La muerte por electrocución de aves protegidas deja las primeras multas en la Comunidad

A preguntas de LA VERDAD, el departamento que dirige el consejero Juan María Vázquez reconoce que al menos una quincena de casos se han resuelto con una multa económica contra los titulares de la línea, en expedientes sancionadores que se abrieron entre los años 2022 y 2023. Tres de esas sanciones se han impuesto a la compañía de distribución eléctrica de Iberdrola (I-DE Redes Eléctricas Inteligentes), y otras doce contra titulares de líneas privadas. La problemática de la electrocución de aves en tendidos mal instalados provocó en ese periodo de tiempo 422 accidentes, registrando un descenso del 28% entre un año y otro.

En concreto, en 2022 la Consejería abrió 161 expedientes por electrocución de 245 casos registrados. El 56,73% de las muertes se produjeron en tendidos propiedad de Iberdrola, otro 39,6% en líneas particulares y otro 8,23% en infraestructuras de la Confederación Hidrográfica del Segura. El pasado año, y con datos todavía provisionales, los expedientes sumaron 158 trámites de sanción para esclarecer la responsabilidad en la muerte de 177 animales. La mitad de los casos se produjeron en tendidos de la empresa eléctrica, otro 41,7% en tendidos de particulares y otro 8,23% en líneas de la CHS.

Las multas que finalmente se han impuesto están consideradas por Medio Ambiente como infracciones graves según la Ley de Fauna Silvestre regional, con una sanción económica que asciende a 3.000 euros por lo general, indican a este periódico. Además de la sanción económica, los responsables «están obligados a indemnizar el daño causado», remarcan desde la Consejería. Es decir, «en todos estos casos hay que sumar la indemnización según el valor dado al ave», regulado por una orden de la Comunidad de 1988, que establece distintas cantidades a pagar en función de la especie.

«Especies como el búho real, águila culebrera y águila calzada tienen un valor de 2.404,05 euros; el águila perdicera, águila real, azor común, buitre leonado y halcón peregrino tienen un valor de 3.005,06 euros; mientras que otras especies como el cernícalo vulgar, busardo ratonero y cigüeña blanca tienen un valor de 901,52 euros. Los expedientes con sanción firme de 2022 (12 en total, el resto son de 2023) responden a la muerte de 14 aves: tres buitres leonados, dos águilas perdiceras, un azor común, una cigüeña blanca, un busardo ratonero, dos cernícalos vulgares y cuatro búhos reales.

Un gran número de los expedientes que se tramitan en la Consejería van destinados a la principal compañía de distribución en la Región de Murcia, puesto que son titulares del grueso de los tendidos existentes, indican fuentes de Medio Ambiente. Iberdrola mantiene en la Comunidad 56.165 apoyos de líneas de alta tensión, y entre 2022 y 2023 tenía abiertos 201 expedientes por la muerte de aves.

Datos de la Consejería sobre las actuaciones de Iberdrola en la corrección de estos postes reflejan que entre el año 2019 y hasta junio de 2023 la empresa intervino en 9.500 apoyos, de los que cerca del 65% se encuentran en zonas de protección para la avifauna. Iberdrola tiene previsto alcanzar corregir todos los apoyos que están en zonas de protección antes de finalizar Convenio Aleteo en el 2025, explican.

Al menos cinco casos de muertes de aves en tendidos eléctricos que no estaban aislados han terminado con una denuncia de la Fiscalía de la Región de Murcia o en un juzgado de instrucción. El primero de ellos, en Jumilla, partió de una denuncia de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) por la electrocución de varias especies protegidas, un caso en el que el Juzgado de Instrucción nº 2 de Jumilla vio indicios de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Otros dos casos en el paraje de la Contraparada de Murcia y en Lorca completan los accidentes que han acabado en los tribunales gracias a la entidad ambiental y conservadora. Dos casos más están judicializados o con denuncia del Ministerio Fiscal por la vía penal en Mula y en Lorca.

La mayoría de las denuncias interpuestas en los últimos años han quedado archivadas. Sin embargo, una instrucción reciente de la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado podría impulsar los casos que acaban en los tribunales. Tras una reciente reforma del Código Penal, los fiscales pueden aprovechar el nuevo articulado que «castiga con penas de prisión, multa o inhabilitación a quien causare la muerte o provoque lesiones a animales».

La actuación ante la presencia de un ave muerta junto a un poste eléctrico debe ser rápida y eficaz para evitar la pérdida de pruebas. Cada comunicación que se recibe sobre el hallazgo de un ave herida, un cadáver o los restos a los pies o en las inmediaciones de los apoyos (25 metros alrededor del mismo) moviliza de forma inmediata a los agentes medioambientales. Recogen las pruebas y los restos del animal para trasladarlos hasta el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, donde se analizan las muestras recogidas y se elabora el informe veterinario pertinente a partir de la necropsia practicada.

Medio Ambiente aclara que, cuando se trata de accidentes fuera de zonas de protección, «se envía un requerimiento de corrección y, si es atendido, el procedimiento no continúa. El índice de corrección es muy alto».