Contradicción con el auto por el que la Sala asumió el proceso

La resolución dictada ayer por el magistrado Julián Pérez-Templado causó cierta sorpresa y desconcierto en ámbitos vinculados a las acusaciones privada y pública, que no entendían muy bien el sentido o la oportunidad de tres de las diligencias fijadas en el auto. La primera de ellas se refería al hecho de que en la incoación del procedimiento se hiciera solamente referencia al delito de «prevaricación administrativa», cuando la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hizo suya la investigación del 'caso Auditorio' al apreciar indicios de presuntos delitos de prevaricación continuada, falsedad documental, fraude y malversación de caudales públicos.

Aunque fuentes del TSJ aclararon 'a posteriori' que se trataba de una mera forma de enunciar la investigación, sin que ello suponga que se hayan desterrado los otros tres supuestos delictivos, algunas acusaciones se disponían ayer a preparar recursos para que se aclare ese aspecto.

Por otro lado, tampoco se entendía muy bien por algunas partes que el magistrado haya admitido una prueba que la juez de Lorca, Consuelo Andreo, rechazó ya en su día, pero sobre todo por el hecho de que el asunto estaba pendiente de que la Audiencia Provincial se pronunciara. De esta forma, aunque el TSJ reclamó días atrás a la Audiencia que informara de todos los recursos que tenía sin resolver sobre este procedimiento, el juez Pérez-Templado dejó ayer sin sentido uno de esos recursos pendientes, al admitir directamente la petición formulada por el abogado de Sánchez: que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras tenga que remitir copia certificada de todos los documentos del expediente de liquidación del Teatro-Auditorio.

En su momento, la magistrada de Lorca, Consuelo Andreo, ya rechazó la solicitud de la defensa del presidente, aduciendo que ya constaba en las diligencias la certificación de que el inmueble había sido formalmente recepcionado, así como que se había procedido a la liquidación del gasto, por lo que consideraba innecesario volver a reclamar esa documentación.

Aunque ninguna de las partes del proceso había recibido hasta ayer comunicación alguna al respecto, todo apunta a que en los últimos días el abogado de Sánchez ha remitido un escrito al TSJ insistiendo en que debe incorporarse el expediente de liquidación de las obras. Una solicitud que acaba de ser aceptada por Pérez-Templado y que podría dilatar la resolución de la causa por más o menos plazo, en función de lo que tarde el secretario municipal en dar satisfacción a la orden del TSJ.

Lo instruido y por instruir

Con todo, lo que más desconcertadas dejó ayer a algunas partes del proceso fue la petición de Pérez-Templado a la juez Andreo para que le envíe, «a la mayor urgencia, copia de las actuaciones que se hayan realizado o estén previstas sobre la pieza separada que tramita», referente al destino de la subvención de seis millones que se otorgó a ese proyecto cultural y que se habían gastado en su mayor parte antes de iniciarse el auditorio.

Esta petición va mucho más allá de lo que la Sala de lo Civil y de lo Penal (de la que el propio Pérez-Templado formaba parte) decidió hace solo unos días, ya que estableció que la juez Andreo debía instruir esa pieza separada, añadiendo que «si en el curso de las investigaciones (...) se atisbara la existencia de indicios o datos que guarden relación con los que son objeto de esta pieza principal, o surgieran delitos conexos cuya investigación o enjuiciamiento conjuntos resultara conveniente, deberá participarlo a esta Sala para la adopción de la resolución que en el momento proceda, en aras a la adecuada coordinación de ambos procedimientos».

Es decir, que el TSJ dejaba en manos de la instructora de Lorca la decisión de si debía comunicar al TSJ alguna circunstancia desvelada por sus investigaciones, algo que en principio resultaba justificado por el elevado grado de conocimiento que esta juez posee de un procedimiento que ha dirigido durante un año y medio.

Pues bien, ayer Pérez-Templado pasó por alto la resolución que él mismo firmó como ponente de esa Sala de lo Civil y de lo Penal y, convertido ya en instructor, reclamó a la juez Andreo no solo la copia de todas las diligencias que ya haya practicado, sino también de las que se disponga a realizar.

Una decisión que desde las acusaciones no se entendía ayer muy bien, ya que se supone que una pieza separada es, por definición, un proceso que se puede instruir por completo al margen y sin interferencia alguna con la pieza principal.