La comisión concluye que la desaladora se construyó «para favorecer la recalificación de terrenos»

La primera comisión de investigación abierta en la Asamblea Regional en los últimos veinte años, la de la desaladora de Escombreras, concluyó este miércoles sus trabajos con la aprobación de un dictamen con los votos a favor de los cinco representantes de los partidos de oposición y los cuatro en contra de los diputados del PP.

Las conclusiones señalan que en la década pasada hubo una "trama" en la Comunidad Autónoma para cambiar el "modelo socieconómico" de la Región de Murcia mediante la recalificación de 180.000 metros cuadrados de suelo, con la finalidad de construir unas 400.000 viviendas. La planta desalobradora se proyectó para garantizar el agua que necesitaban los nuevos desarrollos urbanísticos en todo el territorio murciano. Como principales responsables de ello, el grupo de trabajo señala al expresidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, y a quien fue su consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá.

El presidente de la comisión de investigación, el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, destacó que el dictamen será presentado en las próximas semanas al Pleno de la Asamblea para su votación y, una vez cumplido ese trámite, será remitido al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de la Región de Murcia para que evalúen las responsabilidades políticas, económicas y jurídicas que podría haber en la toma de decisiones relacionados con la promoción y puesta en marcha de esas instalaciones.

La comisión también concluyó que "el entramado societario" auspiciado por el gobierno de Valcárcel para sacar adelante un proyecto "sin concurso público" causó "graves daños al erario", según el diputado socialista Jesús Navarro. Sánchez reiteró que "ha sido un mal negocio, como dijo Alberto Garre en su comparecencia".

El documento también pone de relieve que la planta es una infraestructura necesaria para luchar contra el déficit hídrico de Murcia y recomienda a la Comunidad iniciar los trámites para hacerse con su propiedad, que está en manos de ACS, recordó Antonio Urbina, de Podemos. La oposición considera que la planta tiene un coste de 114 millones de euros, que ya habría pagado la Comunidad a sociedades de ese grupo empresarial.

El Partido Popular votó en contra del dictamen por entender que "no hubo ninguna ilegalidad" en todo el proceso. "Así ha quedado demostrado, porque no se han detectado ni irregularidades documentales ni ningún compareciente ha hablado de ilegalidades", según el diputado popular Juan Luis Pedreño.

A pesar de las diferencias, todos los grupos políticos coincidieron en que están satisfechos del trabajo realizado durante los últimos ocho meses.