Juan Martínez Moya: «No vamos a consentir injerencias políticas, pues debilitan el Estado»

Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace siete años y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), atiende a LA VERDAD en un despacho de la Ciudad de la Justicia de Murcia. Como quien dice, en el salón de su casa. Es viernes 23 de octubre de 2020, el día en que se cumplen exactamente 40 años de la constitución del máximo órgano de gobierno de la Justicia en España. Pronto, cuando se renueve un CGPJ que lleva dos años en funciones, retornará a la Región para integrarse en la Sala de lo Social del TSJRM.

–En cuanto se conocieron los planes del Gobierno para cambiar las normas de designación de los vocales del CGPJ, usted se precipitó, junto con otros compañeros, a reclamar la convocatoria de un Pleno extraordinario del Consejo. ¿Percibía que se trataba de una amenaza contra la independencia del poder judicial?

–Yo no hablaría de amenaza. Diría que, hoy día, el concepto de juez y de independencia judicial trasciende a los estados y es propio de la Unión Europea. Un juez español es un juez de la UE y la comunidad de jueces es una comunidad internacional. Y vi que, al tramitarse como proposición de ley, el CGPJ no podía pronunciarse sobre ese proyecto y ejercer su responsabilidad consultiva. Pensé que el poder ejecutivo y el legislativo debían conocer nuestra opinión.

–Bueno, creo que en este caso la cuestión va mucho más allá de que el CGPJ se pueda o no pronunciar sobre la reforma.

–Claro, sí. Es que además estaba el hecho de que lo que los juristas han llamado el 'fumus boni iuris' –la apariencia de buen derecho– en este caso mostraba con mucha evidencia que la propuesta normativa no pasaría un test de constitucionalidad. Eso de entrada. Y mucho menos pasaría un test de conformidad con el Estado de Derecho, tal como lo define el Tribunal de Justicia de la UE y la Comisión de Venecia.

–Eso de que «no pasaría un test de constitucionalidad» me parece un bonito eufemismo para definir lo que estaba haciendo el Gobierno con ese cambio de normas de juego. ¿Le parece si hablamos de una intromisión excesiva del ejecutivo en el poder judicial?

–Yo diría que era una potencial injerencia de quienes proponen ese cambio legal. Un debilitamiento institucional de la autonomía y la independencia del poder judicial. Y eso no es tolerable. No es tolerable por una razón: el propio Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1986, ya dejó muy claro que el CGPJ no es una institución que represente el pluralismo político, sino una institución de garantía de la independencia judicial. Entonces, quienes estamos en esa institución tenemos que avisar a los dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, y también a la sociedad, de que una iniciativa legislativa de ese cariz...

–Que no van a consentir injerencias políticas, vamos.

–Que no las vamos a consentir porque es debilitar el Estado. La independencia no es para nosotros, sino para los ciudadanos.

–¿Y qué pretendía que el CGPJ hiciera en ese Pleno extraordinario?

–Bueno, no se ha desconvocado...

–Cierto.

–Pues vamos a ver, porque los acontecimientos pueden ir cambiando. Para mí, 'congelar' una proposición de ley, como han dicho que han hecho, no es retirarla. Entonces, salvo que se retire...

–...la amenaza sigue vigente.

–Exacto.

–Y hay que pronunciarse.

–En mi opinión, sí. Lo podemos ver como un gesto, pero congelar no es retirar, que sería lo que implicaría una pérdida sobrevenida del objeto de ese Pleno.

–Ha recordado usted que los jueces y la justicia son conceptos que trascienden a un Estado y que tienen ya, por fortuna, una dimensión no solo europea, sino internacional. Eso se ha percibido con total nitidez estos días, cuando varias instituciones de la UE han advertido seriamente al Ejecutivo de Sánchez sobre sus planes respecto al CGPJ y sobre las líneas rojas que estaba atravesando. Unas advertencias que han llegado incluso desde el Greco, el Grupo de Estados contra la Corrupción. ¿Cree que han pesado mucho esos avisos en la decisión de congelar la reforma?

