Luces y sombras de la ley de atención temprana

La ley de atención temprana de la Región de Murcia ha cumplido este mes su primer año en vigor con un balance que arroja más de 5.500 menores beneficiarios de un servicio que ya no tiene que ser sufragado por las familias de la Comunidad. La norma regional estableció la gratuidad de la atención para los menores de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlos con el objetivo de garantizar que todos reciban las sesiones de psicología, logopedia, fisioterapia o estimulación que necesitan en esos primeros años de vida, cuando el impacto de las terapias es clave para su evolución y su futura calidad de vida.

Antes de su llegada, 3.500 niños eran atendidos en uno de los 35 centros de desarrollo infantil y atención temprana cofinanciados por la Administración regional. De ellos, 16 son de titularidad municipal y 19 pertenecen a asociaciones privadas. Y de los primeros, 13 tienen gestión pública y tres, privada.

Hasta la entrada en vigor de la nueva norma, los padres cuyos hijos no eran atendidos en un centro municipal se encontraban con la necesidad de acudir a servicios privados o asumir el pago de las cuotas de las asociaciones que cuentan con centros de atención temprana, dado que estas recibían una subvención de la Comunidad insuficiente para costear el total del precio de las sesiones. El desembolso que, según el caso, podía alcanzar para las familias era de varios cientos de euros al mes.

Según los cálculos de la Consejería de Política Social, cerca del 70% de las familias de menores en atención temprana se encontraban realizando copago hasta enero de 2022. Este año, el objetivo es extender la atención gratuita a 6.000 niños de la Región, para lo cual la Consejería cuenta con un incremento de la partida presupuestaria destinada a este fin de 3,5 millones de euros respecto a 2022. En total, destinará 11 millones a atención temprana, según detalló la ya exconsejera del ramo y actual vicepresidenta y consejera de Transparencia, Isabel Franco, en la Asamblea Regional el pasado mes de diciembre, en la presentación de las cuentas de 2023 que tendrá que ejecutar ahora Conchita Ruiz.

Sin embargo, pese a la eliminación del copago y el cuantioso incremento de la financiación que la ley ha supuesto, fundamentalmente para las asociaciones, la ley de atención temprana no ha dejado de recibir críticas de profesionales, de directores de centros y de alcaldes. Una controversia que se retrotrae a la fase embrionaria de la norma. Cabe recordar que fueron necesarios 28 borradores para su aprobación final, donde el PP contó con el apoyo de Vox, los expulsados de este partido, los expulsados de Ciudadanos y el rechazo de PSOE, Podemos y Cs para salir adelante por un solo voto de diferencia.

Una de las principales críticas a la ley se centra en la burocracia que introduce para los padres, que antes eran derivados a la atención temprana directamente desde la sanidad con un acceso prácticamente inmediato a las terapias.

La legislación regional exige ahora a las familias solicitar la prestación del servicio a través de la ventanilla única o de la administración electrónica, una solicitud que debe ir acompañada de un informe pediátrico previo que establezca la necesidad de apoyo al desarrollo del menor. Después, deben pasar por un centro de valoración dependiente de la Consejería de Educación, donde se determina si efectivamente es necesaria la atención temprana y se establecen las sesiones indicadas para ese menor. El equipo de valoración cuenta con un plazo de hasta 40 días para dictar una resolución. Tras eso, el Instituto Murciano de Acción Social (Imas), que depende de Política Social, debe asignarle plaza en un centro.

Según el Gobierno regional, el tiempo medio de espera de una familia para recibir esa resolución administrativa que reconoce el derecho del menor al servicio es de 40 días, lo que ya indica que en muchos casos se está rebasando el límite establecido por la ley.

Estadísticas realizadas en el centro de atención temprana municipal de Lorca, actualizadas a 25 de enero, contabilizan tiempos muy superiores, con una media de 79 días naturales de espera para la resolución y un máximo registrado de 117 días, el triple de lo regulado.

Y esa no es la espera total, el lapso medio que transcurre actualmente desde que los padres cursan la solicitud hasta que sus hijos logran entrar a un centro se eleva a casi dos meses, según las cifras de la Comunidad, exceptuando los casos de menores para los que se ha determinado la necesidad de una atención inmediata o urgente, que comienzan a recibir «en menos de un mes».

La Consejería reconoce, además, que pueden producirse retrasos mayores si hay que subsanar alguna deficiencia en el expediente o por «falta de capacidad de los centros elegidos por las familias».

