Unos 70.000 extranjeros en la Región esperan la regularización extraordinaria

Una forma de estimar esa población eleva los cálculos a casi 70.000. Para ello, hay que restar al número de extranjeros empadronados el de quienes tienen permiso de residencia. Así, según datos de 2023, había empadronados 226.765 extranjeros frente a 158.700 con permiso de residencia. La diferencia es de 68.065. Esta aproximación la aporta el profesor de la UMU Andrés Pedreño, que explica que «tenemos una ley de extranjería muy restrictiva y esto hace que periódicamente se genere una bolsa de indocumentados importante».

El punto de partida de este proceso está en la iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por la plataforma Regularización Ya. Sus impulsores se han marcado como límite finales de este octubre para que quede definitivamente aprobada como ley. «Si no es así, tememos que no salga adelante», reconoce Belinda Ntutumu. Para ella, «el gran hito histórico de esta ILP es haber recogido más de 500.000 firmas (las exigidas por la ley) para llegar al Congreso».

De hecho, fueron más de las que tenían que recabar: aportaron 612.000 firmas y el apoyo de 906 organizaciones para que la ILP se tomara en consideración en el Congreso en abril. Ahora, en septiembre, tras un parón para presentar enmiendas y con el acuerdo de PSOE y Sumar, continúa una vez desbloqueada.

En principio, también contarían con el apoyo del PP, que se ha mostrado dispuesto a sumarse a ella. Sin embargo, el límite temporal de la regularización es lo que diferencia la postura de estos partidos. Mientras PSOE y Sumar plantean que el periodo abarque hasta antes del 31 de diciembre de 2023, el PP lo adelanta al 1 de noviembre de 2021.

Este margen entre los plazos propuestos puede tener su influencia: «Desde la Covid y la crisis económica posterior se reactivaron los flujos migratorios», apunta Pedreño, y destaca que, de no llevarse a cabo estos procesos extraordinarios de regularización, se crean «grandes grupos de población más expuesta a la explotación laboral». De hecho, las cifras oficiales confirman la reactivación de los flujos migratorios en los últimos años, debido a la pandemia y otras crisis geopolíticas. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entre 2018 y 2022 (última cifra disponible), los extranjeros que obtuvieron autorización de residencia en la Comunidad Autónoma fueron 130.672. A colectivos tradicionalmente presentes en la Región, como los nacionales de Marruecos o Ecuador, se han sumado estos años los británicos que, tras el 'Brexit', han fijado su residencia en la Región y los ucranianos y venezolanos que han salido de sus países por la situación que atraviesan.

Según el investigador de la UMU, todos los gobiernos, de PSOE y de PP, han recurrido a este tipo de procesos extraordinarios para reducir esas «bolsas» de irregularidad. El último fue en 2005: en aquella ocasión, el punto de partida fueron las movilizaciones tras la muerte de un grupo de jornaleros de origen ecuatoriano arrollados por un tren de Cercanías cuando se dirigían al trabajo en una finca de Lorca.

Para Andrés Pedreño, no solo hay razones de peso económicas: «Garantiza que esta gente tenga reconocidos sus derechos y tiene implicaciones positivas para la convivencia». Es por eso por lo que, añade Belinda Ntutumu, «necesitamos el apoyo de todos los partidos».