La Educación Infantil, en pañales
La pandemia ha dado otra vuelta de tuerca a la baja tasa de escolarización del primer tramo de Infantil. Este déficit tiene consecuencias en la conciliación y en el progreso futuro de los niños
Lograr una plaza en una escuela infantil pública es casi una quimera que tan siquiera tienen asegurada las familias con menos recursos. La oferta de puestos para niños de 0 a 3 años, estancada desde hace más de una década, es tan exigua que solo las rentas bajísimas tienen opciones. Las escuelas municipales, las de la Comunidad y los modelos híbridos (centros de atención a la infancia, puntos de conciliación, ayudas...) disponen en total de poco más de 9.200 puestos para atender al censo de más de 58.000 menores de hasta 3 años contabilizados por el INE (aunque hay que tener en cuenta que algunos padres prefieren no llevar a sus hijos a centros a esas edades). La falta de opciones para las familias que quieren inscribir a sus hijos en una guardería sin gastar los 300 euros al mes de media que cuesta una privada ha provocado que la Región de Murcia registre, también desde hace años, la tasa de escolarización en la primera etapa de Infantil (de 0 a 3) más baja de España, solo por delante de Ceuta, y de poco más de un 18%. Mientras, comunidades como Galicia ya han anunciado que el próximo curso todas las guarderías, públicas y privadas, serán gratuitas para las familias.
Un retraso que ocasiona daños colaterales en otros ámbitos de trascendencia: serias dificultades para la conciliación (con un efecto evidente en las posibilidades de igualdad de la mujer), inequidad en la formación de los niños (la OCDE avala que se trata de la etapa educativa con mayor impacto compensador y reflejo en los resultados), y la natalidad, en caída libre en la Región desde hace unos años.
La falta de opciones en la red pública incide en la escasa escolarización de menores de 3 años en la Región. Apenas un 18% de los niños murcianos asisten a una guardería pública o privada, una tasa baja si se compara con el 53% del País Vasco o con la del amplio grupo de comunidades por encima del 40%, entre las que se encuentran también Andalucía, la Comunidad de Madrid y Galicia, seguidas por Cataluña, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, entre el 30% y el 40%. Las restantes oscilan entre el 20% y el 30%, con las únicas excepciones de Murcia, Castilla-León y Ceuta.
La dificultad para pagar las mensualidades medias en una guardería privada, que no suelen bajar de 300 euros, está detrás de la baja escolarización en esa etapa. Son muy pocas las familias murcianas que se benefician de la gratuidad del servicio, reservado a rentas muy castigadas. Los cerca de mil padres que llevan a sus niños a una de las catorce escuelas dependientes de la Consejería de Educación no pagan nada. Los que ocupan una de las 4.200 plazas de las 58 guarderías municipales repartidas por la Región abonan tasas que oscilan entre los 20 y los 200 euros, dependiendo de su nivel de renta. La red pública de escuelas infantiles se completa con la oferta de los centros y puntos de atención a la infancia, muchos gestionados por ayuntamientos, pero otros por organismos y entidades que reciben subvenciones también de la Comunidad. En esos servicios, planteados como asistenciales, las tarifas, aunque suelen regirse por el sistema de precios públicos, no son tan económicas, y varían entre los 90 y los 250 euros al mes.
Los miles de hogares que se ven obligados a recurrir a una privada tienen que abonar entre 300 y 500 euros, una mensualidad no apta para muchos bolsillos. «Es el punto de partida de la desigualdad de oportunidades. Son miles las familias que no pueden abonar esos precios en la Región y terminan dejando a sus hijos con sus abuelos o con madres de día. El perjuicio es para las mujeres, que ven limitadas sus opciones laborales», lamenta la secretaria general de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA), Clara García Sáenz de Tejada.
La carencia se compensa solo en parte con ayudas para el pago de los gastos de guardería. El Gobierno regional habilitó el pasado año unas becas de hasta mil euros para el abono de las mensualidades, a las que solo tenían acceso las rentas muy bajas. Tanto, que las draconianas condiciones económicas marcadas provocaron que, en la última gestionada por la Consejería de Educación, solo se concedieran dos de las 56 ayudas solicitadas, y la partida de 500.000 euros habilitada quedara casi intacta. Además, la Administración permite la deducción del 20% de los gastos de guardería (en la renta de 2019 se beneficiaron más de 10.000 familias) y ofrece otras subvenciones para la contratación de desempleados para el cuidado de hijos menores y deducciones de las cuotas de esos trabajadores.
La mala situación de partida de la Región se ha visto agravada además por la pandemia. El desempleo, los ERTE, la crisis y el temor al contagio en algunos casos han dado otra vuelta de tuerca a la escolarización infantil, con una caída del 3,3% en los 'cursos Covid', según el último informe de Save the Children, que alerta de que en el último año escolar se produjo una bajada de la tasa de escolarización en la franja de 0-2 años de 5 puntos de media en España. El descenso ha sido menor en la Comunidad, que aún así queda muy alejada de la media nacional.
