CC OO reclama la recuperación de los días por asuntos propios

El sindicato CC OO no ha recibido con agrado las disposiciones en materia de función pública incluidas por el Gobierno regional en los presupuestos para 2016, y que serán tratadas mañana en la Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma. El responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Salvador Soto, considera «continuistas» las propuestas, echa en falta que no se plantee la recuperación de los días por asuntos propios suprimidos y tacha de discriminatorio para los funcionarios de la Comunidad el retraso en el abono de la cuarta parte de la paga extra de 2012, puesto que los empleados de la Administración central y de numerosos ayuntamientos las cobrarán este mismo año.

«Las medidas son continuistas y mantienen los recortes incluidos en el plan económico de reequilibrio financiero de la Comunidad 2102-2014», declaró Salvador Soto.

El dirigente sindical solo considera novedoso, de los quince puntos que comprende el orden del día de la Mesa de la Función Pública de mañana, «el abono del 33% del 15% que resta por pagar de la homologación con el Servicio Murciano de Salud, una cantidad irrisoria, más aún para los grupos funcionariales más bajos».

«La subida no es negociable»

A pesar de que en 2016 los funcionarios disfrutarán de la primera subida salarial en seis años, el dirigente de CC OO resta valor al aumento retributivo del 1% para los empleados públicos recogido en el proyecto de presupuestos del próximo año. Soto comenta que este incremento «sigue la estela del acuerdo de negociación colectiva para el periodo 2015-2017 entre organizaciones empresariales y UGT y CC OO», y añade que «la subida es preceptiva para la Administración regional, ya que es normativa básica del Estado merced a los Presupuestos Generales del Estado para 2016. No es materia negociable».

A su juicio, «la Administración regional no puede poner sobre la Mesa de Negociación Colectiva el aumento salarial del 1% como muestra de voluntad negociadora».

Salvador Soto opina que el resto del documento presentado por el Gobierno regional para la reunión de mañana «es una repetición de los recortes ya contemplados en el plan económico financiero 2012-2014: eliminación de las horas extraordinarias, suspensión de los complementos de productividad variable publicados en el BORM y del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, suspensión del Plan de Acción Social, suspensión del Plan de Pensiones, jubilación forzosa a los 65 años y programa de redistribución de efectivos, entre otros».

Uno de los puntos favorables para los empleados públicos, como es la devolución de una cuarta parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, tampoco satisface plenamente al dirigente sindical. Soto critica que no haya plazos para abonar este dinero. «Teniendo en cuenta que la Administración del Estado va a abonar en la nómina de este mes, o a más tardar en la nómina de octubre, dicha cantidad, es claro que se produce una discriminación de los funcionarios murcianos con los empleados públicos de dicha Administración».

Asuntos pendientes

El sindicato echa de menos, además, otras propuestas de mejora de las condiciones sociolaborales de los empleados públicos que ya se han abordado en otras administraciones. «Resulta curioso -indica Soto- que el Gobierno regional no incluya en estas disposiciones la devolución de los días adicionales de asuntos propios por antigüedad y de los días adicionales de vacaciones, también por antigüedad. La Administración del Estado ya se los ha devuelto a sus empleados públicos, mientras que la Administración regional ni lo ha planteado en las medidas a negociar de la Mesa General».

«Nuestra posición sobre las medidas en materia de función pública es que no hay nada que negociar porque la Administración regional no pone nada negociable sobre la mesa», señala Salvador Soto a modo de resumen. «Si realmente hay voluntad negociadora por parte de la Comunidad Autónoma, esta debería girar en torno a la devolución, en los mismos términos y plazos que lo ha hecho la Administración general del Estado, de los derechos devueltos a los funcionarios», precisa. Si no fuera así, a su juicio, «sería otra burla a la negociación colectiva y a los derechos de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia».

Una de las novedades que incluyen las propuestas del Ejecutivo se encuentra en el punto sobre la jubilación forzosa a los 65 años. Hasta ahora, las plazas que se quedaban vacantes como consecuencia de la no prolongación de la permanencia en el servicio activo se amortizaban. Función Pública pretende ahora que parte de los puestos de trabajo vacantes como consecuencia de las jubilaciones se destinen a reforzar aquellos departamentos o servicios con necesidades de personal.