La jubilación a los 65 años pasa de moda en la Región de Murcia

David Gómez

Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:31 | Actualizado 18:41h.

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Los trabajadores de la Región cada vez se jubilan con una edad más avanzada. En concreto, a los 65 años y 6 meses, que es la media que recogen las estadísticas oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En base a mismos datos, la edad promedio de jubilación ha aumentado en la Región casi un año desde 2018, cuando estaba fijada en 64 años y 7 meses.

De esta forma, solo dos de cada diez altas (19%) por jubilación producidas en el sistema en los siete primeros meses de 2025 (el Ministerio solo ofrece datos actualizados hasta julio) son de ciudadanos de menos de 65 años, lo que supone un descenso de diez puntos respecto a hace siete años, cuando el 30% de los nuevos jubilados tenía menos de 64.

La explicación se encuentra en la reforma que aprobó el Gobierno de España en 2013, con Mariano Rajoy como presidente, en la que se elevaba progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años. Así que, actualmente en 2025, para retirarse a los 65 y alcanzar una pensión decente es necesario contar con un mínimo de 38 años y tres meses cotizados en la Seguridad Social. Si no, hay que esperar a los 66 años y 8 meses. Una horquilla de edad que subirá en 2026 hasta los 66 años y 10 meses, para llegar a los 67 años en el ejercicio de 2027.

A ello hay que sumar los cambios añadidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en el camino de incentivar la continuidad en el servicio para hacer frente al impacto que tendrá para la sostenibilidad del sistema de pensiones la entrada de la generación de los nacidos en la década de los 60 y 70 del siglo XX, una época que estuvo caracterizada en España por un incremento de la natalidad. Estos hijos del 'baby boom' recibirán unas prestaciones más elevadas que las actuales, y durante más tiempo, ya que también se está alargando la esperanza de vida. En la Región, las pensiones más elevadas (por encima de los 2.000 euros mensuales) son las de los 3.533 jubilados que cuentan con menos de 65 años. Las del resto de grupos de edad no alcanzan los 1.500 euros mensuales.

Así, cada vez es más frecuente encontrarse en la oficina con un trabajador que, en otra época, a su edad, estaría cuidando a los nietos en el parque, mientras que es menos habitual hallar al empleado de banca que era prejubilado antes de los 60 y se iba con un buen salario para el resto de su vida. LA VERDAD ha reunido en este reportaje a un trabajador que se retiró antes de lo que le correspondía, a una empleada pública que se jubila más tarde de lo que hubiera querido porque perdió años de cotización cuidando de mayores y a un funcionario que sigue trabajando pese a superar la edad media de ingreso en el club de los pensionistas.

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José Manuel Martínez está a punto de cumplir 68 años y todavía no se ha jubilado, ni tiene pensamiento de hacerlo en el corto plazo. Desde hace 35 años forma parte del Cuerpo de Interventores y Auditores de la Comunidad, teniendo a su cargo el control de las consejerías de Salud, que dirige Juan José Pedreño, y de Política Social, Familias e Igualdad, con Conchita Ruiz al mando. Es uno de los 135 funcionarios de la Administración autonómica que se ha acogido a los programas de prolongación de servicio activo en los últimos cinco años.

«Me podría haber jubilado a los 65 años pero, gracias a Dios, me encuentro en buenas condiciones físicas y mentales para seguir trabajando durante algún tiempo más, así que llevo ya tres prórrogas de servicio, porque la continuidad en el servicio la tienes que renovar año a año. La realidad es que me encuentro muy bien», relata a LA VERDAD José Manuel Martínez López, quien afirma que, para que concedan la continuidad, tiene que someterse a una serie de pruebas físicas y psicológicas. Además, los empleados públicos que deciden continuar algunos años más reciben incentivos económicos.

«No es que no me apetezca jubilarme ya y disponer de más tiempo libre. He de reconocer que, a veces, me viene la idea a la cabeza. Pero la verdad es que, por ahora, quiero seguir trabajando. Lo principal en un empleo es tener a tu lado a un equipo de colaboradores competente, porque si no, el día a día se te puede hacer tedioso. Por fortuna, cuento con tres personas muy buenas en el departamento, con las que me entiendo muy bien», afirma el empleado público regional, que también apela a la cuestión personal: «Mi mujer sigue en activo y, por ahora, ninguno de mis hijos me ha dado nietos».

El caso de José Manuel es bastante frecuente en la Administración regional, donde en lo que se lleva de 2025 han pedido la continuidad en el servicio activo 75 funcionarios. El tope de edad para seguir trabajando está en los 70 años (a excepción de la carrera judicial, que pueden estar hasta los 72), cuando dejará el servicio sí o sí, siempre que no decida hacerlo antes. «A ver, estoy en una oficina, no subido en un andamio. Durante toda mi vida he hecho deporte, así que me encuentro en perfectas condiciones físicas y mentales para trabajar. Además, los problemas con los que te puedes encontrar dentro de la Administración no son grandes, aunque esta ha cambiado mucho de cuando yo entré hace 35 años», sentencia José Manuel.

