El juez imputa al alcalde y a cinco ediles del PP por prevaricación y cohecho

El alcalde de Los Alcázares, Anastasio Bastida, y los cinco concejales que forman su junta de gobierno, todos del PP, han sido llamados a declarar por el juez como investigados (imputados, antes de la reforma de la ley) como presuntos autores de delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en relación a la adjudicación de las obras del pantalán del muelle. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de San Javier ha citado a declarar al regidor y a los ediles Cristina Ascensión Sánchez González, Nicolás Ruiz Gómez, Francisco Méndez Heredia, Francisco Montesinos Navarro e Isabel Mª Sarmiento Gómez. El Grupo Municipal Popular lo forman otros dos ediles más.

La decisión judicial se produjo un día antes de la visita de Mariano Rajoy a la Región, que hoy asiste a la junta directiva del PP. Ayer, preguntado por el caso de Los Alcázares, el presidente no quiso hacer valoración alguna.

El auto de ayer del juez Antonio Morente llama también como investigados a la secretaria del Ayuntamiento, Ana Belén Saura Sánchez, y al interventor municipal, Victoriano Luis Ortega Alcaraz. Entre los posibles delitos en los que pudieran haber incurrido, el juez señala también los de actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función.

Por su parte, la hija del alcalde, Iriana Bastida, aparece como investigada por su participación en los hechos denunciados, ya que entró a trabajar en Tecopsa días antes de que a esta misma empresa le fueran encargados los trabajos, lo que el PSOE conoció porque ella misma lo publicó en su perfil de Facebook. El Grupo Municipal Socialista fue quien interpuso una querella criminal por prevaricación contra el equipo de gobierno por convocar solo a tres empresas en un procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación, sin recurrir al concurso público, de esos trabajos, cuyo coste superaba los 100.000 euros, tal como adelantó 'La Verdad' el pasado día 4.

Querella del PSOE

Tras pedir la dimisión de los investigados, el portavoz socialista, Chema Gil, declaró que «ese tipo de conductas tienen que ser condenadas al ostracismo», pues, aunque «es cierto que ese procedimiento está amparado por la ley, se requiere que las empresas invitadas sean diferentes y que entre ellas no existan intereses comunes para que en realidad haya competencia».

Pero las empresas Tecnología de la Construcción y Obras Públicas (Tecopsa), Undinter Infraestructuras y Aitana Actividades de Construcción y Servicios [las tres invitadas al procedimiento negociado] «están vinculadas íntimamente entre sí por diferentes personas que tienen puestos de responsabilidad ejecutiva en ellas», indicó Gil a Efe.

En el auto, el juez aprecia indicios de delito en la escasa diferencia de precio de las ofertas y en la vinculación de la adjudicataria, Tecopsa, con Urdinter y Aitana, puesto que Ignacio Antonio Estevan es apoderado mancomunado solidario de Tecopsa y administrador único de Aitana. Por ello, es citado como investigado Fernando Alberto Díaz Ripollés, administrador único de Tecopsa y solidario de Urdinter.

Por último, el juez requiere al Ayuntamiento toda la documentación del expediente de esas obras bajo apercibimiento de incurrir, en el caso de no entregarla antes del próximo día 26, en un delito de desobediencia y denegación de auxilio.

Para el portavoz socialista, «causa pavor y vergüenza que en el contexto en el que nos encontramos aún se atrevan a hacer negocios de este tipo». Eso sí, a falta de la subsanación de un defecto formal para la admisión a trámite de la querella, por deber ejercer el PSOE la acción popular en lugar de la acusación particular e ingresar una fianza de 8.000 euros. Contra el auto cabe recurso de apelación hasta cinco días después de su notificación.

El alcalde no quiso hacer declaraciones ayer, hasta no conocer el contenido íntegro del auto, del que, dijo, solo tenía noticia por los medios de comunicación. Por su parte, el PP regional emitió una nota en la que se limita a decir que ha solicitado toda la información y documentación relativas al asunto para su estudio. El secretario general de Podemos, Óscar Urralburu, afirmó que «era cuestión de tiempo» que el problema de «las mordidas» se abriera paso en la Región. A nivel local, Ciudadanos considera «lamentable» lo ocurrido y pide al PP que tome medidas.