–Creo que sí. Pero no debemos olvidar, de todos modos, que a quien le corresponde nombrar a los vocales del CGPJ es al legislativo, a las Cámaras; esto es, al Congreso y al Senado.

–Bueno, no pequemos de ingenuos en ese aspecto.

–Ya, pero tiene que haber negociaciones y en eso no voy a entrar. Eso de «yo propongo esto» y «yo propongo esto otro». Lo cierto es que todo esto no es bueno para la percepción que la sociedad tiene de la independencia del poder judicial. Y por eso apelaría a la responsabilidad de quien tiene la competencia de nombrar a los miembros del CGPJ, que no son otros que los grupos parlamentarios. ¿Ha pesado Europa en la decisión? Pues no me cabe la menor duda. Ahora, no debemos verlo en clave de controversia o de desencuentro. Lo que nos dice la UE debemos sentirlo como propio. Nosotros somos Europa.

–No deja de ser una garantía y una tranquilidad que un ente supranacional nos proteja de posibles veleidades del Gobierno de turno, sea el que sea.

–Efectivamente; de igual forma que las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y la legislación europea nos vinculan por completo. Por eso no lo veo como que nos han desautorizado. Es parte de nuestro propio sistema. Ese es el chip que todavía tenemos que cambiar. Y si al Gobierno se le ha dado un aviso y se le ha dicho: «Oiga, esta usted debilitando la institución judicial», pues tiene que tomar buena nota de ello.

–Si, por las razones que fueren, Sánchez 'descongela' ese proyecto y pretende seguir adelante, ¿sería partidario de acudir al Tribunal Constitucional?

–Yo tengo confianza en quienes desempeñan labores de Gobierno y creo que no se va a dar ese paso.

–¿Cuál sería la fórmula ideal para designar al CGPJ?

–Lo primero es que lo integren personas competentes y de excelencia profesional. Y eso ya despoja a quienes tienen trayectorias políticas significadas. Y para mí no es tan importante el quién las elige, sino la legitimidad de su ejercicio, el cómo tienen que trabajar. Hay una recomendación muy clara de la Comisión de Venecia y del Greco que lo deja muy claro: que el cupo de jueces sea elegido entre sus pares, entre los suyos. Y es bueno que sea así, porque aparte del grupo de juristas, que son ocho, es bueno que haya profesionales de otros ámbitos, como profesores y abogados, porque es la mejor forma de neutralizar el corporativismo judicial. Es cierto que se trata del gobierno de los jueces, pero muchas decisiones afectan a toda la sociedad. Y hay que tener una visión plural. Mi fórmula, de todas formas, pasaría por que hubiera una paridad y diez jueces, por lo menos, fueran elegidos por el resto de jueces y magistrados. Y evitaría que hubiera una captura por parte de las asociaciones judiciales, pues solo representan a la mitad de la carrera judicial. Somos 5.400 jueces.

–Habla entonces de que todos los jueces pudieran participar a través de unas elecciones.

–Exacto. Del sufragio directo.

–Usted fue designado a propuesta del Partido Popular. ¿Es algo que marca? Quiero decir, ¿el CGPJ está normalmente dividido entre los vocales conservadores y los progresistas?

–No, rotundamente no. Yo tengo que recordar que fui propuesto por más de 350 compañeros, que me dieron su aval sin siquiera pedírselo. Fui el segundo candidato de España con más avales. Y me dieron su voto 305 diputados del Congreso, con lo cual me siento perfectamente legitimado por el Congreso, al margen de que el PP asumiera mi candidatura. Lo que quiero decir es que me siento inmune, totalmente, a ese tipo de identificación. Y, de hecho, he mantenido muchas veces posturas discrepantes con lo que se viene a llamar el sector conservador. En materia social, por ejemplo, me considero un juez muy progresista.

–¿Qué es lo que más le ha marcado, o sorprendido, de estos siete años en pleno 'cogollo' del poder judicial?

