'Novo Carthago' sienta en el banquillo al núcleo duro de los gobiernos de Valcárcel

Sobre las espaldas de ambos planea una pesada espada de Damocles. El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, apunta a Cerdá como presunto autor de un delito de falsedad en documento público en concurso ideal con otro delito continuado de prevaricación, por la supuesta recalificación ilegal de un terreno protegido junto al Mar Menor, en Cartagena, para levantar una urbanización con hasta 10.000 viviendas, hoteles y dos campos de golf. Afronta una petición de tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación, además de una multa. El Ministerio Público reclama además, para Bascuñana, penas de seis años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por presunta prevaricación, como último responsable desde la Consejería de Obras Públicas de la aprobación del proyecto.

'Novo Carthago' sienta además en el banquillo a otros cinco ex altos cargos y asesores del Gobierno regional: la antigua asesora personal de Cerdá, María Antonieta Fernández Cano, acusada de prevaricación y blanqueo de capitales, por los que se le piden tres años y ocho meses de prisión; el exdirector general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el exdirector general de Administración Local y de Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el exsubdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañada, y el antiguo asesor jurídico de Urbanismo, Luis María Romero Agulló, quienes están acusados de prevaricación -en calidad de partícipes- y que se enfrentan a peticiones de inhabilitación que rondan los cinco años y medio y que podrían privarlos de su condición de funcionarios. Un octavo imputado, el exdirector general de Medio Natural Carlos Brugarolas, falleció en junio de 2019 a la espera de este juicio.

Con semejante plantel, el presidente de una de las subsecciones de la Sección Tercera de la Audiencia, el juez Álvaro Castaño Penalva, será el encargado de dirigir una vista, con hasta una veintena de sesiones, que se perfila larga y complicada. El magistrado será, además del presidente, el ponente de la sentencia, que podría suponer un nuevo rejonazo a las filas populares.

El relato de hechos que serán sometidos al enjuiciamiento del tribunal se remonta al año 2002, cuando la promotora Hansa Urbana comenzó a adquirir terrenos junto al Mar Menor con la pretensión de construir un gran complejo urbanístico. «A pesar de que el proyecto Novo Carthago era una actuación contraria a derecho por pretender reclasificar como urbanizable un espacio natural protegido con acreditados valores naturales (...)», explica el fiscal en su escrito, «Hansa Urbana S.A. la planteó y el Ayuntamiento de Cartagena la tramitó, pero fueron las consejerías de Medio Ambiente de Cerdá y la de Obras Públicas de Bascuñana las que la impulsaron y aprobaron». Para ello, subraya el Ministerio Público, «actuaron con unas pautas uniformes y conjuntas que implicaban sortear los obstáculos y reparos de los funcionarios bajo su mando y minusvalorar los aspectos de legalidad que impedían el proyecto».

Este caso llevará al tribunal a indagar, no solo en ese presunto pelotazo junto al Mar Menor, sino en toda una época: aquella en la que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel y sus poderosos consejeros gobernaban la Región con holgadas mayorías. El procedimiento llega, sin embargo, a juicio, con el lastre de un retraso judicial excesivo -de cerca de dos décadas- que, ya advirtió el jefe superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, hace años, abre la puerta a que los acusados se acaben beneficiando de importantes rebajas por dilaciones indebidas. Este macrojuicio estuvo a punto de arrancar en febrero de 2023 pero la huelga que en ese momento libraban los letrados de la administración de Justicia (LAJ) obligó a su aplazamiento.

La sombra de un posible acuerdo -que aligeraría las penas de los acusados a través del reconocimiento de los hechos- no planea sobre esta vista. Los letrados defensores no han llamado, por el momento, a la puerta del fiscal en busca de un posible pacto, tal y como confirmaron fuentes cercanas al caso. En juego entra también la acusación particular, que ejerce la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE). Lo hacía a través del abogado Ginés Ruiz Maciá, que desistió antes de convertirse en secretario general del PSOE en Murcia.

Para plantar cara a esta contienda, el exconsejero Cerdá ha estado respaldado, a lo largo del proceso, por el letrado Aurelio Llanes, mientras que Bascuñana se deja asesorar por Francisco Martínez-Escribano, exdecano del Colegio de Abogados de Murcia. Este profesional ya se encargó durante años de la defensa del expresidente Pedro Antonio Sánchez en el 'caso Auditorio' -aunque este finalmente fue representado en la vista por José Antonio Choclán, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional-.