La Comunidad insta al Consistorio de Puerto Lumbreras a devolver 41 ayudas por no justificarlas o darles otro destino

A lo largo de una década, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha demostrado tanta eficacia a la hora de reclamar y conseguir subvenciones de la Comunidad Autónoma como, por desventura, desidia o incompetencia a la hora de justificarlas. Ambas circunstancias han llevado al Consistorio lumbrerense a afrontar una situación insólita y altamente preocupante, pues afronta nada menos que 41 reclamaciones de reintegro de otras tantas ayudas públicas, debido a que no ha sido capaz de justificar correctamente su adecuado uso. Aunque la cuantía total se desconoce, ya que ni la Administración regional ni la local han aportado el dato hasta el momento, podría alcanzar cotas millonarias.

La información sobre esta delicada coyuntura la ha facilitado la Consejería de Presidencia y Hacienda de la Comunidad Autónoma, a través de su titular, Javier Celdrán, quien ha tenido que responder a la interpelación que a tal respecto hizo el diputado socialista Emilio Ivars a través de la Asamblea Regional. En concreto, este parlamentario reclamó copia de los expedientes completos de subvenciones pendientes de justificar por parte del Consistorio, como también de todos aquellos en los que se le ha instado ya a devolver las ayudas percibidas.

La respuesta de la Consejería no deja de ser sorprendente y ofrece una idea de la magnitud del problema. «Le comunico que, ante la imposibilidad de enviar copia de todos los expedientes pendientes de justificar y de reintegro de subvenciones, debido al excesivo volumen de la documentación requerida, insto a su señoría a que se persone en las distintas consejerías a fin de que pueda tomar las notas que considere oportunas y obtener copia de aquellos que precise», afirma.

Y seguidamente ofrece al diputado Ivars un listado de los 41 expedientes que se encuentran en situación aparentemente irregular: siete de la Dirección General de la Mujer y Diversidad de Género, veintidós del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) y doce de la Consejería de Educación y Cultura.

Aunque el asunto ha acabado estallándole en el rostro a la actual alcaldesa, María Ángeles Túnez, muchas de las subvenciones fueron solicitadas y percibidas en tiempos de su antecesor, el también popular Pedro Antonio Sánchez, quien durante años demostró una especial habilidad para obtener ayudas públicas con las que acometer la construcción de numerosas infraestructuras. El aspecto negativo se deriva de las muchas dificultades que el Ayuntamiento ha tenido para justificar a posteriori el buen uso de las mismas, lo que ha motivado no solo este enorme volumen de reclamaciones de la Administración regional, sino también de varias diligencias judiciales en las que se han investigado presuntos delitos de fraude de subvenciones.

Desde el gobierno de María Ángeles Túnez se limitaron a manifestar este martes que no tienen conocimiento de que haya tal volumen de peticiones de reintegro y que, de cualquier modo, las ayudas están debidamente justificadas o en trámite de ser justificadas.

El Consistorio ha perdido recientemente varios juicios contra la Comunidad por esta causa.