El agua se pone 'verde'

Cada vez que un habitante de la Región abre un grifo de su casa, en la que ahora está más que nunca obligado por las medidas contra el Covid-19, lo que sale es un líquido que ha atravesado muchos de los más de 4.000 kilómetros de conducciones de la infraestructura que lo hace posible. Para que pueda atravesar esa vasta red y llegue lista para ser consumida, esa agua ha pasado, de su embalse original, a una de las seis plantas potabilizadoras repartidas por las provincias de Murcia, Albacete y Alicante, y se ha movido por un circuito jalonado por 11 grandes estaciones de bombeo, 78 elevaciones de abastecimiento, 176 depósitos, tres almacenes de cloro gas y multitud de instalaciones de toma de datos de puntos intermedios de canal. Todo este complejo incluye además otros elementos (una microcentral hidráulica propia, cuatro desaladoras, repetidores de sistema de radio y hasta casillas de personal, entre muchas más estructuras) para garantizar un suministro de 200 hectómetros cúbicos cada año a una población que también se extiende a áreas de Albacete y Alicante y supera los dos millones y medio de personas. En verano excede incluso de los tres millones. Su funcionamiento precisa un gasto energético de 200 millones de kilovatios al año (suficiente para dar servicio a los más de 70.000 habitantes de Molina de Segura) y un coste medioambiental de 82.000 toneladas de CO2 vertidos al aire, equivalente a lo que emiten más de 85.000 coches con una media de 5.000 kilómetros recorridos cada uno al año.

Para absorber semejante volumen de polución se necesita el trabajo de más de un millón de árboles o bien limitar la emisión para mantener el aire limpio. La Mancomunidad de Canales del Taibilla (la suministradora del agua de boca de 43 de los 45 municipios de la Región de Murcia –todos menos Jumilla y Yecla–, más otros 35 de Alicante y dos de Albacete) ha optado por la segunda vía. Este organismo autónomo, dependiente del actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se ha propuesto desarrollar un plan para alcanzar la neutralidad climática, lo que equivale a mantener un saldo de cero emisiones contaminantes. De momento, se ha puesto manos a la obra para conseguir una primera reducción de hasta el 40% de su huella de carbono en diez años. El proyecto, financiado principalmente por la Unión Europea, prevé un coste superior a los 35 millones de euros hasta 2030.

La presidenta de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), Francisca Baraza, explica que el plan llega tras una década en la que el organismo ha desarrollado «actuaciones puntuales en alguna de sus instalaciones para reducir el consumo energético, utilizando sobre todo energía fotovoltaica». Pero resultaban insuficientes. Por eso, «a partir de 2018 y 2019», añade, «nos planteamos dar un impulso importante a la gestión energética». El resultado es este 'Plan Estratégico para optimización energética y disminución de la huella de carbono en las instalaciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Periodo 2019-2030', como se denomina oficialmente.

El proyecto parte reconociendo que las 82.000 toneladas de CO2 que emite cada año esta entidad en su funcionamiento, sobre todo por el enorme consumo energético de sus tres desaladoras, «supone una cantidad muy elevada». Y más para una entidad asociada al Ministerio para la Transición Ecológica «y, en segundo lugar, por su historia y respeto al entorno donde se desarrolla su actividad», lo que, según sus responsables, le ha llevado a buscar «siempre ser un referente en su gestión medioambiental».

Baraza, que además es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Murcia, detalla que la nueva estrategia responde al «espíritu de los objetivos de desarrollo sostenible», impulsados por Naciones Unidas para, entre otros, alcanzar un consumo sostenible con 2030 en el horizonte. De ahí que al plan de la Mancomunidad haya acotado su primer periodo de resultados para ese mismo año. «Hay que tener en cuenta también que [en esta entidad] partimos de un marco favorable», apunta en referencia al «hecho de formar parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En él, continúa, se «integra el binomio agua y energía» y también «el impulso a las energías renovables», entre otras pautas, lo que «favorece nuestra apuesta por esta línea de acción», añade.

Básicamente, el proyecto consiste en conseguir en diez años que entre el 35% y el 40% de la energía que emplea el organismo parta de fuentes renovables. Ese objetivo «se pretende alcanzar gracias a los cambios introducidos por la entrada en vigor de la nueva normativa, y aprovechando el avance de la tecnología que existe actualmente en el mercado, tanto hidráulica como fotovoltaica, y su abaratamiento o reducción de costes por kilovatio instalado», de acuerdo con el proyecto.

Aunque la mayor parte del consumo de energía de la MCT aún quedará durante un tiempo no definido en manos de no renovables (en torno al 60 y el 65% a partir de 2030), el salto previsto en diez años es gigante, sobre todo teniendo en cuenta que su cuota de energías limpias era ínfimo hasta ayer. Desde este año 2020, sin embargo, la situación ha mejorado con la entrada en funcionamiento de diversas instalaciones fotovoltaicas y centrales hidroeléctricas construidas dentro de un plan previo de reducción de la huella de carbono, entre los años 2015 y 2019. Ese plan anterior prevé situar en un 14% el cupo de renovables de la Mancomunidad para este mismo año. Es un punto de partida más halagüeño para la nueva estrategia que, en todo caso, aún necesitará casi triplicar un porcentaje que ya no es tan baja.

