El desajuste de las becas con el coste de la vida deja sin ayuda a centenares de universitarios

Los umbrales de renta exigidos por el Ministerio de Educación (que otorga las ayudas más cuantiosas y mollares) están dejando fuera del reparto a centenares de familias que necesitan la ayuda y que al mismo tiempo se enfrentan a un coste de la vida que sigue en escalada. Se trata de hogares con ingresos anuales superiores a los topes que marca la normativa y que hasta hace unos años podían costear los gastos por los estudios de sus hijos con esas rentas, pero ahora afrontan apuros. En otros casos, las subidas de sueldo a funcionarios y del salario mínimo les han dejado sin opciones, aunque ese incremento salarial no haya ido parejo al del coste de la vida.

La situación ha dado lugar a que en los dos últimos cursos haya caído el número de beneficiarios de beca de estudios en las dos universidades públicas de la Región, la de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena (UPCT). Los últimos datos aportados al Claustro por el Defensor del Universitario de la UMU en su memoria revelan que el curso 2022-2023 los beneficiarios de beca de la UMU disminuyeron en un millar: si el curso anterior tuvieron ayuda para pagar sus estudios 10.385 estudiantes, en el que comenzó en 2022 fueron solo 9.437. El número de becas denegadas se mantuvo más o menos estable, en torno a las 5.000 en los tres últimos cursos. En la Universidad Politécnica de Cartagena, en el curso 2023-2024 se solicitaron 2.206 becas y se concedieron 1.192. En 2024-2025 se han solicitado 2.265 becas, pero la convocatoria no está resuelta.

Al Defensor del Universitario, Juan José Vera, le preocupa especialmente el «alarmante volumen de revocaciones de beca (cuando los estudiantes tienen que devolver su ayuda de estudios porque no han cumplido los requisitos exigidos, al suspender la mitad de los créditos, o el 40% en los grados técnicos y de ciencias), que se mantiene alto, aunque sin alcanzar el pico del curso 2020-2021, que recoge los efectos pandémicos». La revocación de la beca supone un grave problema para el alumno afectado, que, además de suspender, tiene que devolver la asignación que ya gastó en sus estudios, no puede disfrutar de ayuda el siguiente curso y, si no paga, se enfrenta a una deuda tributaria que Hacienda persigue, con intereses del 20% si hay retrasos. En el último año analizado, 2021-2022, el Ministerio ordenó la revocación de 649 becas, un volumen «alarmante que nos pone frente a un panorama de situaciones que suponemos dramáticas, en las que un estudiante se ve en el extremo de devolver su beca», advierte el Defensor del Universitario, quien lleva años alertando de la situación. Pone además el acento en los «efectos perniciosos acumulados desde la pandemia: crisis energética, efectos de la inflación y encarecimiento de precios, que amenazan y desgastan a las familias precarias y personas en vulnerabilidad».

El descenso en la concesión de ayudas para el estudio revela pues que los umbrales de renta exigidos a las familias son muy bajos para la vida real, lo que según publicaba 'El País' esta semana ha llevado al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a reunirse con el de Educación, que gestiona todas las becas, para repensar el modelo y armonizarlo con el coste real de la vida universitaria.

Los rectores de las dos universidades públicas de la Región entienden que los criterios que se utilizan para la concesión de becas «tienen muchos años y no están adaptados a la realidad actual, el coste de la vida ha subido mucho más», apunta Mathieu Kessler, rector de la Universidad Politécnica, quien considera que el modelo de ayudas debe ser actualizado a «criterios basados en la evolución del contexto socioeconómico».

El rector de la Universidad de Murcia, José Luján, comparte la idea de que es necesaria una revisión de la política de becas universitarias, pero amplía el debate. «De alguna manera, todo lo vinculado con el coste de los estudios universitarios se ha manejado al margen de la evolución de la economía y procede una revisión». Luján llama la atención sobre otro dato: «Los precios de las tasas de matrícula, que suponen el 10% del coste de un año universitario, llevan años congelados, así que en la práctica todos los estudiantes se benefician de una rebaja 'de facto'». Aun teniendo en cuenta esa variable, el rector de la UMU reclama un «replanteo serio de la política de becas, ya que hay disfunciones enormes a las que contribuyen los umbrales, el coste de la movilidad por el precio de los pisos... La primera medida pasa por asignar las competencias de las becas universitarias al Ministerio de Universidades; no tiene lógica que sea el Ministerio de Educación quien tenga la competencia estatal», reclama.

Las disfunciones en los criterios y condiciones de las becas no se limitan a los umbrales de renta. «En el momento en que tienes una bonificación mínima, por ejemplo, la remuneración de una nómina o el incremento del capital de la familia por el cobro de otra ayuda, te quedas sin beca, aunque se siga tratando de una familia con necesidades económicas», explica Miguel Lajarín, responsable del Departamento de Juventud de UGT y portavoz de la asociación juvenil Ruge.

A pesar del destacado descenso en la concesión de becas a los estudiantes murcianos en los últimos años, uno de cada tres universitarios de la Región estudia con esas ayudas, es decir, no paga las tasas de matrícula. Con todo, España «necesita que los poderes públicos aumenten en al menos 1.000 millones de euros anuales el presupuesto de becas al estudio para garantizar que los jóvenes españoles pertenecientes a familias con bajos recursos tengan las mismas oportunidades que el resto de su generación de estudiar una carrera universitaria». Es una de las conclusiones principales del informe 'La universidad española en cifras', la radiografía del sistema de educación superior realizada por la Conferencia de Rectores de Universidades (Crue), que cada año ponen sobre la mesa las fortalezas y los déficits de sus campus.

La tasa de alumnos becados en la Región está cinco puntos por encima de la media nacional, un dato que habla en realidad de las mayores tasas de pobreza de la Comunidad, donde hay más estudiantes que no superan los umbrales de renta máximos que les dan derecho a recibir la ayuda. El estudio cuantifica que en la Región el PIB per cápita es de 21.236 euros de media, lo que sitúa a la Comunidad entre las nueve autonomías con rentas inferiores a la media de España y que, en consecuencia, presentan coeficientes de aceptación de becarios superiores a la media nacional. Las comunidades con las tasas más altas de estudiantes con beca son Canarias (41,1%) y Extremadura (39,9%), que, a su vez, presentan las rentas per cápita más bajas del conjunto de España.