apoyo de la Fundación Oxígeno, la Fundacion Biodiversidad (del Ministerio para la Transición Ecológica), la Universidad de Murcia y el Gobierno regional. Sin embargo, «a pesar de su evidente interés, no ha tenido en fechas posteriores la adecuada actividad y desarrollo», según se expone en el cuaderno número 15 del Consejo Económico y Social de la Región (CES), que vio la luz a principios de año bajo el título 'Patrimonio natural y biodiversidad: situación actual y perspectivas'.

¿Por qué no ha terminado de cuajar la iniciativa? En parte quizá se deba «porque se planteó de arriba hacia abajo y no al contrario», apunta Pedro García. «Es posible que algunas entidades lo percibieran como un intento del Gobierno Regional de fiscalizar la custodia del territorio que, por definición, es una herramienta voluntaria y flexible donde lo importante es el acuerdo entre el propietario y la entidad de custodia», concreta.

Almansa, de Meles, abunda en que, «por mucho que la Administración pueda o quiera impulsar la red, si la red no se crea desde abajo no tendrá mucho futuro». Y eso a pesar de que, admite, «una red de custodia del territorio nos beneficiaría a todos».

Desde la Administración regional, el director general de Medio Natural, Fulgencio Perona, afirma que continuarán apoyando tanto las iniciativas de esta red como las que tomen por sí mismas las distintas entidades privadas de custodia. Y apostilla: «Hay que tener en cuenta que Acude no está integrada dentro de la Red y es quien más número de acuerdos tiene declarados».

Por su parte, Castanedo, de Acude, denuncia que la Comunidad Autónoma «no tiene esta fórmula como instrumento para la conservación». Y afirma que «la presunta Red de Custodia del Territorio que la Comunidad intentó crear en 2015 es uno de tantos proyectos 'fantasma' que pudieron suponer la inversión de dinero público para algo que no llegó a ver la luz en ningún momento».

Frente a las voces que acusan a la Administración regional de desinterés, el director general de Medio Natural, Fulgencio Perona, explica que la Comunidad Autónoma impulsa la figura de la custodia del territorio «desde hace más de 15 años, al entender que es un sistema positivo para la «conservación del patrimonio natural y la biodiversidad».

Perona destaca que la Región de Murcia ocupa la primera posición en densidad de acuerdos de custodia del territorio: «40,4 acuerdos por cada 1.000 kilómetros cuadrados», mientras que el País Vasco, en el segundo puesto, se queda en 27,4. La Comunidad, continúa, «ha impulsado la técnica de custodia como herramienta de gestión participativa del territorio, de manera particular», en varias decenas de convenios que afectan a más de un millar de hectáreas, todos relacionados con los proyectos de protección Life, cofinanciados por Europa, Riverlink, Ripisilanatura y Tetraclinis.

En superficie total, que es un dato más objetivo para ver la situación de la Región, tenemos una suma de 9.760 hectáreas bajo custodia, lo que equivale a algo menos del 1,7% de las existentes en toda España. La comunidad representa algo más del 2,2% de la superficie del país, por lo que, pese al notable crecimiento (un 9% desde 2017 y un 29% desde 2013) aún estamos por debajo de lo que nos correspondería. Y lo estamos mucho más de lo que muestran estos número si se tiene en cuenta, como apunta el abogado Durá Alemañ, «el potencial tan grande que existe de implantación de custodia del territorio en la Región de Murcia, que es uno de los lugares con mayor biodiversidad de toda la Unión Europea».

A nivel nacional, Rivas aclara que, si bien tenemos ejemplos desde la década de los 60, como Doñana, las iniciativas de custodia del territorio «se han ido extendiendo especialmente a comienzos del siglo XXI». En la actualidad hay en España cerca de 580.000 hectáreas en custodia, según el último de los inventarios (2019) que en torno a cada dos años realiza la Fundación Biodiversidad. Rivas destaca «que supone un aumento del 56%».

En total, en 2019 ya se alcanzó el número de 218 entidades con acuerdos de custodia (diez de ellos en la Región), frente a los 148 del inventario de 2017, lo que da idea del importante crecimiento de esta herramienta de conservación. También se incrementa el número de acuerdos: un 29% en dos años. Sobre todo han aumentado los registrados en Aragón, Galicia y la Región, con 147, 135 y 121 más, respectivamente, entre 2017 y 2019. Ahora, nuestra comunidad es la segunda en número de acuerdos totales, con 457, solo superada por Cataluña (710), y seguida a mucha distancia por la Comunidad Valenciana (290).

Pero los expertos apuntan a la necesidad de seguir incrementando estos números. El abogado especializado en medio ambiente Carlos Javier Durá incide en la conveniencia de que la Administración regional promueva mucho más la custodia del territorio. «No solo no la impulsa, sino que algunas iniciativas, como la de ANSE en Cabo Cope, la boicotea», acusa. «¿Qué sentido tiene que la Administración se plantee una batalla para adueñarse de un espacio protegido en manos de una Fundación que iba a garantizar su conservación?», se pregunta el director de la Asociación de Naturalistas del Sureste.

«Por el contrario, la sociedad civil o los sectores económicos tienen muy claro el apoyo a este tipo de iniciativas, como lo demuestra la alta participación de la ciudadanía en las campañas de mecenazgo o el cada vez más habitual apoyo de empresas a proyectos de conservación de la naturaleza a través de la responsabilidad social corporativa», concluye.

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