23-F: 40 años del golpe de Estado

Cientos de políticos y militares de toda España estuvieron a la altura durante aquella tensa noche en la que «ya no bastaban las palabras y había que demostrar con hechos lo que se era y en lo que se creía», como diría el escritor Javier Cercas en su sublime obra sobre el 23-F, 'Anatomía de un instante'. En la Región de Murcia hubo ejemplos de representantes públicos y mandos de las Fuerzas Armadas que dieron la talla ese día. Como también hubo otros cuyo comportamiento fue, cuanto menos, dudoso.

La Región de Murcia no se había constituido aún como comunidad autónoma en 1981. Era todavía una provincia que diseñaba su autonomía, en la que la máxima autoridad política era el gobernador civil, Avelino Caballero, mientras que existía un Consejo Regional con competencias limitadas -el embrión de la actual Administración autonómica- presidido por el secretario general de los socialistas murcianos, Andrés Hernández Ros. El PSOE controlaba, asimismo, la extinta Diputación Provincial, al frente de la cual estaba Carlos Collado Mena, y lideraba los principales ayuntamientos, con José María Aroca Ruiz-Funes al timón en Murcia; Enrique Escudero de Castro con el bastón de mando en Cartagena; y José Fuentes López como alcalde de Lorca.

En el ámbito castrense, Murcia estaba encuadrada en la III Región Militar, que dominaba desde Valencia el teniente general Jaime Milans del Bosch, considerado como uno de los cerebros de la asonada junto a Tejero y el general Alfonso Armada. La principal autoridad del Ejército en la Región estaba en Cartagena y era el capitán general de la Zona Marítima del Mediterráneo, el almirante Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pintó. Los gobernadores militares de Murcia y Cartagena eran los generales Ramiro Llamas y Carlos Fortea, respectivamente, mientras que el coronel Adolfo Vara del Rey estaba al frente del Regimiento de Infantería Mallorca 13, instalado en Lorca. La mayor presencia de soldados se localizaba en la ciudad portuaria.

El golpe arranca en la Región en la mañana del 23 de febrero. Según relata el investigador Roberto Martín Bolaños en su libro 'Operación Turia' -donde cita como fuente el sumario de la Causa 2/81 sobre el 23-F-, dos colaboradores de Milans, el general Santos Fernández y el coronel Marchante, son citados en Capitanía General con la misión de entregar dos sobres a los gobernadores militares de Murcia y Cartagena. Cumplen su cometido por la tarde, antes incluso del asalto de Tejero al Congreso. Llamas y Fortea abren la carta y se quedan petrificados. Y es que lleva dentro el bando de Milans del Bosch en el que, contraviniendo la Constitución de 1978, el teniente general declara el estado de sitio en la III Región Militar.

Las órdenes son acuartelar a las tropas a la espera de acontecimientos, dar lectura del bando en Radio Nacional de España y trasladar un batallón motorizado del Mallorca 13 a la capital. También informar a las autoridades civiles de que, ante las circunstancias extraordinarias provocadas por los sucesos en el Palacio del Congreso, el mando lo tomaban ellos. Los tres preceptos fueron ejecutados con disciplina por los jefes militares.

Lo confirma Ricardo de Prado, jefe de Protocolo de la Diputación Provincial y el Consejo Regional, que en 1981 compartían sede en el edificio que hoy acoge la Consejería de Hacienda. «Nos telefoneó el comandante Cuesta, ayudante del general Llamas, comunicando que desde ese momento mandaba su jefe». Llamadas similares, con idéntico mensaje, se produjeron en el Gobierno Civil y los ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Lorca.

El bando de Milans se leyó en el Centro Emisor del Sureste de RNE en Murcia, en la calle Jaime I, a las 19.45, una hora después de los tiros de la Guardia Civil en sede parlamentaria. Desde esa hora, y hasta las 7.12, cuando se radió el comunicado en el que el teniente general plegaba velas, en la Región de Murcia funcionó una legalidad paralela en la que quedaba suspendida la actividad de los partidos políticos, se prohibían las reuniones de más de cuatro personas y se establecía el toque de queda. Cuarenta años más tarde -quién lo podría imaginar- medidas excepcionales como las dos últimas se han hecho familiares para los murcianos debido a la crisis sanitaria del coronavirus. En efecto, las calles de la Región estuvieron desiertas cuando cayó la noche del 23-F.

Lo que no se vio en Murcia fue tanques circulando por la ciudad, como en Valencia. Solo hubo unos mínimos movimientos de tropas en Cartagena y el desplazamiento a marchas forzadas del batallón de Lorca a Murcia. «Los tanques estaban tan viejos que no llegaron a pasar de Totana», ironiza Pedro Antonio Ríos, entonces concejal del PCE en el Ayuntamiento de Murcia. Los soldados se dieron la vuelta en Alcantarilla, frenados por efectivos del Ejército del Aire, poco después de que fuera emitido el mensaje televisivo del Rey Juan Carlos I.

