El retraso en desalojar a los okupas complica aún más la convivencia en el casco histórico de Cartagena

Había un «grave deterioro» de la convivencia vecinal en varias calles del casco histórico, que podría derivar en una «ruptura de la cohesión social» si se alargaba mucho el procedimiento de entrega al Estado de un centenar de viviendas rechazadas por los herederos de Pedro Montoro Ro, un vecino fallecido en 2015. Este es el temor que, allá por el mes de marzo, trasladó el Ayuntamiento al Juzgado de Primera Instancia 3 de Cartagena, a la vista de los continuos problemas ocasionados por la estancia irregular de decenas de personas en numerosos pisos de las calles San Vicente y Serreta.

Siete meses después, nuevas peleas, amenazas a residentes de la zona y otros incidentes protagonizados por okupas han alterado aún más la tranquilidad de esta zona del centro de la ciudad, mientras las autoridades siguen a la espera de que la Justicia acuerde si los inmuebles deben pasar a manos de Hacienda, para que este organismo nacional pueda sacarlos a subasta. Hasta entonces, aseguran en el Consistorio, solo cabe que los propietarios soliciten el desalojo de los inquilinos.

El problema es que la venta de algunos edificios, que en algunos casos estaba ya avanzada mediante el pago de la correspondiente señal, está paralizada precisamente por la falta de una decisión judicial firme. Y ello a pesar de que, en algunos casos, la operación estaba muy avanzada, a través del pago de la correspondiente señal.

Así que, para aliviar el panorama de tensión que se vive en la zona, la alcaldesa, Ana Belén Castejón, volvió a pedir hace unos días que la Policía Local refuerce la vigilancia de este sector de la ciudad. La regidora también pidió a la Policía Nacional que intensifique el control de la seguridad ciudadana en esta zona, puesto que hay información sobre «casos de extorsión» a personas para que abonen determinados precios de alquiler a grupos mafiosos y otras «posibles actividades ilícitas».

Así lo aseguraron a 'La Verdad' fuentes del gabinete de la alcaldía. Y añadieron que, en su calidad de concejal de Urbanismo, Castejón también ha impulsado medidas como la tramitación de un expediente de ruina y de la reparación del balcón y del dintel del edificio situado en Serreta 19; y catorce requerimientos de inspección de edificios, cinco de ellos en San Vicente, seis en la Serreta y 3 en la calle Macarena, en la parte baja del Monte Sacro.

Sobre el problema de fondo a nivel social y urbanístico, que es la toma de las viviendas por parte de personas sin recursos económicos y que en algunos casos tienen conductas antisociales, en la alcaldía afirmaron que Urbanismo no puede ni forzar un desahucio ni tapiar puertas y ventanas, como en algún caso ha pedido la Policía Local.

Esta concejalía, explicaron en el Ayuntamiento, «solo puede intervenir en una propiedad privada si se denuncia una situación de insalubridad o una situación de ruina. Todo lo demás es competencia del juzgado y de la propiedad», sea un particular, un banco o el Ministerio de Hacienda. «Hasta la fecha -agregaron- no nos han solicitado desalojos y nos han solicitado realojos».

Para el caso concreto de que entre las personas que habitan ahora mismo en estos domicilios hubiera alguna mujer en situación de riesgo por violencia machista, serían atendidos por el Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género (CAVI) municipal.

También en el ámbito de los servicios sociales, la concejalía correspondiente ha mantenido contactos con la Delegación de Hacienda en Cartagena y con el juzgado, «en un intento de coordinar actuaciones», indicaron en la alcaldía. «Sin embargo, el plan de acción que presentó el Servicio Regional del Patrimonio del Estado al Juzgado no fue acordado con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, y así se le manifestó a la jueza en la reunión del 8 de marzo», lamentaron en el equipo de gobierno.

En ese encuentro participaron también responsables de Patrimonio del Estado y de la Comisaría de Policía Nacional, así como la magistrada encargada del caso, el letrado de la Administración de Justicia y técnicos municipales. Y, según la información recabada por la Asesoría Jurídica Municipal en el juzgado la semana pasada, tras una consulta de este periódico, «la ultima actuación procesal que consta» es que el abogado del Estado se ratificó en su decisión de que los bienes pasen al Estado y no a familiares que, en el trámite judicial, han reclamado sus derechos por no haber sido presuntamente avisados por Hacienda en tiempo y forma.

En consecuencia, dentro del llamado Procedimiento de Intervención del Caudal Hereditario de Pedro Montoro Ros, para la formación del inventario correspondiente a su 'herencia ab intestato', «se solicitó la entrega de los bienes al Estado previa depuración posesoria».

En el Juzgado señalaron al abogado municipal que la magistrada está a la espera de que la Fiscalía entregue su informe de alegaciones, «dado que no compareció» en la vista.

En el Ayuntamiento hicieron hincapié en que la jueza siempre ha dejado claro cuál es la «competencia y responsabilidad» de cada una de las partes y «que el problema generado por estas ocupaciones ilegales no puede ni debe ser asumido por Servicios Sociales». El motivo es que «en este momento tienen un propietario».

No obstante, en el equipo de gobierno aludieron a la sensibilidad social de la corporación local. Y puntualizaron que, «llegado el caso de los desahucios», los servicios sociales «valorarán y estudiarán los casos, aplicando los recursos que procedan» a cada afectado. De hecho, familias de okupas en las que hay menores de edad ya han recibido información sobre las opciones de apoyo que tienen. Eso sí, previa advertencia de que «deben buscar alternativas al realojo» por parte de los servicios públicos.