El ecologismo ensaya la vía judicial preventiva

Hace 23 años saltaron las costuras en una balsa minera de Aznalcóllar, en Sevilla, cerca del Parque Natural de Doñana. De aquella enorme grieta brotaron seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos que pusieron a España a la cabeza de los desastres medioambientales europeos; y eso que en la unionense bahía de Portmán se llevaba tres décadas vertiendo cada día estériles al mar, hasta completar un tapón de dos millones de metros cúbicos. Hicieron falta años de lucha para que la opinión pública fuese consciente de lo que estaba ocurriendo en la costa murciana. En Aznalcóllar, en cambio, el derrame fue tan sobrevenido que desde el primer momento quedó claro que no podía volver a ocurrir. El tema acabó en los tribunales, donde casi 23 años después aún sigue dando vueltas, y la responsable de lo ocurrido, la filial española de la firma sueca Boliden AB, está lejos de pagar la factura de 500 millones de euros que supuso el desastre, sufragados con fondos públicos, como los casi 80 millones que se calcula que costará la regeneración de la bahía de Portmán, aún pendiente.

A la vista de lo ocurrido, aquella máxima de que quien contamina, paga, solo parece quedar nítida en el papel. En la realidad queda diluida por la maraña judicial que se abre cada vez que acontece una catástrofe medioambiental. Entretanto, siguen ocurriendo. Las lecciones de Portmán no han servido para evitar el desastre en el Mar Menor; como Aznalcóllar no ha alentado a las autoridades a tomarse en serio el advenimiento de una catástrofe aún mayor en las balsas de residuos de Minas de Riotinto, en Huelva, que también llevan camino de reventar y acabar dejando otra profunda huella en el medio ambiente, además de costes económicos e incluso personales. Es la realidad en bucle. Excepto por un cambio. A la vista de la inacción de la política (el poder ejecutivo) a la hora de prevenir acontecimientos que los investigadores suelen advertir años antes con sombría precisión, las organizaciones ecologistas se han lanzado a tratar de poner una venda 'verde' antes de la herida apelando a los tribunales (el poder judicial).

«Es una fórmula que hemos usado en España muy poco», explica Jaime Doreste, abogado de Ecologistas en Acción. Sin embargo, ahora, revela, esta organización ha echado mano de esta vía para tratar de evitar el desastre que los expertos auguran en las balsas de Riotinto. La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (LRM), que España incorporó atendiendo a una directiva europea, tiene como objeto principal consagrar el principio muchas veces incumplido de que quien contamina, paga, «pero también tiene una vertiente preventiva que permite a la Administración actuar ante daños medioambientales inminentes». El término inminente es lo que Doreste denomina de «concepto jurídico indeterminado», ya que no aclara cuánta antelación supone. «En el caso de Riotinto, existe un informe realizado por un experto minero que concluye que en 20 años las balsas revientan seguro; para mí eso es inminente».

El abogado Carlos Javier Durá Alemañ, investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (Cieda), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, revela que en España ya se ha ensayado con éxito esta fórmula, «hace un par de años», en el llamado 'caso valenciano', por el que se logró suprimir el potencial peligro para las aves de unos tendidos eléctricos. En él «se ha dado cumplimiento al deber de evitación de nuevos daños ambientales más que, estrictamente hablando, se haya llevado a cabo una reparación». Durá firma junto a otros dos expertos un artículo de 'Actualidad Jurídica Ambiental', del pasado octubre, en el que se describe cómo la «Ley Responsabilidad Medioambiental otorga un papel de relevancia a la Fiscalía». El texto precisa que «esta actuación se concreta en demandar a la Administración su mediación ante un supuesto de incumplimiento de sus obligaciones contempladas en la LRM, requiriéndola mediante un recurso de inactividad».

Para Durá Alemañ, «en España tenemos una de las mejores legislaciones del mundo», con las que se puede incluso impedir potenciales daños medioambientales, «el problema es que no se aplica». A su juicio, «sería necesario que jueces y fiscales tuviesen la formación necesaria y la valentía para tirar adelante». Antes de eso, lo ideal es que la Administración vele por la aplicación de las normas, pero «ante su inacción», las organizaciones no gubernamentales han comenzado a exigir «por vía judicial el cumplimiento y la ejecución de la normativa ambiental».

En palabras del coordinador de clima y energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, «hay una diferencia enorme entre el poder legislativo y la ciencia; lo que nos lleva a recurrir a otro poder, el judicial, para que actúe antes de que sea demasiado tarde». Andaluz se refiere a la demanda presentada el mes pasado ante el Tribunal Supremo por parte de su organización, junto a Greenpeace y Oxfam Intermón, «para exigir al Ejecutivo una respuesta adecuada ante la emergencia climática». No se trata de la misma fórmula de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, pero comparte con ella el sesgo de prevención. «Tiene un carácter predictivo y no reactivo», resume el abogado Jaime Doreste. «Con esta demanda no recurrimos contra algo que ha hecho la Administración que no nos guste, sino que estamos actuando contra una acción antes de que se apruebe». En concreto, lo que busca es el compromiso de reducir al menos el 55% de las emisiones netas para 2030, respecto a las que se produjeron en 1990, como marca la UE, en vez del 23% que propone España. «No estamos hablando de meros números, sino de las consecuencias devastadoras que estos pueden tener para la vida y la salud de las generaciones futuras», apunta Lorena Ruiz-Huerta, abogada demandante de las tres organizaciones. Para avalar su posición, «los casi 200 folios de la demanda incorporan las últimas referencias científicas que evidencian los impactos sociales, económicos, físicos y biológicos del cambio climático».

Es el primer pleito de este tipo que se presenta en España, explica Andaluz. «Viendo como vemos lo que va a pasar en el clima, tomemos ya medidas», resume. La acción se enmarca dentro de una ola internacional de litigios climáticos (más de 150 en la última década). El caso más notorio es el de País Bajos, donde la Fundación Urgenda logró el año pasado que se condenase al Gobierno del país a contribuir con su «parte mínima justa» a la reducción global de emisiones para frenar el cambio climático. «Los casos que ya se han resuelto han dado como resultado una serie de normas incipientes que revolucionan el derecho tal y como lo hemos conocido hasta ahora», concluye Ruiz-Huerta.

El abogado Durá Alemañ también cita algunas normativas latinoamericanas, donde «se han hecho primeros avances» en esta línea que se concreta en «atribuirle derechos a la naturaleza». En general, explica, lo que se está tratando de introducir es lo que el investigador del Cieda denomina «in dubio pro natura': en caso de duda ante una situación de daños ambientales hay que darle la razón a la naturaleza. Es un nuevo paradigma jurídico-ambiental».

De momento, la Legislación de Responsabilidad Medioambiental, que en todo caso no es la que se aplica en el procedimiento abierto contra el Gobierno a cuenta del clima, apenas se ha utilizado en España, como apunta Doreste. En la Región de Murcia «es una fórmula que también se contempla usar», explica Jorge Sánchez, de la Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE, pero sin que al cierre de 2020 se hubiese concretado ninguna actuación.

«Los grupos ecologistas llevan toda la vida haciendo presión social y política a la clase dirigente, pero no está sirviendo de nada», recapitula Jaime Doreste: «Lo que nos quedaba y estamos haciendo ahora es ejercer presión judicial». Es lo que el letrado de Ecologistas en Acción llama «litigación estratégica», en la que se trata «de forzar los límites de la legislación» a través de «una vía muy novedosa». Se busca, en síntesis, poner la venda 'verde' antes de que la herida medioambiental ya no tenga remedio.