Los sindicatos del Puerto de Cartagena pagan la fianza y vuelven como acusación

La causa judicial que investiga la posible corrupción en la adjudicación de contratos y en la incorporación de personal a la Autoridad Portuaria de Cartagena vuelve a contar como acusación popular con los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO) y Unión General de Trabajadores (UGT). Su regreso al proceso penal se ha producido después de haber hecho frente finalmente, cada uno, a los 15.000 euros de fianza que se le exigió la magistrada del Juzgado de Instrucción 1 de la ciudad, Virginia Urrea. A pesar de haber abonado el dinero, los sindicatos han recurrido la cuantía, para que se reduzca.

Ayer miércoles estaba previsto que la jueza tomase declaración a dos nuevos testigos: un representante de una empresa tecnológica y la jefa de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Autoridad Portuaria de Cartagena, exasesora de la investigada expresidenta Yolanda Muñoz. Al final, la toma de declaración fue suspendida, debido a la huelga indefinida que mantienen los funcionarios de Justicia.

Sí declaró el lunes el ex director general del Puerto, Fermín Rol, quien al inicio del proceso fue citado como testigo. La jueza le preguntó sobre las posibles irregularidades en la adjudicación de contratos, así como en la decisión de Muñoz de suspender la contratación como agente de la Policía Portuaria de la hija de un representante sindical de esta institución pública. Muñoz lo justificó por dudas legales. Y Rol declaró que él no contrataba a personal y que desconocía el asunto. Muñoz, sin embargo, aseguró que fue Rol quien le informó de la existencia de «errores» en la lista de admitidos en la bolsa de trabajo y que, por ello, suspendió de forma temporal la rúbrica del contrato.

Rol tuvo que responder también por un contrato de 30.000 euros a una agencia de comunicación, adjudicado por la Mesa de Contratación, que él presidía. El fiscal, Juan Pablo Lozano, y la magistrada se interesaron por el encargo de servicios para la semana cultural 'Vive tu puerto' se adjudicó después de la celebración del evento. Rol afirmó que, en aquel momento, desconocía tal circunstancia y que, «de haberlo sabido, no se hubiera hecho» la adjudicación.

El abogado de Rol, Pablo Martínez, manifestó públicamente que, con la decisión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de apartarle, «no se ha respetado su derecho a la presunción de inocencia». «Se le ha cesado como director general del Puerto sin esperar ni tan siquiera a agotar la fase de instrucción, ni darle la oportunidad de expresarse, y que se pudiera dictar un auto motivado o un sobreseimiento», dijo.

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