Los gobiernos de Andalucía y Valencia se suman a la protesta por el recorte del Trasvase
Compromís reclama la comparecencia de la ministra en el Senado por el «cambio de guion» y el PP regional anima a la sociedad a manifestarse
La concentración de este miércoles en Madrid contará con la asistencia del presidente López Miras y de las consejeras de Agricultura de Andalucía y la Comunidad Valenciana, Carmen Crespo e Isaura Navarro, respectivamente, así como del presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. También acudirán alcaldes y representantes del PP, de la Ejecutiva regional del PSOE y de Vox, entre otras formaciones.
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La consejera Isaura Navarro, de Compromís, asistirá junto a los secretarios autonómicos de Agricultura, Roger Llanes, y de Transición Ecológica, Francisco Candela. Criticó que el Ministerio haya «cambiado el texto aprobado» en el Consejo Nacional del Agua. Resaltó que la afección económica «es muy importante» en el Levante. «Se la recordamos al Consejo de Estado porque no es una decisión que se tenga que tomar de manera banal».
«Reivindicaremos en las puertas del Ministerio que se vuelva al texto aprobado por el Consejo Nacional del Agua». «No tiene sentido que tengamos un río en mejores condiciones y que el agua no llegue a nosotros». Anunció que mañana por la tarde mantendrá una reunión con el secretario de Estado Hugo Morán. «Desde el Consell estamos en total desacuerdo con el cambio de guion que ha hecho el Gobierno central», recalcó.
El presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, pidió a Ximo Puig que acuda a la manifestación en defensa del Trasvase, y que «no mande simplemente unos representantes para cubrir el expediente». El senador de Compromís, Carles Mulet, solicitó ayer la comparecencia de Teresa Ribera «ante la decisión injustificable de recortar 105 hectómetros anuales el Trasvase y al mismo tiempo dejar a los regantes sin alternativas con el encarecimiento del agua desalada para riego. «Es triste y lamentable que el Gobierno central acabe haciéndole el juego partidista al presidente de Castilla-La Mancha».
La consejera andaluza de Agricultura y Agua, Carmen Crespo, señaló, por su parte, que la Junta «se pondrá enfrente» del Gobierno para pedir «justicia» con los ciudadanos del Levante.
Llamamiento del PP
El vicesecretario de Organización del PP de la Región, Joaquín Segado, dijo que la sociedad está llamada a acudir a la manifestación en Madrid para defender nuestros intereses». «¿Qué hay más importante el miércoles para un representante político en la Región que estar apoyando a toda la sociedad y reclamando que no se recorte el Trasvase Tajo-Segura?». Añadió que José Vélez no puede permanecer más en la delegación de Gobierno y, si permanece, asumimos que está de acuerdo con las decisiones que toma Pedro Sánchez, que son crueles con esta «Región».
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Ribera no cede
La ministra Ribera defendió la necesidad de recortar los recursos hídricos del acueducto para cumplir con cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligaban a establecer un caudal ecológico para el río Tajo, pero aseguró que de aquí a 2027 se acometerán inversiones para garantizar 120 hectómetros adicionales para Almería, Murcia y Alicante. Las sentencias del Supremo, como se sabe, no obligan a subir dichos caudales.
La ministra reiteró ayer que no cambiará sus planes y espera aportar 120 hectómetros adicionales de agua desalada
En declaraciones a Antena 3, Ribera destacó que es preciso anticipar soluciones ante una disminución importante de la disponibilidad de recursos hídricos y ve «absurdo» pensar que cada vez que se tienen que aprobar planes hidrológicos, «gobierne quien gobierne» se produzca esa «tensión» que tiene más de emocional que de racional.
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Confía en cumplir con los plazos para que cuando el caudal ecológico empiece a subir de forma importante, se puedan aportar esos 120 hectómetros adicionales para Alicante, Murcia y Almería. «Está en nuestra mano el que esta sea definitivamente una solución para todos los territorios». Señaló que también hay que trabajar con los regantes para que el precio que paguen por el agua sea razonable y no distorsione su capacidad de utilización del agua en la agricultura.
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