El TSJ tumba la retirada de la concesión de aguas al pozo del Talayón

En una sentencia reciente, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, la sala de lo Contencioso Administrativo considera, a la hora de tumbar esa retirada de la concesión, que el organismo de cuenca no cumplió con los trámites necesarios. Concretamente, según explica la resolución, esa anulación exigía la realización de actuaciones de comprobación por parte de la Administración, además de un trámite de audiencia pública, un informe de la Comunidad y del Estado antes de dar audiencia al afectado para comunicarle la decisión. Algunos de esos pasos –concretamente el de la audiencia pública y la elaboración del informe de la Comunidad–, remarca el TSJ, se omitieron en este caso. Los magistrados hacen hincapié en que «no constituyen meros defectos formales». El tribunal entiende que la ausencia de esos pasos «privan de la posibilidad de intervenir a terceros que podrían haber estado legitimados para la defensa de sus intereses».

El mismo pozo que fue precintado en 2021 en una operación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), denominada 'Aquifer', que acabó con tres empresarios agrícolas detenidos, diecisiete investigados y cinco sociedades vinculadas. Un «grupo delictivo desarticulado», informó entonces la Benemérita, acusado de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, defraudación, usurpación y receptación de aguas subterráneas.

La Fiscalía entiende que esta decisión en la jurisdicción Contencioso-Administrativa no afecta en absoluto al procedimiento penal, que se centra en el presunto consumo excesivo de agua que hace el propietario de este pozo y que sigue su curso.

El letrado Francisco Valdés-Albistur Hellín, que representa al dueño del sondeo, incide, no obstante, en que, a su entender, esta decisión del TSJ sí afectará en mucho a la causa penal que se sigue en un juzgado de Lorca porque «esa actuación del Seprona y la CHS surge en el marco de unas irregulares diligencias complementarias de las que hemos solicitado su nulidad».

Esta parte también tratará de tumbar el acta de inspección que la Guardia Civil emitió sobre este pozo y que concluyó que estaba en funcionamiento las 24 horas del día extrayendo un volumen de agua mucho mayor del permitido. «La propia acta concluye que no funcionaba 24 horas al día como dicen», explica el letrado, «pues fueron los propios agentes de la Guardia Civil los que procedieron a la puesta en funcionamiento del generador».