El fiscal pide la lista de las desaladoras

El ambiente de la reunión en la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura se caldeó aún más cuando los dirigentes agrarios se enteraron de que la Comisaría de Aguas y la Fiscalía de Medio Ambiente del TSJ se han dirigido a las empresas encargadas de instalar las plantas desalobradoras para que faciliten los datos de sus clientes. En concreto, para que informen de las explotaciones y del lugar exacto donde han sido montadas las maquinarias en los últimos años. Los regantes sospechan que pretenden actuar contra ellos.

El fiscal que investiga el caso, José Luis Díaz Manzanera, aún no ha presentado la denuncia en el juzgado, dado que sigue en la fase de acopio de información para averiguar contra quiénes piensa actuar y por qué supuestos delitos. Las diligencias se iniciaron en junio.

Manuel Martínez, dirigente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, denunció ayer la descoordinación que existe entre las administraciones para aplicar el decreto de sequía y paliar la falta de agua. «Se tienen que poner de acuerdo y marcar el camino que hay que seguir para legalizar los pozos y las desaladoras. Está pasando el tiempo y nos vamos estrellando porque no llegan las soluciones».

Martínez propuso que se construya un gran colector que recoja todas las salmueras de la zona, tal y como estaba proyectado, ya que a su juicio es la solución definitiva. El Ministerio de Agricultura y la Confederación Hidrográfica del Segura tienen que construir esta infraestructura, aunque precisa de una declaración específica de impacto ambiental. Dicho colector canalizará el agua hacia los emisarios, una vez tratada. Martínez opina que hay que empezar a actuar ya.

El Ministerio aprobó esta obra el año pasado, pero la licitación quedó en suspenso por la interinidad el Gobierno central. Como medidas provisionales, la Consejería de Agricultura ha proyectado dos filtros verdes en El Albujón y El Algar, así como la conexión con el emisario de Cabo de Palos.