Mendoza aduce que no cometió delito al edificar sin licencia y se acoge al derecho a no declarar

La esperada comparecencia judicial de José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), fue vista y no vista. Diez minutos, a lo sumo, le ocupó el trámite. Llegó a la sede de los tribunales murcianos literalmente escoltado por su letrado, el penalista José María Caballero Salinas, y por su procurador, José Julio Navarro Fuentes, y permaneció en las dependencias del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia durante el breve espacio de tiempo que tardó en comunicar a su titular, María del Mar Azuar Fernández, que se iba a acoger a su derecho a no declarar. Una postura que, según fuentes próximas al proceso, justificó por el hecho de tener recurrida su citación ante la Audiencia Provincial, un órgano que está convencido de que revocará la decisión de la magistrada de citarlo como investigado -esto es, como imputado- por un presunto delito contra la ordenación del territorio.

Fue Caballero Salinas quien a la salida de la Ciudad de la Justicia se encargó de asegurar que haber llamado a comparecer como imputado al presidente de la UCAM no tiene explicación alguna, ya que las obras realizadas en el campus «en modo alguno pueden ser consideradas ilegales».

José Luis Mendoza, por su lado, se limitó a señalar que tenía «la conciencia muy tranquila» por el convencimiento personal de que no había incurrido en delito alguno.

Las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia se centran en esclarecer si los responsables de la Fundación San Antonio, con José Luis Mendoza a la cabeza, pudieron vulnerar las leyes urbanísticas al levantar un grupo de edificios, entre ellos un aulario, un laboratorio, un almacén, una cafetería, un porche y una caseta auxiliar en la zona sur del campus de los Jerónimos, careciendo en apariencia de los obligados permisos y además en una zona afectada por una especial protección ambiental y paisajística. En concreto, en unos terrenos calificados como «Suelo No Urbanizable NR. Huerta, rincones y cabecera del Segura y otros espacios de alto interés» y que están en el ámbito de influencia del Monasterio de los Jerónimos.

Autorización excepcional

Aunque los propios servicios de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia emitieron hace un año un informe asegurando que las obras eran «de imposible legalización» y recomendaron que el expediente fuera remitido a la Fiscalía -lo que acabó haciendo el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón-, ello no ha impedido que desde la UCAM se esté impulsando desde hace unos meses un proceso para tratar de regularizar la situación.

La única opción de legalización, tal y como confirmó ayer el edil Navarro Corchón, pasaría por que la Comunidad Autónoma otorgue una autorización excepcional a la universidad privada en función del interés social de las obras. Si la Administración regional no otorgara ese permiso a los inmuebles construidos sin licencia, la única opción pasaría por demolerlos, además de imponer a la institución docente una sanción urbanística.

La estrategia de defensa se orienta así en una doble dirección. Por un lado, la consistente en mantener que no existe delito y en tratar de que la Audiencia Provincial revoque su citación como imputado y, a ser posible, ordene el archivo de las diligencias. Por otro, tratar de conseguir que la Comunidad le conceda ahora la autorización especial para edificar, con la que indefectiblemente debía haber contado antes de ponerse a obrar. Esa circunstancia permitiría la legalización de las construcciones que fueron levantadas sin permiso.

El letrado Caballero Salinas aseguró ayer que el artículo 319 del Código Penal solo contempla la posibilidad de que se cometa un delito urbanístico «cuando las obras realizadas no sean autorizables». De ahí que se mostrara convencido de que una hipotética autorización excepcional de la Comunidad solo pueda ocasionar el sobreseimiento de la causa.

Fuentes próximas al proceso señalan, sin embargo, que la postura que la Fiscalía mantuvo ayer es bien distinta. La acusación pública considera, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que los hechos delictivos ya habrían sido cometidos de cualquier modo y que una posterior legalización de las obras no implica que los responsables de las mismas deban ser exculpados automáticamente.