Primera acusación de maltrato animal por electrocución de aves protegidas

Tras esa instrucción, el fiscal coordinador de Medio Ambiente en la Región de Murcia, Miguel de Mata, formuló recientemente el primer escrito de acusación por electrocución de aves que incluye el delito de maltrato animal por hechos posteriores al 18 de abril de 2023, cuando entró en vigor la reforma penal.

Atribuye un presunto delito continuado de maltrato animal al presidente de la Sociedad Civil Virgen del Rosario, de Mula, por la muerte de dos ejemplares de chova piquirroja ('Pyrrhocorax pyrrhocorax') y de un busardo ratonero ('Buteo buteo') en distintas áreas, una de ellas la Zona de Especial Protección de Aves (Zepa) Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán.

A preguntas de LA VERDAD, De Mata explicó que son animales del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, dentro de un real decreto de 2011; que los cadáveres fueron encontrados por agentes medioambientales de la Comunidad el 14 de junio de 2023; y que, en octubre de ese año, el apoyo, donde ya se detectó en 2022 un búho real electrocutado, no había sido adaptado aún al real decreto de medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, de 2008.

El fiscal pide al juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Mula la pena de 15 meses de prisión e inhabilitación especial para profesión, oficio o comercio relacionado con animales y para su tenencia durante cuatro años. No obstante, De Mata plantea esos cargos «alternativamente» a los de un delito continuado contra la fauna por omisión, en concurso con otro contra los recursos naturales y el medio ambiente por actividades peligrosas.

Por estos delitos, el fiscal solicita que un juzgado de Lo Penal establezca una condena de un año y nueve meses de prisión, una multa de unos 800 euros y 18 meses de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión que implique cargo directivo en empresas de actividades peligrosas. Asimismo, reclama que el acusado indemnice a la Dirección General de Patrimonio Natural en la cantidad que se determine pericialmente por la pérdida de los animales. Eso engloba también un azor común, encontrado en agosto de 2018 en el paraje de El Ardal; una aguililla calzada, en Lomo Herrero, en esa fecha; un águila real, en Caputa, en enero de 2021; y un búho real, en Herrero, en mayo de 2022. Todos los restos fueron recogidos por los agentes y llevados al Servicio Veterinario del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle, que certificó la electrocución como causa del fallecimiento.

Los agentes revisaron la línea eléctrica aérea El Pantano, propiedad de los regantes y asociada a una bomba para extraer agua de pozo. De los 87 puntos inspeccionados, 33 apoyos de madera estaban mal conservados, lo que incumplía la normativa estatal.

Asimismo, por hechos previos a la reforma penal, la Fiscalía ha reclamado al juzgado Primera Instancia e Instrucción 2 de Jumilla condenar al presidente de la Comunidad de Regantes Cañada del Judío a un año y nueve meses de prisión, una multa cercana a los 800 euros y una indemnización a la Comunidad de 8.179,2 euros por la muerte de un búho real y de un busardo ratonero en 2020 y la reparación que se fije por tres búhos reales, dos cernícalos comunes, un águila culebrera y un águila calzada fallecidos en 2021. La Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) ejerce la acusación popular.

Todos los cuerpos fueron encontrados por los agentes medioambientales en la línea eléctrica de alta tensión 'Matamoros' o 'Neasa-El Carche', ubicada en Jumilla y que abastece a seis pozos de extracción de aguas subterráneas. En el entorno de esta infraestructura, indica el fiscal, están el lugar de importancia comunitaria y Zona de Especial conservación Sierra del Buey (ZEC); el Espacio Natural protegido Parque Regional y el LIC-ZEC Sierra de El Carche; y el Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Águila Perdicera en la Región.

La muerte de aves por electrocución moviliza a organizaciones ciudadanas y ecologistas, como la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), Naturactúa y Ulula, agrupadas en la iniciativa #MirandoAlTendido. Estas entidades denunciaron en 2023 el fallecimiento de trece ejemplares de buitre leonado ('Gyps fulvus') y de un cernícalo vulgar ('Falco tinnunculus') en las tierras altas de Lorca y pidieron la intervención de la Fiscalía «para resolver esta lacra». Recientemente, la Consejería de Medio Ambiente ha sancionado con 30.000 euros al titular de la empresa Ganadería La Tova SL por la muerte de diez buitres leonados que los agentes medioambientales encontraron en 2019 junto a la línea eléctrica de una granja de cerdos de Zarcilla de Ramos (Lorca). Anse critica la decisión de reducir en un 60% el importe inicial de la indemnización por el coste de reposición, que era de 72.000 euros, y suprimir el incremento del IPC. «Castilla-La Mancha impone 6.000 euros por ejemplar más el IPC», señala Anse.