Los ecologistas critican que Fomento use la crisis para cambiar la ley de puertos

La modificación de la ley regional de puertos aprobada la pasada semana por el Gobierno autónomo ha generado el último choque entre este y los ecologistas, que le acusan de aprovechar la crisis sanitaria para realizar profundos cambios en la ley que no están justificados y que tendrán serias consecuencias en el sector y en el medio ambiente.

La reforma de la ley de puertos está incluida en el decreto-ley 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área de vivienda e infraestructuras, que recoge también medidas de carácter urbanístico y modifica cuatro leyes.

Ecologistas en Acción difundió este jueves un informe sobre los cambios legales en puertos en el que critica al Ejecutivo autónomo por la «forma inadecuada con que usa el trámite de urgencia, esta vez con la excusa de la Covid-19, para realizar cambios inadecuados que en nada van a ayudar ni a salir de la crisis sanitaria, ni a regenerar la economía, ni a hacer más sostenibles los puertos, ni más resistentes a las consecuencias del cambio climático». La organización reprueba, además, que la reforma de la ley se hiciera «sin participación pública».

«No se entiende que las primeras medidas para mitigar el impacto de una pandemia en el área de las infraestructuras se centren en la modificación de la ley de Puertos, olvidándose, por ejemplo, de las necesarias medidas en el transporte público colectivo por carretera», agrega Ecologistas en Acción.

Entre las acusaciones que expone el informe destaca la ampliación de los usos comerciales, lúdicos y recreativos en las instalaciones portuarias fijas, como pantalanes, muelle y escolleras, «con el grave impacto paisajístico y en materia de vientos y dinámica litoral que ello supondrá».

Las concesiones, además, «pasan a ser competencia exclusiva del consejero de turno en materia de puertos», «escapando así del control jurídico y administrativo propio que conllevan las decisiones del Consejo de Gobierno», añaden los ecologistas, que también censuran que «las concesiones y autorizaciones podrán ser otorgadas de forma directa, es decir a dedo, a cualquier entidad sin ánimo de lucro» y sin necesidad de que sea de utilidad pública.

La Consejería de Fomento respondió este jueves a los ecologistas desmintiendo todas sus acusaciones. «No se amplían los tipos de usos ni los espacios que se pueden utilizar. Solo se han reducido los plazos de los trámites y se intenta una simplificación administrativa, pero con todas las garantías legales», indican fuentes del departamento que dirige José Ramón Díez de Revenga.

La Consejería segura que en el decreto «no consta que se autoricen las instalaciones de locales comerciales en instalaciones fijas como pantalanes, muelles y escolleras», al tiempo que acusa a Ecologistas en Acción de realizar una «interpretación capciosa e interesada» de la norma. Y le echa en cara que no aluda en su informe a «las medidas dirigidas a la protección del medio ambiente y la ecoeficacia destinadas a incrementar la gestión sostenible de los puertos».