El impacto de ese déficit va mucho más allá de las dificultades de conciliación de las familias. El mismo informe incide en las irrecuperables consecuencias para la infancia más vulnerable, ya que «no cursar el primer ciclo de Infantil tiene efectos sobre el éxito educativo, aumenta el riesgo de repetir curso, de abandono prematuro de los estudios en el futuro, y de perpetuar la pobreza», remarca Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children.
«Es más rentable invertir en párvulos que en bolsa», defiende el premio Nobel de Economía James Heckman. Una opinión que comparte el director del centro de estudios en Habilidades no Cognitivas y Evaluación Económica de la Universidad de Murcia, Ildefonso Méndez, quien sostiene que el acceso a la educación de 0 a 3 años tiene un «notable impacto» en el desarrollo de los niños, al tiempo que «permite una valoración e intervención temprana de posibles necesidades educativas especiales, mejorando el pronóstico». El tiempo perdido, incide el experto, es irrecuperable: «Acceder a la Educación Infantil de segundo ciclo, esto es, entre los 3 y los 6 años de edad, no compensa plenamente las oportunidades perdidas por no haber podido hacerlo antes».
Las apreciaciones de los expertos las avalan los datos y cifras recopilados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y por el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes PISA. La primera defiende «la función esencial que la Educación Infantil desempeña en el desarrollo cognitivo y socioemocional, ya que ayuda a mitigar la desigualdad». PISA remarca en sus informes sobre el nivel educativo de los chavales de 15 años que los estudiantes escolarizados en esa etapa obtienen unos resultados superiores a aquellos que no lo hicieron. La diferencia en la evaluación lectora de PISA supera los 50 puntos, lo que supone un año de escolarización oficial. El acceso a plazas públicas es pues, para Andrés Escarbajal, miembro del grupo de Investigación Educación Inclusiva de la UMU, «clave en la garantía de la igualdad de oportunidades en la escuela».
«En los primeros 6 años de vida se sientan las bases de todo, es un momento muy sensible en el que el niño estructura su personalidad y aprende a relacionarse con el mundo», detalla Beatriz Navarro, maestra y coordinadora pedagógica en la Escuela Murciana de Primera Infancia (Empi). Lo mismo opina Paloma Bernal-Quirós, maestra y directora del Centro Infantil Británico Initial School, quien aprecia mucha diferencia en la adquisición de autonomía entre los menores que han asistido a guardería y los que no. «A esa edad son esponjas», considera.
Las dificultades de conciliación provocadas por la falta de oferta tienen también un efecto evidente en la imparable caída de la natalidad, que ya ha comenzado a tener reflejo en las aulas de los niveles inferiores de los colegios. El censo de niños de 0 a 3 años lleva ya años en declive, anotando reducción tras reducción desde 2009. Si en ese año los menores de esa edad superaban los 74.100, en 2021 la cifra ha menguado hasta los 58.600, 15.000 menos.
Ayudas directas o red pública
Una despoblación que ya sufren el centenar de cooperativas asociadas a Ucomur que ofrecen Educación Infantil, afectadas por el descenso de alumnos. «Son muchas las familias que no pueden pagarla, y la tendencia a la baja de la natalidad es constante», advierte el presidente de Ucoerm, Juan Antonio Pedreño, quien aboga por un sistema de subvenciones directas a las familias que permitiría, a la vez, mantener esos centros y puestos laborales, y amortiguar el desembolso de los padres. Una propuesta que abre el debate del futuro de las escuelas infantiles de la Región, que parece que será muy diferente al ideado por el Ministerio de Educación en su plan de universalización de la etapa de 0 a 3 años en escuelas públicas incluido en la nueva ley de enseñanza, la Lomloe.
El futuro inmediato de la Educación Infantil en la Región se encuentra hoy en una encrucijada, tras el anuncio del Ministerio de invertir 670 millones de euros en ese tramo, 200 este mismo año. De partida, la concepción de los Gobiernos central y autonómico va en direcciones opuestas. El objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez es universalizar esa etapa educativa y crear una red de plazas integradas en los colegios públicos, mientras que la Comunidad apuesta por repartir ayudas directas a las familias. Así, el modelo que se implante en la Región, que no será en ningún caso el adoptado por Galicia, se decidirá en los próximos meses.
La inversión del Ministerio prevista para 2021 alcanza los 200 millones, que permitirán crear 21.794 plazas públicas en toda España. De esa dotación, el PSOE regional calcula que a la Región le corresponderán seis millones (casi 700 plazas), en función de su población escolar.
El diputado socialista Antonio José Espín reclama que el dinero se invierta solo en plazas públicas, pero teme que, si el Ministerio no marca las condiciones, en la Región se utilice para subvencionar y concertar puestos en guarderías privadas. «Las ayudas deben ser para las familias que las necesitan, no para financiar la red privada», reclama. También el secretario de Enseñanza de Comisiones Obreras sospecha que la partida «se invertirá en el rescate de la red privada, en apuros por la crisis».
Por lo pronto, los planes del Gobierno regional de cara a los nuevos presupuestos para el próximo año van en esa dirección, ya que tiene previsto ofertar ayudas directas a las familias, proporcionales en función de la renta, para sufragar los gastos de guardería «con el objetivo de favorecer la conciliación familiar y laboral». Esas subvenciones procederán de las arcas regionales, que, de momento, no tienen noticias de la aportación del Ministerio.
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