La Fiscalía alerta del aumento de falsos contratos para el cobro de prestaciones

Constructoras con una plantilla mayoritariamente femenina, pequeñas tiendas de barrio en las que supuestamente se ganan la vida decenas de empleados, fincas agrícolas que no dudan en contratar a mujeres en avanzado estado de gestación para la recogida del brócoli... Durante los últimos años, la batalla judicial contra el fraude en el cobro de prestaciones ha permitido desmantelar cientos de empresas ficticias que se dedicaban a vender contratos inexistentes para facilitar el cobro del paro o para obtener la residencia. Una ardua batalla contra este tipo de delincuencia que genera cuantiosos perjuicios económicos a las arcas estatales y que, según advierte la Fiscalía regional en su memoria anual, no solo está aumentando, sino que ya no se enmascara únicamente en firmas falsas.

La advertencia sobre este tipo de criminalidad económica es una de las conclusiones de la memoria anual que el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, desgranó ayer durante su visita a la Asamblea Regional. El Ministerio Público advierte, en este sentido, de que la simulación de relaciones laborales ya encuentra cobijo también en empresas reales de la Región, lo que dificulta muchísimo la persecución. «En relación a los delitos de fraude de prestaciones, que van creciendo en número en los últimos años, también se aprecia cada vez una mayor sofisticación en su elaboración», destaca el fiscal delegado de delitos económicos de la Región, Rafael Pita. En las últimas intervenciones realizadas por la Inspección de Trabajo se ha constatado que también empresas reales están sumándose a estas tramas, «lo que dificulta con frecuencia distinguir qué contratos de trabajo obedecen a una efectiva prestación de servicios de aquellos otros cuyo último fin es la obtención indebida de prestaciones».

El especialista abunda, en su informe, en las trabas que encuentra para combatir este tipo de fraudes cuando la investigación apunta a «un número ingente de personas». De hecho, reconoce, hasta el momento solo se han podido tramitar con cierta agilidad aquellos fraudes menos importantes. En los casos más graves, en los que se ven implicados decenas de trabajadores o varias empresas, lamenta, «no resulta posible su tramitación con la agilidad y celeridad que resultarían deseables».

El fiscal sugiere, en su informe, que una de las fórmulas para poner coto a este fraude sería modificar la norma para que algunos implicados en el fraude pudiesen ver reducida su responsabilidad con el reintegro total del dinero en un breve plazo de tiempo. Un movimiento, remarca, que permitiría «sancionar de modo efectivo a los grandes beneficiarios de este tipo de conductas que utilizan para su enriquecimiento a personas que habitualmente se encuentran en dificultades económicas».

Más allá de los delitos de índole económico, este organismo recoge en su memoria una radiografía de la delincuencia que atenaza al país y a la Región. La Fiscalía murciana llegó a incoar el pasado año 367 diligencias de investigación de las que prácticamente una cuarta parte -76- correspondieron a asuntos de medio ambiente y urbanismo. En materia ambiental, el pasado año se incoaron 31 asuntos: siete por fraude de agua, 17 por vertidos ilegales, seis por contaminación acústica y uno por prevaricación.

En el capítulo de ordenación del territorio, según recoge la memoria, fueron 27 las diligencias, de las que 15 acabaron transformándose en querellas remitidas a juzgados. La gran mayoría de ellas se referían a construcciones ilegales cometidas por particulares en suelo no urbanizable de la huerta murciana.

Durante años, el fiscal especialista lamentó, en sus sucesivas materias, la reticencia de los jueces a la hora de ordenar las demoliciones de construcciones ilegales. Una traba que, asegura, parece haberse superado con un cambio de criterio de los jueces de lo Penal que es confirmado por la Audiencia y que hizo posible, en 2017, hasta ocho resoluciones ordenando el derribo. La Fiscalía, sin embargo, critica ahora los «numerosos problemas» que plantea la Administración para ejecutar estas sentencias -cuando se le obliga a su ejecución a costa del condenado-. En estos casos, asegura, «suele alegar la falta de presupuesto, la necesidad de contratación de terceros o incluso la existencia de inquilinos en la vivienda que se resisten».

El área de la Fiscalía murciana que incoa un mayor número de diligencias es, sin duda, la de Seguridad Vial. Este departamento, con Pablo Lanzarote al frente, llegó a tramitar el pasado año 2.909 diligencias urgentes, la gran mayoría de ellas por delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sin permiso. Como ya hiciera el pasado año, el fiscal alerta, en su informe, de la «impunidad» que rodea actualmente la conducción bajo los efectos de las drogas. De los 1.285 positivos por drogas que la Guardia Civil de Tráfico registró el pasado año, solo cuatro acabaron ante el juez -el resto solo por vía administrativa-.

La Fiscalía murciana sugiere, en este sentido, un cambio en la norma para que no sea necesario acreditar en estos casos la influencia que el consumo de estos tóxicos tiene en la conducción. «Abogamos por el criterio de la tolerancia cero frente a la conducción tras la ingesta de drogas». Una postura que, recalca el especialista, con los años ayudaría previsiblemente a frenar esta práctica.