Costas pondrá vallas y puertas para proteger la batería de San Isidoro

Los planes del Gobierno de España, que incluyen la mejora de la senda peatonal que une esta batería con la de Santa Ana acasamatada (de la que también es titular) han trascendido gracias a una denuncia de la Asociación para la defensa del patrimonio Daphne ante la Comunidad Autóoma. En respuesta a un reciente escrito, del que se hizo eco LA VERDAD el lunes, la Consejería de Cultura informó ayer a Daphne de que el 26 de abril emitió un informe favorable al proyecto presentado por Costas.

En concreto, le indica que «el proyecto básico de acceso peatonal al espacio de dominio público de las baterías de costa de Cala Cortina, en Cartagena, contempla facilitar el recorrido» entre las dos baterías estatales y la playa de Cala Cortina.

«La actuación aprobada plantea intervenciones tendentes a la seguridad y garantía de la integridad de los bienes catalogados», señala Cultura. Y apunta que hay previstas «obras de vallado perimetral, mediante talanquera de madera» y la instalación de «puertas de madera, para restringir el acceso a otros caminos existentes en el espacio del dominio público», y puertas de forja abatibles «en los accesos a las baterías y en el acceso sur desde la Playa de Cala Cortina».

El Ministerio también pondrá «señalización vertical de prohibido» del paso y de indicación de la senda ciclable. «Estas actuaciones van dirigidas a resolver desperfectos causados por vandalismo, así como a la prevención de nuevas actuaciones de deterioro de los bienes catalogados», agrega Cultura. Y concluye que «con estas actuaciones», cuyo seguimiento realizará la Dirección General de Patrimonio, «se considera atajado el actual estado de deterioro que presentan las referidas baterías».

Daphne pidió a Cultura que le informara de las gestiones que había realizado para asegurar la limpieza y el mantenimiento de este Bien de Interés Cultural (BIC). La respuesta no ha satisfecho a la asociación, que insta a la Consejería a pedir permiso al Ministerio para inspeccionar las baterías y «documentar el estado de abandono».

La asociación insiste en obligar al Ministerio a cumplir la Ley de Patrimonio, que exige abrir al público los BIC cuatro días al mes, de forma gratuita. «La visita pública a los monumentos aplacaría las ganas de conocer estos por la vía de la fuerza», indicaron fuentes del colectivo. Y reclamaron que los inmuebles tengan vigilancia.