El Gobierno encara el veredicto de la opa asediado por sus socios y la presión de Bruselas

Hace tiempo que la opa de BBVA sobre Banco Sabadell dejó de ser una operación puramente empresarial para entrar de lleno al terreno –más bien al barro– político. La intervención del Gobierno con la inédita consulta pública lanzada el 30 de abril y la posterior decisión de elevar al Consejo de Ministros la operación anticipaba la imposición de condiciones asumibles para el banco vasco, en base al interés general y más allá de las ya pactadas con Competencia. Pero la fuerte crisis política que asedia al PSOE ha desbaratado por completo las quinielas sobre la postura que finalmente adoptará el Ministerio de Economía el próximo martes 24 de junio, cuando Moncloa anunciará su decisión.

«Es imposible de predecir; hace unas semanas daba un 99% de probabilidades a que la opa saliese adelante con nuevas condiciones asumibles para BBVA; pero reconozco que ahora estoy perdido», comenta a este diario un gestor de fondos con ambos bancos en cartera. «La debilidad del Gobierno puede tener varias lecturas: por un lado que, en medio del importante caos que rodea al PSOE, se apueste por evitar más problemas y establecer condiciones aceptables para BBVA, incluso aunque estas obliguen a la entidad a recalcular las sinergias esperadas inicialmente», señala.

«Por otro, Economía podría ceder a la presión de socios como Sumar, que exigen medidas más contundentes como la prohibición de acometer despidos o cerrar sucursales, pero eso lo veo menos probable», insiste.

La presión llega de todos los frentes, de ahí la imprevisibilidad de la resolución final. El informe de la UCO sobre la implicación del ex secretario de organización, Santos Cerdán, en el 'caso Koldo', ha provocado que los que apoyan al actual Ejecutivo ganen mucho poder de negociación. Fuentes conocedoras explican que en las conversaciones con el resto de ministerios implicados en la opa, el ministro CarlosCuerpo ha tenido que lidiar especialmente con las posturas más agresivas de Yolanda Díaz (Trabajo), y de Pablo Bustindui (Consumo), ambos de Sumar.

Pero las presiones para el Ejecutivo llegan también desde otros sectores como las patronales catalanas, donde preocupa la financiación a pymes y, sobre todo, la pérdida de influencia del centro de Sant Cugat. Junts y ERC también se han mostrado en contra, ante el riesgo de perder al único gran banco con sede social en Cataluña (CaixaBank permanece en Valencia). Pero, en realidad, ninguno de los dos grupos han hecho del proceso una cuestión modular en sus relaciones con el Ejecutivo, al ser un factor que ha rentabilizado de forma especial el socialista Salvador Illa, al frente de la Generalitat cuando se decidió el cambio de sede a principios de año.

Además, buena parte de los corrillos financieros se inclina a que la resolución del Ejecutivo pasará por adoptar un perfil bajo, pese al asedio de los socios. ¿La forma de 'contentarles'? Anunciar un veto a la posterior fusión de los dos bancos, lo que obligaría a BBVA a mantener a Sabadell como una filial, con su propia marca y una estructura directiva y comercial propias.

Quienes defienden esta postura se alinean con la opinión del banco vasco de que el Gobierno tiene poco que decir en una operación que ya ha recibido el visto bueno de Competencia y del Banco Central Europeo (BCE). Además, el Ejecutivo es consciente de que sus movimientos deben ser medidos al milímetro para no enfadar aún más a Bruselas, donde hace unas semanas se produjo un movimiento muy poco habitual en forma de advertencia para no excederse en sus funciones. «No tenemos conocimiento de ninguna razón que pueda justificar el rechazo o el bloqueo de la operación; Esperamos que el gobierno español se ajuste a las decisiones de las autoridades competentes», indicaban entonces fuentes de la Comisión Europea.

No solo eso. En línea con la opinión europea, la propia consulta pública lanzada por el Gobierno podría convertirse en un dardo envenenado si se confirma lo que el presidente de BBVA, Carlos Torres, desveló esta misma semana. Con los resultados del formulario ya en su poder, el banquero aseguró que una «abrumadora mayoría» no considera que existan riesgos para el interés general.

Fuentes conocedoras señalan que esta revelación sentó muy mal en el Ministerio de Economía. Pero Torres está dispuesto a dejar a un lado la prudencia que le ha caracterizado estos meses, abriendo incluso la puerta a la vía judicial si el Gobierno endurece las condiciones de Competencia, al considerar que el espíritu de la ley que regula estas operaciones solo permite al Gobierno mantenerlas o suavizarlas.

En todo caso, el visto bueno de las autoridades competentes dificulta que un Ejecutivo en plena crisis política se salga de forma extrema del guion. Por eso, y para dar la puntilla a un proceso que dura ya 13 meses, Sabadell ha movido ficha anunciando acercamientos de otros bancos interesados en su filial británica TSB.

Para evitar violar el deber de pasividad (que impide a una entidad opada buscar activamente apoyos externos), si ese interés se convierte en una oferta vinculante, la entidad tendría que convocar junta de accionistas antes de que termine la oferta de BBVA. Plazos muy ajustados pero que podrían obligar al banco vasco a ajustar el canje inicial o incluso replantearse una operación que, al final, decidirán los accionistas.

• Temas
• Banco Sabadell
• BBVA
• Consejo de Ministros