En el centro de atención temprana de Adamur en Murcia, su directora, María Santos, asegura estar recibiendo a padres «que acumulan hasta cuatro meses de espera». «Me acaba de llegar una mamá que hizo la petición en septiembre, que tuvo la valoración en octubre y que ahora ha recibido la resolución», señala esta profesional, que también es presidenta de la Asociación de Profesionales de Atención Temprana de la Región de Murcia (Atemp).

Elena Fernández, maestra de infantil en La Unión, madre de Álex, un niño con síndrome de Down, y miembro de la Plataforma de Atención Temprana de la Región, constata haberse encontrado con casos similares en su desempeño profesional. «Yo derivé en septiembre al pediatra a una familia para que realizara la solicitud y todavía están esperando».

«Estas esperas -denuncia Isabel Casbas, una de las portavoces de la Plataforma de Atención Temprana y directora durante 37 años del centro de Lorca- provocan una gran cantidad de ansiedad y de angustia en los padres, y muchos, si se lo pueden permitir, acaban evitando ese proceso y pagando un privado». Para Casbas, la ley de atención temprana «atenta contra los servicios públicos», ya que «no contempla una red de atención temprana comunitaria, sino que pone en manos privadas la prestación de una competencia que pertenece a la Comunidad Autónoma». «Lo que tenemos son asociaciones de familias que están recibiendo un dinero para que los padres no tengan que afrontar el copago. Y estas asociaciones están creciendo, contratando a más profesionales para atender a más menores, que les reportan a su vez más dinero, mientras los 13 centros de atención temprana municipales se ahogan por falta de financiación».

La Consejería financió con dos millones y medio de euros adicionales a las asociaciones en 2022 para que prestaran la atención gratuita a través de dos resoluciones en julio y octubre, lo que ha supuesto un gran impulso a sus recursos. Los 13 centros de gestión municipal, en cambio, no recibieron ninguna partida extra.

Un año después, el pago a las asociaciones sigue dependiendo de lo que estas justifican por la prestación del servicio y será así hasta que la Consejería suscriba los convenios que establezcan un precio fijo por sesión -se baraja una cifra en torno a los 33,60 euros-. «Hasta ahora, nos han pagado lo que hemos gastado», señala el presidente de Plena Inclusión, Joaquín Barberá, que hace una valoración «positiva» del año que cumple la ley. «Estamos satisfechos, aunque es una pena que no haya llegado antes. En mi opinión, no hemos empeorado en nada, todo lo contrario». Tanto él como el presidente del Cermi, Pedro Martínez, aseguran no tener constancia de listas de espera. «No hemos tenido problemas de familias que nos digan que están tardando mucho y que no puedan acceder al servicio», señala Martínez. «Las familias están satisfechas y nosotros, como entidades, también lo estamos. Yo creo que la atención temprana ha dado un paso importante de cara a esa calidad que exigíamos».

La fijación del precio por sesión no arreglará los problemas de los centro públicos. «Están en desventaja porque los cálculos de la Consejería se hacen teniendo en cuenta convenios colectivos privados, pero el personal de los centros municipales es funcionario y se rige por otras tablas salariales», advierte Casbas. Además, para ampliar su personal, estos necesitan sacar la plaza y someterla a oposición.

María Santos, la directora de Adamur, reconoce esta desigualdad como representante de una asociación. «¿Que hacía falta financiar mejor a las asociaciones? Claro que sí. Yo estoy contentísima. ¿Que nos ha dado un respiro? Sí. ¿Que estamos atendiendo a más niños? Sí, señor, es verdad. Las asociaciones sí, los centros municipales no. ¿Que la atención temprana está mejor? No. La atención temprana se la han cargado», concluye. «Los profesionales ahora tenemos menos autonomía para valorar a los menores y, por otra parte, esto al final es privatizar un servicio. Los ayuntamientos verán que esto les cuesta poner fondos propios y un día dirán 'No voy a poner más dinero aquí'».

Por otra parte, la ley establece una serie de desarrollos normativos de obligado cumplimiento que el Gobierno regional ha incumplido. Por un lado, debía aprobar en 6 meses el decreto de condiciones mínimas que han de reunir los centros de atención temprana, así como el protocolo de coordinación, de lo que no se tiene noticia. Tampoco ha definido las condiciones de la Red de Atención Temprana, ni ha publicado el decreto que fijará la cartera de servicios, ni el primer plan regional de atención temprana, para lo que contaba con un plazo máximo de un año, ya superado.

