Las últimas jaimitadas

A toda prisa, el Gobierno regional trata de enmendar el enésimo desaguisado de la celebérrima y ruinosa desaladora de Escombreras. Una jefa de sección de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha revelado otra torpeza de la empresa pública que le paga el alquiler a ACS: carece de autorización para vender más de 3 hectómetros anuales de agua a los regantes, y si se pasa de la raya será sancionada. Tienen un permiso verbal del presidente de la CHS, dicen, para vender toda el agua que puedan, pero eso parece poco serio y consistente. Este problema que cuesta casi 600 millones de euros, heredado de la era Valcárcel, no tiene fin. Resulta irritante que la Comunidad esté ofreciendo esta desaladora como si fuera la tabla de salvación de los regantes del Campo de Cartagena -ahora más que nunca-, y que sin embargo existan estas limitaciones. El apoderado general, José Manuel Ferrer, informó meses atrás al Tribunal de Cuentas de que 90 empresas y comunidades de regantes han pedido agua, 60 con contratos firmados para un volumen de 9,9 hectómetros. El año pasado, la producción total fue de 7,4, y se espera que llegue a los 16. Pero ¿cuánta agua se está vendiendo en realidad, y a qué precio? La última referencia es de la propia auditoría de la empresa pública: en el año 2014 vendió agua por valor de 2,8 millones de euros. Una cantidad pequeña en comparación con los contratos de arrendamiento de ACS y Tedagua, que superan los 15 millones anuales. Ya se explicarán cómo se cuadran las cuentas.

El informe de la CHS revela otra cuestión surrealista: son los regantes de Cartagena los que se tienen que dirigir a la Confederación para poder comprar agua de Escombreras, cuando no es una desaladora del Ministerio, sino promovida por la Comunidad y propiedad de un grupo privado. El agua de mar desalada está demanializada (es de dominio público) y al final es la CHS quien impone las condiciones para que pueda ser utilizada. Ni hecho de encargo.

El Ministerio hace otra jugada con el agua desalada

Los regantes del Trasvase van con pies de plomo porque, de entrada, pagarán caros los 25 hectómetros que les ha cedido la cuenca del Segura. La directora general del Agua prometió que abonarían 30 céntimos el metro cúbico por esos caudales (que son los que se producirán en Torrevieja para devolverlos al río), pero el Ministerio informó a última hora de que tenían que pagar 52 céntimos, que es la tarifa de Acuamed. Por este motivo se reunió la junta de gobierno del Scrats, con urgencia y en mitad de agosto. Los regantes han tenido que transigir porque ya están consumiendo esos caudales, y esperan que el Ministerio cumpla su promesa para bajar al 'precio social' de 30 céntimos. Hay 5,5 millones de euros de diferencia, una pasta. Están que trinan porque la interinidad del Gobierno no ayuda nada.

Frustración y «engaño» con los bancos de agua

Otra perla: el Memorándum dio vía libre a las compras de agua entre cuencas diferentes, pero el Ministerio está aplicando una política muy restrictiva y tardona. Los regantes se sienten «engañados» y echan de menos la gestión que hizo el anterior Gobierno socialista. Por cierto, que la referencia a estas cesiones de caudales (artículo 72 de la ley de Aguas) desapareció de la última reforma legal.

Unidad para que nadie haga la guerra por su cuenta

No se dispersen. El comunicado por la unidad del agua que lanzaron ayer Fecoam, Coag, UPA y Proexport (como representante de Croem) tiene su trasfondo. Al parecer se estaba agrietando la unidad, y algunos, acuciados por la escasez, hacían la guerra por su cuenta. También hubo telefonazos desde el Gobierno regional, molesto por las críticas. Al final, todos a la Mesa del Agua.