Las denuncias por ocupación ilegal de viviendas crecen un 22% en la Región en un año

La primera alarma llegó a través de un vecino de la escalera. Los meses de confinamiento les pillaron con el pie cambiado y, en ese momento, no contaban con ningún inquilino. El piso se encontraba vacío. «Me llamaron y me dijeron que se habían dado cuenta de que había marcas en las puertas de algunas casas», explica Manuel, que prefiere omitir su nombre real en este reportaje. «Nos acercamos, intentamos abrir y no había manera». Desde el otro lado de la puerta una voz desconocida confirmó la sospecha que a este vecino de Murcia le rondaba la cabeza desde hacía horas. «Nos dijeron que no iban a abrir».

Manuel se encontró, de la noche a la mañana, con unos extraños que se habían adueñado de su vivienda y con un mar de dudas. «Ellos decían que el piso se lo había alquilado una inmobiliaria y que los habían engañado», explica. «Por una ventana asomaron a un niño pequeño». Los vecinos se percataron poco después de que otra vivienda del mismo edificio también había sido visitada por los ocupas y, aunque aún estaba vacía, ya tenía la cerradura cambiada. «Alguien había estado controlando el edificio y se había dedicado a entrar en los pisos y a prepararlos para ofrecerlos», relata Manuel. «Te sientes totalmente impotente».

La suya no es una historia aislada. Se repite una y otra vez como un soniquete. De acuerdo a los datos facilitados por el Ministerio de Interior, entre enero y mayo se han registrado en la Región de Murcia hasta 149 denuncias por ocupación de vivienda. La cifra, que supone prácticamente una denuncia diaria, se ha incrementado un 22,1% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 122. El aumento en la Comunidad es mucho más acentuado que a nivel nacional donde, según los datos de Interior, en estos cinco meses se firmaron 5.770 denuncias por usurpación de casas, apenas un 2,6% más.

A la ocupación de viviendas que algunas familias han llevado a cabo tradicionalmente, azuzadas por la falta de recursos, se suma ahora un tipo de usurpación más profesionalizada. El pasado enero la Policía Nacional desarticuló una organización en Mula que se ganaba la vida ocupando casas de forma ilegal para alquilarlas luego a inmigrantes que acababan de llegar al país. Su clientela principal eran magrebíes con dificultades económicas y en situación irregular, que pagaban entre 50 y 100 euros al mes por una plaza en esos pisos.

El inspector jefe Miguel Marcos de Castro, jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional en Murcia, diferencia claramente entre las ocupaciones por necesidad -en cuyo caso cuentan con una protección legal- y aquellas que esconden la actividad de un grupo organizado. En estas últimas, explica, el morador suele ser también «estafado» y se le cobra un alquiler por el domicilio ocupado que oscila entre los 100 y los 150 euros. «A veces los adoctrinan para el caso de que llegue la Policía y los amenazan para que camuflen que se trata de una vivienda de origen ilícito», remarca.

El inspector jefe Marcos de Castro hace hincapié en que estas bandas suelen poner sus ojos en viviendas pertenecientes a entidades bancarias, pues consideran que, así, el proceso se demorará más. Ademas, asegura que este es un problema que atenaza principalmente a las localidades costeras, enclaves en los que, en algunos momentos del año, apenas un 10% o un 15% de las viviendas están habitadas. «Intentamos conocer todas las estructuras de la organización porque en ocasiones no tocan solo un palo», subraya. «A veces están ligadas también a redes de prostitución o de trata de seres humanos».

José Carlos Fuster, director comercial y de márketing de VPS, multinacional especializada en instalación de sistemas antiocupación, sostiene rotundo que las mafias ya campan a sus anchas en el ámbito de la ocupación. «Actúan de varias formas, pero básicamente identifican las viviendas vacías, consiguen acceder forzando la puerta y las ponen a disposición de inquilinos a cambio de un pago que puede ser puntual o incluso mensual», explica. «Pueden llegar a facilitar contratos falsos y aconsejan a los ocupas cómo actuar ante la Policía».

Salvador Palazón, gerente de la empresa Desokupa Exprés, asegura haber percibido un notable aumento de trabajo en los últimos meses. «La ocupación ha aumentado un disparate», subraya. Esta firma se dedica a la búsqueda de una salida pactada a los ocupantes ilegales de viviendas privadas, a través de una negociación o de otros medios. En sus anuncios afirman que logran sus objetivos «siempre de manera pactada y bajo la legalidad vigente». El responsable de operativos de la empresa -que prefiere no revelar su nombre- sostiene que existe un «amplio grupo de mafias» volcado en la ocupación de inmuebles. «A veces llegas y te dicen que la casa se la ha alquilado un fulano por 500 euros», relata. «Hay gente que se dedica a la pura ocupación».

En estos casos, incide el inspector jefe Marcos de Castro, es crucial la rapidez a la hora de dar la voz de alarma. Todos los agentes implicados insisten en que las ocupaciones 'en caliente' son las únicas capaces de revertirse fácilmente. «Si podemos demostrar que no constituye morada puede ser delito», remarca el jefe de la UDEF. «Por eso, siempre buscamos la colaboración de los vecinos». En muchos casos, sin embargo, la legislación impide a los agentes actuar de manera inmediata y la solución queda entonces en manos de unos tribunales sobrecargados, cuya respuesta se hace esperar.

