El Defensor del Pueblo advierte a Patrimonio Cultural que la declarará administración hostil por no facilitar el acceso a la información de los BIC

El Defensor del Pueblo acaba de remitir a la asociación AJVA dos comunicaciones en las que les anuncia que declarará a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia administración «hostil y entorpecedora» y elevará un informe sobre esta actitud a las Cortes Generales si no se aviene a facilitar la información solicitada por la ONG que promueve el Centro de Estudios Patrimoniales Molino de Oliver. El origen de la advertencia lanzada por el Defensor del Pueblo en funciones hace tan solo unos días se remonta a septiembre de 2020, cuando AJVA solicitó información sobre el expediente del Puente de Aljucer, enterrado bajo la carretera de El Palmar y que reapareció hace un lustro, para pedir su declaración como BIC. Ya en abril pasado, el Defensor del Pueblo se dirigió a los responsables de Cultura para recordarles que era de obligado cumplimiento facilitar el acceso a los expedientes que solicitaban los investigadores y les instaba a hacerlo.

Sin embargo, más de seis meses después, Patrimonio Cultural no ha dado respuesta al Alto Comisionado de las Cortes Generales ni ha hecho llegar a AJVA los informes solicitados, por lo que, en dos nuevas misivas, advierte a los responsables de Cultura que «la ausencia de respuesta a este último requerimiento sería expresiva de una falta de colaboración de la administración y del incumplimiento del deber legal impuesto por la Ley Orgánica 3/1981» y llevaría al Defensor del Pueblo a elevar un «informe a las Cortes Generales y a la declaración de la actitud hostil y entorpecedora, según los artículos 18.2 y 24.1».

AJVA, asociación impulsora del Centro de Estudios Patrimoniales Molino de Oliver, «está promoviendo la protección del patrimonio cultural murciano, pero nos encontramos demasiados obstáculos por parte de la Comunidad Autónoma para poder ejercer los derechos administrativos que la ley otorga a todas las asociaciones y personas interesadas en defender el patrimonio, que es de todos», afirma su presidente Pedro Jesús Fernández. «Hemos recibido dos avisos sobre las dos investigaciones que el Defensor del Pueblo mantiene abiertas. Y es que no es razonable que Cultura se niegue a atender, una y otra vez, las preguntas, reclamaciones y escritos que el Defensor del Pueblo le plantea», afirma Fernández y recuerda que el segundo asunto al que se refieren las investigaciones es sobre un acueducto situado en un monte cercano a la Costera Sur.

La Asociación AJVA consiguió la incoación del procedimiento de protección como bien catalogado por su relevancia cultural del «Puente de Aljucer» y está personada y realizando alegaciones o escritos de apoyo en diversos expedientes de protección de Bienes de Interés Cultural, Bienes Catalogados por su Relevancia Cultural y Bienes Inventariados.

«La falta de acceso electrónico a los mismos, un derecho reconocido en la legislación vigente de procedimiento administrativo (Ley 39/2015) y en su reglamento de desarrollo (Real Decreto 203/2021), que no se está pudiendo ejercer ante los obstáculos de la administración autonómica, se viene repitiendo en los diversos expedientes de protección», explican desde AJVA. Y, destacan, que tampoco se les concede el acceso a expedientes de denuncia de daños al patrimonio o de comunicación de estados de deficiente conservación de monumentos y bienes culturales.

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