La indemnización a fincas de Doñana es cuatro veces mayor a la ofertada en el Mar Menor

El reciente acuerdo entre el departamento de la ministra Teresa Ribera y la Junta de Andalucía para paralizar una ley autonómica que iba a legalizar regadíos irregulares al norte del parque nacional de Doñana ha generado cierto malestar en el sector agrario del Campo de Cartagena. Dicho pacto conlleva una inversión estatal de 350 millones de euros en ayudas para reconvertir los actuales cultivos en producciones compatibles con la supervivencia del enorme humedal. Los agricultores podrán recibir hasta 100.000 euros por hectárea, de los cuales el 70% lo pone el Gobierno central y el resto el Ejecutivo andaluz y la Diputación de Huelva. Esta cifra está lejos del plan que el Ministerio tendría en el entorno del Mar Menor.

El caso de la laguna es algo diferente porque Transición Ecológica necesita adquirir cientos de hectáreas para levantar tres humedales seminaturales, varias áreas de renaturalización y cinco filtros verdes, su marco de actuaciones para recuperar la laguna. Por tanto, las opciones pasan por comprar, previa negociación con los dueños, dichos terrenos. Si no hay acuerdo, se procedería a expropiar las superficies necesarias. La gran mayoría del terreno señalado tiene uso agrícola ahora mismo.

Fuentes del sector presentes en las conversaciones con el Ministerio para tratar este asunto apuntan a que la última oferta que hay sobre la mesa para la compra de los terrenos alcanzaría un precio de un euro y medio por metro cuadrado para el caso de las fincas con agricultura de secano (15.000 euros por hectárea) y poco más de 2,5 euros para las tierras de regadío (25.000 por hectárea). Esto supondría ofrecer a los propietarios una cuarta parte que lo que se desembolsará en ayudas para los agricultores de Huelva.

Las mismas fuentes señalan a LA VERDAD que los dueños «no están de acuerdo con los precios presentados», que definen de «ridículos»: «Es insignificante el dinero que plantean, cuando se ha llegado a ofrecer entre 12 y 14 euros por tierras en el Campo de Cartagena», es decir, hasta 140.000 euros por hectárea. También admiten que hay disposición de negociar por parte del Ministerio y que, finalmente, habrá que llegar a un entendimiento para evitar el feo paso de la expropiación.

Desde el Ministerio señalan a este periódico, a través de la Oficina Técnica del Mar Menor, que se priorizará la compraventa de estos terrenos antes que la expropiación, y que el precio final «no está fijado a día de hoy». Este dependerá, remarcan, «de si se alcanza mediante un acuerdo previo o mediante expropiación». Llegados a este punto, sólo se escogería esta vía una vez se apruebe la Declaración de Impacto Ambiental para cada parte del cinturón verde, ya que la superficie expropiada podría cambiar.

En este momento, los proyectos más avanzados en su tramitación son los tres humedales seminaturales, por lo que la fase de adquisición de los terrenos está prevista que comience a lo largo del primer semestre de 2024.

Otros representantes del sector agrario en el entorno del Mar Menor, que prefieren no identificarse para no interferir en las negociaciones, inciden en que el Ministerio está lejos incluso de ofrecer los precios de mercado actuales. El valor de la tierra se tradujo el año pasado en 37.468 euros por hectárea de regadío con cultivos de hortalizas y hasta 43.600 euros si en la parcela hay plantados cítricos en riego, como ocurre en parte de los terrenos que se quieren adquirir en torno al Mar Menor.

Cada proyecto del Ministerio tiene cerrada una cantidad destinada a compensar la pérdida del terreno particular o la expropiación. Por ejemplo, la compra de las 124 parcelas, casi el 100% de uso agrícola, para las áreas de renaturalización al sur del Mar Menor tienen un presupuesto de 17 millones de euros. El precio medio a pagar por hectárea sería de 26.000 euros. El gran humedal de la desembocadura de la rambla del Albujón tiene reservado 1,02 millones para este objetivo, por lo que el terreno se adquiriría pagando una media de 22.800 euros. El filtro verde de la finca Torre del Negro podría pagar una cifra más alta: hasta 28.000 euros. Destaca el caso del filtro y bombeo planteado en suelo agrícola en El Mirador (San Javier), una única parcela por la que Transición Ecológica pagaría cerca de un millón de euros por 20 hectáreas.

«Están descapitalizando la zona». Domingo Navarro, vecino del arco sur del Mar Menor y propietario de 50 hectáreas de terreno en esta vertiente de la laguna, es uno de los afectados en el proceso de compra o expropiación que llevará a cabo el Ministerio para la Transición Ecológica. El cinturón verde proyectado requerirá de 14 hectáreas suyas, ocho de las cuales están destinadas a secano y seis a regadío.

Navarro se muestra muy crítico con la oferta económica. Con él directamente no han negociado pero conoce los precios que se están ofreciendo. «Están usando las valoraciones económicas de otras tierras en España, no de esta zona». Se refiere al valor añadido que supone que tasen una parcela dedicada al regadío y con derecho al agua del Trasvase Tajo-Segura, que resultaría mucho más cara. «Van a pagar la tierra a precio de secarral». Este propietario señala que los proyectos del Ministerio se plantean sobre fincas agrícolas familiares, de las que depende un gran número de personas. «Es el único sustento económico. La oferta no te soluciona nada». En caso de negociar, Domingo vería con buenos ojos que le ofrecieran lo mismo que pagó su familia por las tierras hace muchos años, una cifra muy lejana del planteamiento actual.

Este vecino reconoce haber sido multado por la Confederación Hidrográfica del Segura por regar en parcelas sin que tuviera derechos reconocidos para ello, es decir, regadío ilegal. Él explica que el riego debía estar consolidado a nivel administrativo desde hace mucho tiempo, dada la antigüedad de los cultivos, y que dichas sanciones sólo buscan «desvalorizar» los terrenos en torno al Mar Menor para que las «expropiaciones salgan más baratas». Desde Transición Ecológica señalan que, en el caso del regadío irregular, se valorarán las fincas en función de si antes eran de secano o forestal. Una gran porción de las parcelas que se adquirirán en la zona sur están sancionadas por este motivo.