La noticia entró como una ola de frío en el hogar de Pilar Martínez y Enrique López hace cuatro años: la niña que esperaban tenía un cromosoma de más en el par 21. «El peso de la noticia de que tu hija va nacer con síndrome de Down es muy alto, sobre todo al principio», destaca Pilar. «Es algo muy difícil de asumir, porque cuando tienes la ilusión de tener un niño, nunca piensas que pueda sufrir algún tipo de discapacidad o de retraso y te ves absolutamente perdido».

En aquellos meses, la desorientación se apoderó de ellos hasta que se pusieron en contacto con el centro que Asido tiene en Cartagena, cerca de su residencia, siguiendo el consejo de su ginecóloga. Allí pudieron aplacar muchas de las preocupaciones que les asaltaban. «Al acudir al centro y poder ver más situaciones, cómo trabajaban con las personas con síndrome de Down y el apoyo que se les da, fuimos haciéndonos a la idea y sintiéndonos más seguros. Porque no sabíamos nada. Ni cómo se podía desenvolver una persona así, ni cómo se trabaja la atención temprana», señala.

Lo que sí sabían Pilar y Enrique es que la estimulación de Elsa debía comenzar cuanto antes para que pudiera tener una mejor evolución y una mejor calidad de vida. En su caso, entraron en Asido cuando la pequeña contaba con solo una semana de vida para comenzar a trabajar su psicomotricidad. «Un niño que no tiene síndrome de Down se estimula solo, pero Elsa necesitaba que le movieran las piernas, los brazos, el tronco, para adquirir los reflejos necesarios y para que pudiera aprender a gatear y a caminar».

El coste que la familia tuvo que asumir para que Elsa recibiera dos clases a la semana de 45 minutos era de 83 euros mensuales. «A los tres años, el importe subía a 155 euros», explica Pilar. Sin embargo, la llegada de la ley regional de atención temprana permitió en enero de 2022 que su familia dejara de cofinanciar la terapia a través de la cuota de la asociación, y no llegó a tener que abonar el nuevo importe. «Es un coste bastante elevado según los ingresos que tenga cada familia, y la verdad es que es una ayuda que se agradece», asevera.

Ahora Elsa tiene atención dos veces a la semana en una sesión de 45 minutos y otra de dos horas y cuarto, donde trabaja con su logopeda y su fisioterapeuta. «Comienza a las ocho de la mañana, lo que nos ayuda mucho a conciliar, porque somos una pareja trabajadora». Tras años de atención temprana, Elsa es «superautónoma, está muy adaptada a las clases, porque le encanta trabajar en mesa, y corre como un gamo», celebra riéndose su madre.

Almudena Cifre y Pablo Galindo tardaron un tiempo en darse cuenta de que el silencio de su hijo Francisco, que este mes de febrero cumplirá tres años, escondía algo más. «Veíamos que no decía nada y que no avanzaba al ritmo al que lo había hecho su hermano mayor», recuerda su madre. «La gente lo veía grande y todo el mundo le preguntaba: '¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes?'; y él, en silencio».

La preocupación creció cuando alcanzó dos años y medio y seguía sin decir palabra, mientras la hija de una amiga de la familia, de casi la misma edad, «hablaba por los codos y perfectamente». «Ahí nos dimos cuenta de que a Francisco le pasaba algo», señala Almudena. Fue la profesora de su guardería la que le sugirió que su hijo podía requerir atención temprana. Por eso, Almudena y Pablo hicieron el trámite que establece la ley de atención temprana y el 3 de noviembre de 2022 acudieron a un equipo valorador. «Nos dijeron que sí, que Francisco tiene un retraso en el habla y que le pertenecía una hora de logopedia y una hora de psicopedagogía a la semana. Nos pidieron que eligiéramos centro y nos aseguraron que en 40 días como mucho nos llamarían». Sin embargo, pasaron aquellos 40 días que establece la ley, pasaron 80, y Almudena y Pablo seguían sin tener noticias sobre la plaza de atención temprana para su hijo. «Estábamos a la espera, sin llevar a Francisco a ningún sitio. Llamé a Atención Temprana y me dijeron que eso ya lo llevaba el Imas, envié un correo. No sabía qué hacer». Cuando estaban ya valorando llevarlo a un centro privado para empezar a recibir atención, recibieron al fin la asignación de centro. Fue el pasado viernes. «Este martes tenemos la reunión en Astus y allí nos dirán cuándo empezamos». En total, tres meses de espera desde su visita al equipo valorador.

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