El plan de gestión del LIC de Cabo Cope lleva 15 años redactado

Más madera en el conflicto entre la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y la Comunidad Autónoma por Cabo Cope. Si los ecologistas divulgaron la semana pasada el borrador del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque regional, redactado en 2013, este lunes han desvelado que otro importante documento lleva aún más tiempo guardado en un cajón: se trata del plan de gestión del Lugar de Interés Comunitario (LIC) del espacio natural situado en la costa de Águilas, preparado desde el año 2005 y pagado con fondos europeos. Un contrato de más de 145.000 euros que sirvió para elaborar la normativa de protección de varios enclaves costeros de la Comunidad Autónoma hace quince años.

ANSE, que cuenta con la colaboración de WWF en esta campaña de presión al Ejecutivo autónomo, también ha enviado este documento a los diferentes grupos políticos de la Asamblea Regional, como hicieron con el PORN, para que se aprueben ambos planes de gestión y «evitar una sanción y la pérdida de subvenciones de la Unión Europea». Los ecologistas se refieren a la carta de emplazamiento enviada por la Comisión Europea por el retraso en la puesta en marcha de las normativas de los espacios protegidos, una comunicación en la que Bruselas se refirió expresamente a Cabo Cope. El incumplimiento de las directivas comunitarias puede acabar en sanciones económicas.

Las organizaciones ANSE y WWF consideran «un pésimo ejemplo para el conjunto de la Unión Europea que la Región, a la que le toca asumir la representación de las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE, incumpla intencionadamente diversas normativas europeas en materia medioambiental«. Los ecologistas critican también que el Gobierno regional »use de esta manera los fondos europeos y a la vez se niegue a aprobar la normativa de protección del parque regional y del LIC de Calnegre y Cope«.

ANSE mantiene un agrio contencioso con el Gobierno regional por Cabo Cope: la organización ecologista compró la primavera pasada la mole caliza a la Sareb por 500.000 euros, pero semanas después el Ejecutivo autónomo ejerció el derecho de retracto para quedarse con la propiedad del espacio protegido. ANSE, que se negó el pasado día 10 a firmar la escritura de retracto en una notaría de Murcia ante los abogados de la Comunidad Autónoma, critica «la falta de diálogo en el proceso de retracto por parte de una administración que ha perdido judicialmente las recalificaciones de suelos con fines urbanísticos de buena parte del parque y ha permitido la degradación de una parte de su superficie con una agricultura industrial desproporcionada«, se quejan.