En total, el nuevo plan incluye 24 actuaciones por un desembolso total estimado en 35,1 millones de euros, de los que 20 actuaciones, valoradas en 24,4 millones, se prevén costear con fondos Feder de la Unión Europea. Para una primera fase, que llega a 2023, se estima una financiación europea de 3,45 millones. Con ella se podrán emprender obras que permitan dejar de emitir más de 400.000 toneladas de CO2 para el periodo. A una segunda fase, que va de 2021 a 2030 y se solapa por tanto tres años con la anterior, se le estima un desembolso de la UE de casi 20,2 millones para evitar otras 400.000 toneladas de emisión de CO2.

En el periodo que llega hasta 2023, por ejemplo, se contempla establecer en concreto seis instalaciones fotovoltaicas (en infraestructuras de Bullas, Cartagena, San Vicente del Raspeig y Benferri), más posiblemente otra en Alicante (está en estudio), y renovar equipos ya existentes en Lorca y también en Bullas, Cartagena, San Vicente del Raspeig y Benferri.

Esa es solo una parte. El plan al completo contempla la reforma de la estación de impulsión Apolonia, en Lorca, y de las instalaciones de Cabezo Beaza, en Cartagena; la conexión eléctrica entre el depósito Cañada de Morales y la Estación de Impulsión al balsón de seguridad de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Lorca; el alumbrado de la carretera de Tentegorra (Catagena); la línea eléctrica para la conexión de la Estación de Impulsión Tinajón (Ulea) con la Estación de Tratamiento de Agua Potable de la Sierra de la Espada (Molina de Segura); la implantación de un aerogenerador en Pico del Machón, en La Unión, y la implantación de instalaciones fotovoltaicas en Tentegorra y ACS (Cartagena), en la elevación de Canteras (Cartagena), en Bullas, en la elevación de San Vicente del Raspeig (Alicante), en Benferri (Alicante), en los depósitos Lo Romero I y II, de Vistabella (Alicante), en las desaladoras de Valdelentisco I y II (Cartagena), en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Campotejar (Murcia), en la Estación de Impulsión de Caravaca, de la Estación de Tratamiento de Agua Potable Torrealta (Alicante) y en la desaladora Alicante I.

Además se incluyen otras actuaciones adicionales de ahorro de costes. En concreto, la ejecución de una línea aérea de media tensión entre la central hidroeléctrica de Cajal y la elevación de Ojós, la conexión eléctrica de la instalación fotovoltaica de Lorca a la red de distribución, una subestación eléctrica para la desaladora de Alicante y una línea eléctrica para la conexión de la Estación Impulsora Torrealta con la Estación Impulsora La Pedrera-Torrealta.

Al mismo tiempo se ha establecido el objetivo adicional «de reducir muy significativamente el importe económico de la compra de la energía eléctrica». En esta línea, «la Mancomunidad ha desarrollado diferentes proyectos basados en el autoconsumo de energía eléctrica procedente de energías renovables que le permitirá producir parte de la electricidad necesaria en sus instalaciones». El proyecto contempla que, de esta forma, «se obtendrá un ahorro considerable en la factura eléctrica, se evitarán las pérdidas de energía producidas en la red de transporte y se reducirá el uso de combustibles fósiles utilizando tecnologías limpias basadas en energía fotovoltaica, hidráulica y eólica fundamentalmente».

Más allá de la mejora de la infraestructura, el proyecto incluye actuaciones adicionales para el personal, como «la implantación de la administración electrónica», con el objetivo de «reducir papel y consumo de fotocopias», y está previsto iniciar en unos meses una campaña de «papel cero» para reducir aún más este elemento. La inesperada irrupción del coronavirus ha acelerado involuntariamente esa implantación de la administración electrónica. «Tenemos que impulsar en todos los empleados públicos la cultura del ahorro energético y la reducción del consumo de papel», detalla Baraza, «pero también tenemos que conseguir hábitos de movilidad sostenible y de vida saludable». Con todo ello, explica, «debemos contribuir al incremento de una conciencia ambiental proactiva». Esa conciencia, concluye, es «hoy más necesaria que nunca con la amenaza que tenemos con el cambio climático».

Todo esto, en cualquier caso, es el primer gran paso para alcanzar un objetivo aún mayor, según se deduce de las palabras de la presidente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla: «Hemos hecho una planificación hasta 2030, con el objetivo de reducir la huella de carbono en torno al 35%-40%, pero debemos continuar para alcanzar los objetivos planteados por el ministerio hacia la neutralidad climática. Tenemos que aportar nuestro granito de arena y contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero».