A ciegas frente a la nueva ley de residuos

La entrada en vigor de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que debe estar aprobada antes de abril de 2025, se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para los más de 8.000 ayuntamientos de toda España, entre ellos los seis del Valle de Ricote, que están obligados a aprobar una nueva ordenanza.

La ley obliga a los consistorios a imponer una tasa específica y no deficitaria para poder cubrir el coste que se genera de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Una tasa acorde con los gastos de explotación del servicio que se han incrementado al repercutir el Consorcio de Residuos de la Región a las corporaciones el nuevo impuesto que grava la generación de residuos, según establece la directiva europea.

Así, por ejemplo, Abarán ha pasado de pagar 195.000 euros a 480.000 euros al año; Blanca, de casi 125.000 a 250.000 euros, el doble; Ulea, de 1.700 euros al mes a casi 3.000 euros; en Ricote se ha pasado de 36.000 euros hace dos años a 72.000 euros, según dijo el alcalde, Rafael Guillamón; y en Villanueva del Segura unos 137.000 euros en 2023 y 2024.

Todos los alcaldes consultados, que reconocen que el servicio es deficitario desde hace varios años, están sopesando de qué manera impedir que la subida afecte demasiado al bolsillo de sus contribuyentes. El mayor incremento se va a dar en Ulea, «en torno al 50% del valor actual», reconoce su alcalde, Víctor Manuel López, y culpa «al Gobierno de España». En la actualidad, el recibo de la basura es uno de los más bajos de la Región, siete euros cada dos meses, y estaba sin revisar desde hace más de quince años.

En Abarán, la subida estará entre el 12% y el 25%, y a ello hay que añadir la que soportarán los propietarios de casas de campo que a partir de enero próximo pasarán de pagar 5,44 euros al trimestre a 22 euros. «Estableceremos bonificaciones e impulsaremos la producción de compostaje doméstico», señaló el primer edil.

En Blanca, la tasa, que no se actualizaba desde 2014, subió en 2023 cinco euros al mes, y ahora se ha incrementado otros 2,8 euros mensuales. «Depende de cómo acabe el año, la subiremos o no», admitió el primer edil Pablo Cano, que añadió que «los costes del Consorcio de septiembre de 2021 a julio de 2023 pasaron de 26,62 euros por tonelada a 65,67, por lo que en 22 meses subieron un 146%».

Por su parte, el alcalde de Ojós, José Emilio Palazón, afirma que «esta tasa que el Gobierno central quiere que asumamos no es obligatoria, pero aun así el Ministerio ha legislado en el sentido de cobrarla a los ayuntamientos». En Ojós no se incrementaba desde hace más de ocho años. El único Ayuntamiento que ya ha materializado un incremento ha sido Villanueva del Segura, que lo hizo en 2023 con una subida del 23%.

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