«El Estado tiene una deuda con el sector de la hostelería»

«Hemos intentado decir que estamos heridos y necesitamos ayuda y, en ningún momento, hemos tenido una respuesta desde el Gobierno». La cocinera Begoña Fraire, propietaria del restaurante Étimo en Madrid, puso ayer voz al sentir del más de un millar de propietarios de bares, restaurantes y cafeterías, entre ellos algunos murcianos, que ya se han agrupado en torno a la plataforma nacional 'La hostelería es de todos' para demandar al Gobierno central y a la Comunidad. El objetivo de este grupo es reclamar una indemnización a la Administración por las pérdidas sufridas desde la declaración del primer estado de alarma, el 14 de marzo de 2020. «Lo único que estamos haciendo», incidió, «es reclamar nuestros derechos».

Este colectivo, que está representado por el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, tenía previsto presentar hoy la primera remesa de demandas ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ese es el tramite previo a su presentación ante el Tribunal Supremo. El «ingente volumen» de la documentación presentada les ha llevado, por el momento, a retrasarlo a una fecha aún no especificada, explicó Diego Solana, uno de los socios del despacho. La idea de esta plataforma, en todo caso, es ir presentando medio centenar de demandas de hosteleros cada semana.

Dado el ingente número de negocios que se quieren sumar a esta demanda colectiva, la plataforma ha fijado el próximo 14 de marzo, aniversario del decreto de estado de alarma, como fecha límite para adherirse a la iniciativa.

La cuantía de las indemnizaciones que reclaman, explicó Solana, variará mucho en función del tamaño del negocio, de la zona, del impacto de las medidas... «Hay reclamaciones que superan los tres millones de euros al tratarse de grandes cadenas o propietarios con muchos restaurantes», explicó. En los casos de pequeños bares o restaurantes la cuantía reclamada ronda los 10.000 o 20.000 euros.

Los letrados de la plataforma aplaudieron, asimismo, la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco de permitir la apertura de los establecimientos hosteleros que se encuentran en zona roja por su alta incidencia de contagios. Solana aseguró que la resolución de la justicia vasca confirma alguna de las posturas que defienden en sus demandas. «El Estado de Derecho y la Justicia no están en cuarentena y cualquier decisión de la Administración está sujeta a la revisión de jueces y tribunales, incluso en un estado de alarma», subrayó.

El letrado Alberto Ruiz Ojeda, otro de los socios del despacho, se mostró convencido de que la decisión del TSJ vasco generará un «efecto dominó» en el resto de tribunales del país. Remarcó, no obstante, que se trata de una medida provisional e hizo una llamada a la prudencia. «Ha habido reacciones excesivamente optimistas y la resolución no supone una decisión sobre el fondo del asunto», subrayó.

Bajo el paraguas de esta plataforma se han unido algunos conocidos del mundo de la gastronomía como Alfonso García Muñiz, propietario de la taberna Casa Alfonso, que lleva más de 90 años dando de comer en Barcelona. «Reclamamos lo que es nuestro: si te prohíben trabajar, te tienen que indemnizar», incidió el propietario. «No estamos pidiendo ayudas, reclamamos derechos».