La Audiencia avala la apertura de juicio contra más de 50 acusados por el fraude del AVE
El tribunal estima solo los recursos de tres procesados, a los que deja fuera del procedimiento
La Audiencia Provincial ha avalado en gran parte la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, Olga Reverte, de abrir juicio contra más de medio centenar de acusados de un presunto fraude multimillonario cometido con el desvío de grandes cantidades de dinero, hasta medio centenar de millones de euros, en las obras de la alta velocidad ferroviaria (AVE) a la ciudad de Murcia. La Sección Segunda ha dictado hasta 26 autos para dar carpetazo a los recursos planteados contra la decisión de la instructora del 'caso César' de seguir adelante con el procedimiento, tal y como informaron fuentes judiciales.
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La resolución, ahora en gran parte confirmada, ordenaba la continuación del proceso por los trámites del procedimiento abreviado, por si los hechos investigados fueren constitutivos, según los casos, de delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal, estafa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales o insolvencia punible.
Los letrados de los imputados trataron de desmontar los hechos que la magistrada planteaba en el auto esgrimiendo, sobre todo, una falta de determinación en la imputación. Una postura que contó con la oposición de la Fiscalía que sostenía que la resolución de la instructora sí contaba con un relato de hechos «claramente incriminatorio». El Abogado del Estado también consideró que quedaba «acreditada la participación» de los recurrentes en el procedimiento de desvío de fondos investigado.
Entre los sospechosos se encuentran constructores, exdirectivos de Adif, arquitectos, integrantes de empresas responsables del control de esas obras y antiguos directivos del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. Especialmente relevante resulta el hecho de que algunas de las más importantes empresas constructoras del país serán llevadas también a juicio, como integrantes de varias UTE que estaban desarrollando ese proyecto.
La Audiencia estima, no obstante, tres de los recursos presentados y archiva la causa respecto de los que fueran director general de Grandes Proyectos y director de Infraestructuras de la Línea de Alta Velocidad de Adif y el secretario de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri. Además, en otros cinco casos los recurrentes, familiares de un administrador de sociedades que habrían facturado hasta 1,6 millones por reposiciones hidráulicas no llevadas a cabo, dejan de ser investigados y se convierten en responsables civiles subsidiarios o partícipes a título lucrativo.
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Cuatro tramos
Las investigaciones sobre esta supuesta malversación de fondos públicos de enormes dimensiones, conocidas como 'caso César', se iniciaron en 2015, a raíz del descubrimiento de la supuesta facturación falsa de una empresa murciana, Obras Marimar, que estaba realizando la sustitución de las infraestructuras hídricas dañadas por el trazado del AVE entre Crevillente y Murcia, a través de la Vega Baja.
Las investigaciones de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil, una vez comenzaron a tirar de ese hilo, desvelaron la aparente existencia de un entramado de corrupción de grandes dimensiones, en el que se habrían desviado grandes cantidades de dinero público con la presunta simulación de unas obras que no existian. En concreto, esa presunta malversación se habría producido en cuatro tramos situados entre la localidad alicantina de Crevillente y Murcia.
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Entre los acusados figuran algunos antiguos altos dirigentes de la compañía estatal Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), como el antiguo director de la Línea de Alta Velocidad (LAV) del Levante, Santiago Cobo; y el exjefe de Infraestructuras, José Luis Martínez Pombo. También han sido llevados a juicio el exjuez del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, Jesús Abadía, y el expresidente de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri, Emiliano Riquelme.
La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación particular solicitan cientos de años de cárcel para los encausados por presuntos delitos continuados de prevaricación, fraude, delitos fiscales, falsedad documental, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales e insolvencia punible.
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