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El próximo viernes 19 de septiembre pasará a ser oficialmente una jubilada Marisol Cárceles, trabajadora de la delegación provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Región de Murcia. Se retirará a los 66 años y 8 meses, por encima de la media regional, que actualmente está situada en 65 años y 8 meses. Lo hace tras 40 años de servicio a la administración pública, aunque para el cálculo de su retiro solo tendrán valor 38, pues no le serán reconocidos dos de los tres años que pasó en situación de excedencia por el cuidado de sus ancianos padres. Una situación que afecta a muchas mujeres, que siguen siendo las que más sacrifican su carrera profesional (y con ello, su sustento futuro) para dedicarse a la tarea de los cuidados de los hijos y los mayores, lo que evidencia la desigualdades de género que todavía permanecen latentes en la sociedad. «No pude jubilarme a los 65, como me hubiera gustado, por esta interrupción», afirma, aunque matiza que, en su caso, no tiene hermanos varones con los que denunciar discriminación familiar en ese sentido.

Marisol Cárceles, que dejará de trabajar a la vez que su pareja –un profesor de la Universidad de Murcia–, asegura que esta tendencia a jubilarnos cada vez más tarde le parece «un auténtico disparate». «Hay que jubilarse antes, porque la vida se pasa muy rápida. Además, cuanto más mayor eres, lógicamente más desgaste tiene tu cuerpo. ¿Cuántos casos conocemos de gente que, nada más jubilarse, se muere?», se pregunta. «Hay que reinventar esto para que las personas podamos tener otra vida que no solo sea la laboral», reivindica.

De cara a la nueva etapa, señala que se dedicará «a seguir viviendo, pero con mucho más tiempo libre y viendo las cosas con una perspectiva de más tranquilidad, de mayor paz». Ahora mismo, lo que más valorará de no tener que ir a trabajar será «no madrugar», algo a lo que no se ha terminado de acostumbrar en todos estos años. También disfrutar de la casa que tiene en Puntas de Calnegre, así como cuidar de los dos huertos que tiene con su pareja, en la playa y en Murcia. Otro hábito que cultivará en los próximos meses será la lectura, un placer que dejó olvidado en los últimos años precisamente por el desgaste que provocaban en su vista tantas horas frente a un ordenador en su puesto de trabajo.

Sobre el futuro de las pensiones en España, Marisol Cárceles, quien se define como progresista, no es tan catastrofista como otras voces que cuestionan la viabilidad de lo público. «Hay intereses que intentan hacernos creer que el sistema no funciona. Y luego vienen los revolucionarios como Milei o Alvise, que lo van a arreglar todo. Pero el sistema seguirá funcionando si queremos que siga funcionando. Y tenemos que luchar por ello. Las dificultades son una realidad, pero vamos a invertir el dinero en las pensiones públicas, en la sanidad pública, en la educación pública, si queremos que sigan funcionando», explica.

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Jesús Vázquez, calasparreño afincado en Murcia desde los 13 años, no se jubilará oficialmente hasta 2026, cuando cumple 63. Pero prácticamente lleva prerretirado desde 2022, cuando a sus 59 años fue incluido dentro del expediente de regulación de empleo (ERE) de Caixabank, entidad en la que, a través de las sucesivas fusiones, está lo que en tiempos fue CajaMurcia, donde fue director de diferentes sucursales de la Región durante más de veinte años.

«Lo que yo tengo es un acuerdo de desvinculación, por el que te van pagando la indemnización por despido por meses hasta los 63 años, cuando ya entras obligatoriamente en la jubilación anticipada. A partir de ahí, si tienes 38,5 años de cotización, cobras el 100%. Si no, como me pasa a mí por unos primeros años en los que no estuve dado de alta, pues te penalizan un 1,78% mensual, lo que se me quedará entre un 20 y un 30% menos», afirma Vázquez, quien no se arrepiente de haber salido de la entidad «porque estaba deseando irme, sobre todo porque los últimos doce años estuve como responsable sindical en Madrid, lejos de mi familia y negociando expedientes de regulación de empleo, cosas muy desagradables», confiesa.

Jesús lleva tres años sin tener que ir al trabajo, aunque mantiene la actividad sindical como secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en la Región. «Lo hago desinteresadamente, porque al final con los años creas vínculos con los compañeros». A su vez, disfruta del tiempo libre, pues está en grupos de senderismo, de pádel y viajes. Jesús, padre de dos hijas que todavía no le han dado nietos, no duda de la viabilidad del sistema de pensiones, aunque sí «de la viabilidad de la política tal y como está concebida actualmente». Considera «una negligencia» la utilización por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy de la caja de la Seguridad Social para otros fines, entre ellos el rescate a los bancos, «un préstamo que nunca ha sido devuelto en su totalidad y que ahora tenemos que pagar los ciudadanos». «Estamos pagando las negligencias de gobiernos anteriores», concluye Jesús.