En las últimas semanas la oposición ha vuelto a tratar de situar la persecución de la ocupación en el centro del debate. El presidente del PP, Pablo Casado, defiende la necesidad de una ley contra la ocupación ilegal que incluya pena de cárcel y facilite a la Policía poder echar a los ocupas en un máximo de 48 horas. Ciudadanos, por su parte, registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que pretende agilizar el desalojo de los inmuebles y su recuperación por parte de los propietarios y endurecer el castigo a los infractores. La iniciativa señala que las ocupaciones ilegales han experimentado «un elevado crecimiento durante los últimos años» y que los cauces legales para garantizar a los ciudadanos «la tenencia y el disfrute pacífico de su propiedad» son «manifiestamente insuficientes».

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Murcia, Paco Morote, reconoce la existencia de algunos «abusos» y la presencia de mafias que tratan de pescar ganancias en este caladero. Lamenta, sin embargo, que la oposición «criminalice al pobre», mientras «no hace nada por incrementar el parque público de viviendas o por movilizar casas desocupadas». De acuerdo al último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos relativos a 2011, en la Región existen más de 129.000 inmuebles vacíos. Morote hace hincapié, además, en que el parque público de vivienda en la Comunidad ronda el 0,36%. «Solo en el municipio de Murcia hay más de mil demandantes de un domicilio», subraya. El portavoz de la PAH insiste en la necesidad de que el Gobierno regional rectifique el proyecto de ley 3/2020 de mitigación del impacto de la Covid-19 en materia de vivienda y mantenga su parque público y el registro de quienes las demandan. «La Comunidad no puede responsabilizar a nadie porque las competencias son plenamente suyas», incide.

Cuando se cierran otras puertas, la justicia ofrece al propietario de una vivienda ocupada dos vías, según explica el letrado Lorenzo Peñas, especializado en la resolución de este tipo de conflictos. Una es por la vía civil y la otra por lo penal. La primera opción no discrimina entre si se trata de vivienda habitual o segunda residencia. En la vía penal, sin embargo, sí existe un tratamiento diferente y, si se ocupa una vivienda habitual, su autor afrontará penas de prisión de hasta dos años por un delito de allanamiento de morada. Si el ocupa, sin embargo, se hace fuerte en una casa que constituye una segunda residencia, la ley contempla únicamente penas de multa de 3 a 6 meses. Peñas remarca que estas sanciones suelen oscilar entre los 180 y los 720 euros dado que se imponen en función de la situación económica del condenado. «Para algunos propietarios es una auténtica miseria», reconoce. «Es desolador el panorama judicial».

La condena penal al ocupa, ademas, incide el letrado, suele hacerse esperar bastante en el tiempo. «No se tarda lo mismo en los juzgados de Murcia que en los de San Javier», explica, «pero entre un año y un año y medio no te lo quita nadie por mucho que quieras correr».

En 2018 -último año del que existen datos- hubo 168 condenados en la Región por delitos de usurpación, según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra ha oscilado bastante en los últimos años, alcanzando su máximo en 2016, cuando se sobrepasaron los 230 penados por este motivo.

Más allá de la vía penal, insiste Peñas, la jurisdicción civil ofrece una respuesta más ágil, principalmente tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2018. El año pasado llegaron a los juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción de la comunidad hasta 158 procedimientos por usurpación de vivienda, de acuerdo a los datos recabados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La cifra supone un aumento de hasta un 276% sobre los 42 casos que estos órganos registraron solo un año antes. El incremento, una vez más, es en Murcia más acusado que a nivel nacional. En toda España sumaron en 2019 poco más de 4.000 casos, un 130% más que en el ejercicio anterior.

Con la reforma, explica el letrado, se salvaron algunos obstáculos que complicaban aún más sacar adelante estos procedimientos. Sin embargo, actualmente, reconoce, la respuesta todavía puede hacerse esperar «entre cinco y siete meses». Peñas está convencido, sin embargo, de que la solución a esta problemática pasa por un reforzamiento de estos órganos y por la derivación de casos al ámbito de la mediación. «La situación social es dramática y aumentar las penas es un error», recalca. «La inmensa mayoría de los casos que vemos son gente sin recursos, con un nivel cultural muy bajo, a la que le han hecho un contrato en una servilleta». Este especialista remarca que la última reforma puso sobre la mesa ideas muy buenas, pero incide en que es necesario dotarlas de recursos.

Manuel barajó varias opciones cuando descubrió su vivienda ocupada por unos extraños. «Lo primero que uno hace es llamar a conocidos para que te aconsejen y en esto cada cual tiene su opinión». Este vecino de Murcia contactó con la empresa Desokupa Exprés para que le ayudase a salir del entuerto y, siguiendo sus pasos, logró librarse de los ocupas en apenas 24 horas.

«Con los vecinos conseguimos que nadie más pudiese acceder al edificio y, al verse dentro sin contacto con el exterior, se marcharon», recuerda. «Tuvimos la suerte de que no fue muy largo y no nos destrozaron nada». Manuel prefiere no revelar el dinero que pagó a la compañía por sus servicios, aunque el responsable de operativos avanza que el coste ronda los 2.500 euros y aumenta en función de la dificultad del caso. «Da mucha rabia tener que gastarte un dinero que te ha costado mucho ahorrar», reconoce este vecino de Murcia, «pero en ese momento pagas lo que te pidan».