Cultivos bajo control en la zona del Mar Menor

«Casi todo el mundo lo hace bien, desde luego los agricultores pequeños y medianos cumplimos la ley. Pero nos meten a todos en el mismo saco y nos criminalizan. Nos culpan de todo y solo hablan de regadíos ilegales, cuando hay parcelas con pozos de hace un siglo que, simplemente, no están inscritos en el Registro. No hablan de las urbanizaciones y naves que han alterado el terreno y causan inundaciones, de los puertos deportivos...», lamentó Martínez, quien, como la Comunidad, permitió a LA VERDAD presenciar la inspección. Al igual que los técnicos, evitó mostrar su cara por posibles represalias.

Este empresario agrícola de la ribera sur, en el municipio de Cartagena, posee unas 30 hectáreas. Allí emplea hasta a seis personas. «Llevo dos años perdiendo dinero con la agricultura ecológica, porque implica que los árboles crezcan y cumplir requisitos más exigentes y caros; pero tengo que aguantar el tirón», señaló optimista.

Lo hizo mientras mostraba a los funcionarios una sonda de humedad, con la que controla las necesidades de riego desde su teléfono móvil; las «mantas» de geotextil que recubren la base de sus limoneros jóvenes, para poner coto a las malas matas y evitar los herbicidas; y la disposición de los surcos y caballones en terrazas perpendiculares al mar, para evitar el arrastre de agua y sedimentos por lluvias torrenciales.

Los inspectores, adscritos a la Dirección General del Agua, recordaron que, como este bancal, todos los «recintos agrícolas» situados a menos de 1.500 metros de la albufera deben acatar las limitaciones del artículo 29 de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor. En esta franja, recién ampliada por la Asamblea Regional a toda la Zona 1 de la ley, prohíbe el uso de fertilizantes y estiércoles. Además, ya no se permite el uso de abonos nitrogenados. PSOE, Podemos y los dos diputados leales a Cs votaron en contra, al considerar la medida insuficiente.

En dos años, la Comunidad ha abierto 202 expedientes sancionadores por incumplir la ley y el decreto previo. Ya hay 62 multas firmes de hasta 50.000 euros, detallaron fuentes de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, que dirige Antonio Luengo. Entre otras carencias, los inspectores detectaron falta de setos.

En el Gobierno regional añadieron que lo habitual es que los infractores sean reincidentes. Y añadieron que sacar a la luz las anomalías exige un trabajo «complejo» y condicionado por «el respeto a los derechos de los afectados», por ejemplo en los plazos de alegaciones.

Los inspectores explicaron que «antes de las visitas se pide al titular de la explotación agrícola o ganadera abundante documentación, como el cuaderno de campo, el plan de abonado y riego y las facturas de compra de fertilizantes». Comparando esta información con la obtenida sobre el terreno, comprueban desde la cantidad de nitrógeno del suelo a la gestión de residuos plásticos y de purines.

En la parte más próxima a la laguna, el tope de «extracción de nitrógeno» –elemento químico usado para el desarrollo del fruto y cuya filtración a la laguna contribuye a su contaminación por nutrientes– se sitúa entre 4,8 y 6 kilos por tonelada de cosecha. Y hacer que ésta y el resto de restricciones se cumplan en las distintas áreas de la cuenca incluidas en la ley, que suman 121.594 hectáreas, está en manos de siete inspectores.

En la Consejería apuntaron que éstos forman parte de la Unidad Agroambiental, formada por 19 personas, entre inspectores, jurídicos y administrativos. Y destacaron que sin ella «no sería posible tramitar los expedientes» y que será reforzada con 16 personas: 11 inspectores y 5 jurídicos.