–Mi mayor satisfacción es la experiencia de servicio que he tenido. He podido ser vocal territorial no solo de Murcia, sino también de la Comunidad Valencia, Aragón y Castilla-La Mancha, lo que me ha dado una visión muy amplia del mundo de la justicia. Me ha enriquecido muchísimo. Además, estoy muy orgulloso de haber vertebrado la protección social de la carrera judicial y de haber sacado adelante su primer plan de prevención laboral. Por último, he sido el representante del poder judicial en Iberoamérica y eso me produce una gran satisfacción, al margen de mi experiencia en el ámbito de la UE.

–¿Cómo se percibe eso tan abstracto, tan etéreo, de estar en el núcleo de poder de la justicia, también en sus relaciones con los representantes de otros poderes? ¿Hay llamadas, insinuaciones, exigencias...?

–Yo he estado cinco años en la Comisión Permanente del CGPJ, en el núcleo duro. Y he convivido con un presidente, Carlos Lesmes, que ha ejercido su cargo ante las muchas dificultades vividas, como el juicio del 'Procés', muchas crisis institucionales, cinco fiscales generales... y con alguno de ellos no nos hemos puesto de perfil, precisamente. Y es cierto que puede haber conversaciones con los representantes de otros poderes, en los actos institucionales, donde comentas y valoras lo que se está viviendo. Pero no hay llamadas. Y cuando ha habido un ataque fortísimo a la independencia judicial, como alguno que ha llegado de un miembro del Gobierno, del vicepresidente (Pablo Iglesias), se le ha respondido por escrito. O cuando Catalá dijo que un miembro del tribunal de la manada tenía un problema singular, pues no nos hemos escondido. Esta mañana mismo he firmado un voto particular en favor de amparar al juez García Castellón. Puedo afirmar que uno de los grandes logros de este CGPJ ha sido la transparencia.

–Entre los muchos roces que se han producido últimamente con el Ejecutivo, uno de los más sonados fue que se privara al Rey de presidir el acto de jura de la nueva promoción de jueces en Barcelona. ¿Cómo le sentó eso?

–En una declaración que hicimos siete miembros del CGPJ ya expresé mi profundo malestar. Lamentábamos que el Rey no estuviera en ese acto, aunque no voy a valorar si fue un error del Gobierno.

–¿Le duele el momento por el que está pasando la Monarquía?

–La Monarquía es una institución clave. Y he tenido la oportunidad de conocer cómo trabaja nuestro Rey, por ejemplo, en la Cumbre de jefes de Estado en Iberoamérica, y de ver el profundo respeto y admiración que se le profesa en otros países. La Corona es una institución clave para los jueces. Yo he jurado tres veces lealtad al Rey. La Corona está imbricada en nuestro Estado de Derecho.

–Uno de los principales problemas que afecta a los tribunales españoles y que usted ha vivido como magistrado, como presidente del TSJRM y ahora como vocal del CGPJ es la tremenda escasez de medios que padecen. ¿Está mejor la Justicia ahora que en 2013, cuando usted se marchó al CGPJ?

–Yo tenía mucha esperanza en el anteproyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que iba a suponer una reforma integral de la justicia, sobre todo en el aspecto organizativo. Y le daba una absoluta vuelta a la Administración de Justicia, con especial implicación del aspecto tecnológico. Y me llevé una gran decepción cuando el Gobierno de Mariano Rajoy la echó para atrás. Ese habría sido el punto de inflexión y hoy estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Luego se han hecho muchas cosas, pero puntuales. Por ejemplo, lo que se va a hacer ahora con Cartagena...

–Exacto. ¿Qué va a pasar con Cartagena, con su juzgado de lo Mercantil, por ejemplo?

