El sector agrario regional recupera pulso económico pero no logra superar la crisis del 2022

La percepción de los ciudadanos no va en paralelo a los buenos datos de la macroeconomía regional, ya que los altos precios en bienes esenciales para las rentas medias y bajas como los alimentos o la vivienda rompen con ese optimismo. El análisis del órgano consultivo del Gobierno regional comienza remarcando la recuperación económica del sector primario, «si bien los logros del último bienio no compensan la regresión que se produjo en 2022». La producción final agraria alcanzó en 2024 un valor de 3.545 millones de euros, cuatro puntos menos que el año anterior por la caída de los costes de producción, pero con un aumento de la renta de los agricultores y ganaderos de un 3% de media, que también han tenido que hacer frente a una caída de los precios en origen.

Sin embargo, el CES percibe debilitamiento de la economía asociada a la agricultura, pero sobre todo de su competitividad a nivel nacional. El sector afronta retos como el envejecimiento de los agricultores, la falta de relevo generacional, la competencia desleal de países no comunitarios, una excesiva y burocratizada reglamentación, la baja rentabilidad del secano y los efectos del cambio climático. A esto se suma el recorte al Trasvase Tajo-Segura y las menores extracciones de aguas subterráneas para 2027. El CES llega a apuntar que «existen suficientes dudas técnicas» sobre los caudales ecológicos establecidos en el Tajo y pide que la disminución de las aportaciones de agua para regadío derivadas de las nuevas reglas de explotación del acueducto no debiera ser efectiva en tanto no se dispongan de caudales equivalentes provenientes de la desalación a precios asumibles«.

En el plano industrial, el CES observa una recuperación respecto a 2023 marcada por el abaratamiento de los costes energéticos y tipos de interés a la baja, factores acompañados por unos menores precios y una mayor demanda. La institución que preside José Antonio Cobacho reclama, en esta línea, acelerar los trabajos del nuevo Plan Industrial que prepara la Comunidad para lograr una internacionalización de empresa murciana, mayor apoyo a las pymes y exigir una modernización de la red eléctrica. Durante la presentación del informe, Ramón Avilés, secretario general de Croem, volvió a demandar, como hizo el CES el pasado año, un plan regional de infraestructuras de transporte, culminar la circunvalación de Murcia y mejorar las frecuencias de la alta velocidad que, sumado a la falta de conexiones ferroviarias con Castilla-La Mancha por el interior y con Andalucía, provocan «un lastre en la movilidad» de vecinos y visitantes.

El órgano consultivo alerta de una ralentización del sector de la construcción. La licitación pública «se desploma» de un año a otro «y la edificación de viviendas no llega a la pujanza mostrada en 2023». La estadística de viviendas iniciadas anuncia 3.188 en 2025, un 16,1% por debajo respecto al año anterior, lo que «denota una profunda involución». El CES volvió a poner de relieve que durante 2023 y 2024 no se construyó vivienda protegida en la Región pese a la reforma del Gobierno murciano del precio del suelo para las VPO. «. El desarrollo de medidas necesarias como el control en los pisos turísticos, tanto por lo que restringen la oferta como por su efecto en la convivencia con los vecinos, no debe ocultar que el parque de viviendas se manifiesta insuficiente y que debe promoverse más obra, puesto que sólo un crecimiento de la oferta notable y sostenido en el tiempo permitirá la contención de la subida de los precios», afirma la institución en su informe.

El CES reclama más acuerdos y menos enfrentamientos a los partidos políticos, y critica que los «intereses partidistas y de estrategia electoral se antepongan al bienestar ciudadano y España esté ya en su segundo año con los presupuestos generales prorrogados». La institución celebra el acuerdo alcanzado por PP y Vox para aprobar los presupuestos regionales de este año, pero deja un recado al presidente López Miras y al líder provincial de Vox, José Ángel Antelo, a cuenta de las subvenciones a patronales y sindicatos. Lamenta el CES que algunas de las bases del acuerdo puedan suponer el «debilitamiento de políticas básicas para la cohesión social y menoscaben el diálogo social». Esto se debe a la reforma de la Ley de Participación Institucional que, a juicio del Consejo, se siguió por parte de los dos partidos un procedimiento que «resquebraja la solidez democrática».

El CES incide en que la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno central «sería beneficioso para la Región (3.300 millones de recorte para una deuda pública que alcanza los 13.500 millones de euros), porque conllevaría la disminución anual del gasto en intereses», pero no resuelve el problema «esencial» de la infrafinanciación estatal que padece la Comunidad Autónoma.

Uno de los aspectos más preocupantes que recoge el informe es la persistencia de la pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia. A pesar de la recuperación económica, las tasas de pobreza monetaria y carencia material severa siguen siendo elevadas. El CES identifica factores estructurales como la baja intensidad laboral de los hogares y la insuficiencia de la cobertura social como principales obstáculos para la reducción de la desigualdad. El informe insiste en la necesidad de fortalecer las políticas sociales y los sistemas de protección, así como de promover la inclusión activa de los colectivos más vulnerables.

En materia de empleo, 2024 fue otro año de crecimiento en la ocupación de puestos de trabajo, con 680.000 personas empleadas. La reforma laboral, algo que destacó Paqui Sánchez, secretaria general de UGT, logró en 2022 y 2023 reducir «fuertemente» a la baja la tasa de temporalidad, pero el pasado ejercicio volvió a sufrir un repunte del 2,8%, «aunque es encomiable que el fijo lo haga dos puntos más». La tasa de temporalidad se retrae sólo tres décimas, hasta el 18,6%, cuando en España está en el 15,9%.

«No es tan favorable, en cambio, la magnitud con que se eleva el empleo de inferior cualificación, el que no supera la titulación primaria que disminuye en España. Enlaza con nuestra estructura ocupacional que tiende a emplear en este tipo de actividades elementales como mínimo a una de cada cinco personas con trabajo», remarcó Sánchez. El empleo autónomo se retrocedió al 12,6%, siendo una de las notas adversas del pasado año.

El Consejo insta, al hilo de estos datos, a acelerar los trabajos para aprobar el plan estratégico contra la economía sumergida, impulsar los procesos para la estabilización del empleo en el sector público regional, una nueva estrategia de reactivación para el empleo de calidad, un plan de formación profesional, acrecentar los recursos de la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral y más medios para reforzar las actuaciones contra la accidentabilidad laboral.