El Consejo de la Transparencia insta al Gobierno a publicar la lista de altos cargos que se vacunaron de forma irregular

El Pleno del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia aprobó en su reunión de este martes una resolución que obliga a la Consejería de Salud a publicar, en el plazo de quince días, los nombres de todos los altos cargos de la Comunidad que fueron vacunados indebidamente contra la Covid-19, saltándose el protocolo.

El organismo que preside Julián Pérez-Templado adoptó esta decisión por ocho votos a favor, incluido el del propio presidente, y seis en contra, correspondientes a los representantes del Ejecutivo regional, el PP y sus aliados expulsados de Ciudadanos y Vox.

El Consejo de la Transparencia ampara la petición de un ciudadano, que había solicitado esta información a la Consejería de Salud en su momento y se la habían denegado, amparándose en la Ley de Protección de Datos. Pérez-Templado declaró a LA VERDAD que solo se obliga a publicar la identidad de políticos vacunados fuera de protocolo, «y no los de los funcionarios, que queda anonimizados».

El Ejecutivo autónomo está obligado a cumplir esta resolución, aunque tiene la posibilidad de presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

La resolución del Consejo de la Transparencia señala que «hay un indudable interés público en la petición de conocer si desde la Consejería de Salud se actuó con observancia de las normas establecidas o si, arbitrariamente, se dispuso de vacunas para personas que no le correspondían, con grave perjuicio para la salud de aquellas otras que estaban en situación de mayor riesgo de padecer la enfermedad provocada por el coronavirus».

Por contra, afirma que «el acceso a la información reclamada contribuye a tener un mejor conocimiento en la toma de decisiones de las autoridades y directivos, así como de la asignación de los medios de la Administración, las vacunas en este caso, en relación con los objetivos marcados por las autoridades sanitarias en la estrategia de vacunación». «Cabe considerar la existencia de un interés público prevalente en el acceso a la información sobre los derechos a la protección de datos de las autoridades y cargos públicos que tomaron decisiones al respecto, o incluso que pudieron llegar a beneficiarse por su posición, como consecuencia de las decisiones tomadas arbitrariamente», indica la resolución.

Pérez-Templado defiende que en otras comunidades autónomas como Cataluña y Castilla y León sí se hizo pública la lista de políticos vacunados irregularmente.

Uno de los que votó a favor fue el representante del PSOE, Francisco Lucas, miembro del Consejo de la Transparencia. «Lo que pretendían el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, ocultando esta información es es un absoluto escándalo», afirmó el dirigente socialista. «El Gobierno regional y los partidos que lo sustentan vuelven a demostrar su falta de transparencia y la baja calidad democrática que tienen», añadió.

«Pero desde el PSRM no lo vamos a permitir, lo llevan intentando mucho tiempo, obstaculizando y vetando la Comisión de Investigación aprobada en la Asamblea Regional sobre este asunto, pero ahora ya no les queda otra que publicar la información. Según esta resolución, tienen 15 días para hacerlo«, explicó Francisco Lucas.

Finalmente, indicó el viceportavoz socialista que «la ciudadanía de la Región de Murcia merece conocer toda la información del proceso de vacunación, más aún, cuando las personas que gobiernan esta Comunidad Autónoma se lo han saltado a la torera, poniendo en riesgo la salud de las personas». «Exigimos una auditoría informática para confirmar que no ha habido ninguna manipulación de los datos», concluyó.

En la Región, se vacunaron fuera de protocolo el que fuera consejero de Salud, Manuel Villegas, y los altos cargos de la Consejería. Otros casos que se han conocido fueron los del concejal del PP en el Ayuntamiento de Murcia Felipe Coello y la exalcaldesa de Molina, Esther Clavero, del PSOE.

El Gobierno regional siempre se amparó en la Ley de Protección de Datos para no hacer pública la lista de vacunados en la Región cuando la oposición se la reclamaba. PSOE y Ciudadanos basaron su moción de censura fallida en la negativa del Ejecutivo de López Miras a hacer pública la lista, sospechando que había cientos de altos cargos que se saltaron la cola para vacunarse.

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