–Quien decide dónde va esa sede judicial no es el Ministerio, sino el CGPJ. Nosotros hemos hecho la propuesta de que el juzgado 3 de lo Mercantil vaya a Cartagena y el 4 a Murcia. Y nuestra propuesta es modificar la ley de planta para que el juzgado de Cartagena asuma las causas de ese partido judicial y de San Javier. Bueno, se están haciendo cosas, pero mi gran decepción es que con aquel anteproyecto...

–...no se diera el gran salto.

–Como tampoco se ha dado el salto en lo de dejar la instrucción de los procedimientos al fiscal, ni se ha utilizado, salvo en una ocasión, la posibilidad legal existente de que los jueces que llevan causas de corrupción estén asistidos, en esos mismos procedimientos, por otros jueces.

–En la época en que era usted presidente del TSJRM se produjo una explosión de casos de supuesta corrupción. ¿No resulta bochornoso que, siete años después, muchos de ellos sigan sin llegar a juicio?

–En la Región se han hecho muchos esfuerzos para sacar adelante esas causas de corrupción y, actualmente, hay doce juzgados con refuerzos. Una pronta resolución de esos asuntos es imprescindible, pero hay una conjunción de causas. No ha ayudado mucho el famoso artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que yo creo que tenía una bondad extraordinaria al fijar plazos máximos, porque un asunto de corrupción no puede estar más de dos años en un juzgado. No se puede eternizar. Otras veces, de un mismo asunto no dejaban de surgir ramificaciones. Y, además, nuestro sistema es excesivamente garantista en la instrucción, lo cual no es bueno para la eficiencia. Debemos aprender de esas experiencias: las causas deben instruirse en un tiempo muy concreto y fijarse una buena metodología en la instrucción. Es cierto que es una de las rémoras que tenemos, pero se han sacado adelante muchos asuntos en un tiempo razonable, aunque queden algunos por salir.

–Quedan muchos aún.

–Sí, quedan. Hay que seguir haciendo un esfuerzo.

–Ha hablado usted del artículo 324. ¿Cómo ha visto el CGPJ el hecho de que un puñado de asuntos de corrupción se hayan malogrado porque algún juez ha estado meses, incluso años, sin tocarlo, casi como si no supiera que eso estaba en su juzgado? ¿Ha estado ocupado y preocupado el CGPJ por esas cuestiones?

–Evidentemente. Esos casos han trascendido para el Consejo y tenemos un Servicio de Inspección que hace que se disparen las alarmas. Se han llevado a cabo muchas inspecciones y ha surgido alguna deriva disciplinaria por excesivas dilaciones en la instrucción debido a trámites que podían ser superfluos. El Consejo ha sido y es enormemente consciente de eso y ha sido enormemente vigilante. En lo de los plazos del 324 ya habría que entrar en cada caso concreto.

–¿Y en qué se ha traducido esa labor inspectora del CGPJ? ¿Cuántas sanciones se han impuesto?

–Cada año hay más de 12.500 denuncias por el funcionamiento de la justicia, hay cientos de inspecciones... El Consejo, en su función inspectora y sancionadora, es de los órganos más auditados.

–Insisto. ¿Cuántas sanciones?

–No tengo la cifra exacta, pero unas doce o catorce al año.

–De un colectivo de 5.400 jueces.

–En el Pleno pasado sancionamos a tres jueces por faltas muy graves y a uno de ellos con tres años de separación de la carrera. Tendría que ver los datos exactos. A veces la responsabilidad no es solo del juez, hay mucha carga de trabajo...

–Justificarse con la carga de trabajo es muy fácil. Todos llevamos mucha carga de trabajo. En fin... Cuando dejó la presidencia del TSJ dijo la siguiente frase: «No tengan la menor duda de que ha merecido la pena». ¿Le sirve esa conclusión para definir también su paso por el CGPJ?

–Completamente. Yo solo he sido un servidor público. Y mi experiencia como servidor público en el CGPJ ha sido plena. He trabajado con ilusión, con entusiasmo y con responsabilidad.

–¿Y ha ejercido de murciano?

–Al cien por cien. Pero no he querido dar la lata con eso ni presumir de ello.