Todas las fuentes consultadas convienen en que si en la Región no hubo tanques en las calles fue por la firme posición del almirante de la Armada, Juan Carlos Muñoz-Delgado. Desde el primer minuto se puso del lado de la Constitución y no siguió la estela de Milans del Bosch, a pesar de las invocaciones del nombre del Rey que realizaban los golpistas. «Me consta que, en Cartagena, el general Fortea planteó en un momento sacar el Regimiento España 18. Muñoz-Delgado le contestó que si hacía eso, sacaba él la infantería de Marina, lo que lo acobardó», indica Ricardo de Prado.

La trama se fue disolviendo como un azucarillo tras la aparición, de uniforme, de Juan Carlos I en la tele. A partir de la 1.30 horas la situación era de tranquilidad absoluta, coinciden todos los que han colaborado en este reportaje. La calma hizo que los políticos que estaban en las instituciones volvieran a sus casas.

Muñoz-Delgado recibió tiempo después un homenaje por su papel en el 23-F. Sus hijos continuaron la tradición familiar en la Marina. Ninguno de los gobernadores militares en la Región fue procesado, pese a haber hecho cumplir las órdenes de Milans del Bosch. Llamas y Fortea pasaron a la reserva un año después. El coronel Vara del Rey, el que sacó el batallón de Lorca, logró después un ascenso a general.

En la sede compartida de la Diputación Provincial y el Consejo Regional, observaban Ricardo de Prado e Ismael Galiana fotografías de la visita que los Reyes realizaron a Murcia el año anterior, 1980, en la que «se produjo un pequeño incidente entre el alcalde de Murcia, José María Aroca, y Milans del Bosch, que venía en la comitiva real», recuerda Ricardo de Prado. En estas que llega Isabel Zúñiga, la otra integrante del equipo de comunicación, con el anuncio de la toma del Congreso. «Salimos zumbando a advertir de lo sucedido a Andrés Hernández Ros y Carlos Collado», relata el antiguo jefe de Protocolo.

Pero la zona noble del inmueble era también un caos. Julio Feo, que luego fue uno de los principales asesores de Felipe González en La Moncloa, llegó «hecho un basilisco» a los despachos de Hernández Ros y Collado, que estaban contiguos, para avisar del golpe, recuerda este último. «Gritaba: ¡Vámonos de aquí!, tenéis que estar en un lugar seguro», narra el expresidente socialista. A Hernández Ros se lo acabaron llevando a una finca llamada El Aguilucho, de la familia del político del PSOE José Luis Albacete Viudes, desde donde transmitió un mensaje de condena a la acción armada. «Yo me fui a casa de una cuñada mía en el barrio de Santa Eulalia, en la que había teléfono, y allí me quedé hasta que salió el Rey. Pero estuve absolutamente tranquilo, no me cabía en la cabeza que pudiera triunfar una cosa así», declara Collado, hijo de un republicano que se exilió a Francia. Él, de hecho, nació en Orleans.

En el edificio que albergaba el ente preautonómico se quedaron los senadores socialistas José Pérez Fernández y Antonio Martínez Ovejero, que de madrugada se fueron a Madrid, ya que se planteó habilitar la Cámara Alta por si se prolongaba demasiado el secuestro de los diputados.

En el Gobierno Civil permaneció su responsable, Avelino Caballero, junto al secretario regional del PCE, Agustín Sánchez Trigueros, y el líder de UCD, Luis Egea. Las noticias de la lealtad de Muñoz-Delgado generaron sosiego pese a las presiones de los gobernadores militares.

Otro foco fue el Ayuntamiento de Murcia. Pedro Antonio Ríos, concejal comunista, recibió la noticia en medio de una junta de personal que presidía el edil socialista Aurelio Serrano. «Propusimos suspender la reunión, pero Serrano se empeñó en acabarla diciendo que esa gente ya lo levantó de la silla en el 36 -era alcalde de Alcázar de San Juan en la II República- y no lo iba a hacer otra vez», afirma. Ríos ensalza al alcalde Aroca, en cuyo despacho vivió las horas críticas de la asonada, por parar los pies al general Llamas cuando reivindicaba el poder para él: «'Soy el alcalde de esta ciudad', le repetía».

Los testimonios de la época elogian el comportamiento del regidor de Cartagena, Enrique Escudero de Castro. Como Aroca y él, decenas de alcaldes y ediles de la Región estuvieron al pie del cañón en sus ayuntamientos.

El 23-F propició una profunda reforma del Ejército. Las Fuerzas Armadas de hoy poco tienen que ver con las de 1981, más allá de episodios recientes como el chat de WhatsApp en el que un grupo de militares retirados hablaba de fusilamientos y pronunciamientos. Pero lo que preocupa a algunos de los protagonistas murcianos del 23-F es la crispación social y política que se vive hoy, que no era tan evidente entre los españoles de cuatro décadas atrás. «Me asusta mucho esta polarización», dice Enrique Egea, exdiputado de UCD. «He vuelto a escuchar las expresiones 'facha' y 'rojo' con tono de odio», concluye Ríos.