El Ministerio se propone reforzar la educación pública frente a la concertada

La ministra de Educación, Isabel Celaá./EFE
La ministra de Educación, Isabel Celaá. / EFE

Celaá también ha explicado que serán las comunidades autónomas las que establezcan el número de horas lectivas semanales de los profesores, tanto en los centros públicos como en los concertados

Álvaro Soto
ÁLVARO SOTOMadrid

El Ministerio de Educación se ha marcado como objetivo del curso que ahora se inicia impulsar la enseñanza pública. La ministra Isabel Celaá confirmó este martes en la Comisión de Educación del Congreso que modificará el artículo 109.2 de la Lomce para «retirar el requisito de la demanda social» en la escuela concertada. La «demanda social», esto es, una alta petición de este tipo de educación por parte de las familias, es la justificación que la concertada ha utilizado, incluso en los tribunales, para aumentar su oferta escolar. «Un privilegio», según la portavoz de Educación del PSOE, Mari Luiz Martínez Seijo, al que el Gobierno quiere ahora poner coto, pero sin soliviantar a la escuela concertada.

Por eso, Isabel Celaá se esforzó este martes en recalcar que no van a «atacar» o «cerrar» los centros concertados. «Decir lo contrario es 'fake news'», aseguró la ministra. Sin embargo, la prioridad de su departamento es la educación pública, y así quiso dejarlo claro. «Debe ser el eje vertebrador del sistema educativo y los servicios públicos no se pueden dar a la carta», aseguró.

«Con la modificación del artículo 109 queremos cumplir con la obligación del poder público de garantizar el derecho a la educación de todos los niños, también en aquellas zonas de nuestro país a las que la escuela concertada no llega y no tiene obligación de llegar», afirmó Celaá. «Es el momento de abrir las dos redes (pública y concertada) a la igualdad de condiciones», en referencia a la educación especial, a los alumnos inmigrantes y a los estratos sociales más desfavorecidos.

Durante su comparecencia, la ministra se comprometió a «revertir» los recortes del PP en educación, con la eliminación de la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula y con la supresión de la espera de 10 días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a los profesores de baja. También afirmó que serán las comunidades autónomas las que establezcan el número de horas lectivas semanales de los profesores, tanto en los centros públicos como en los concertados. Actualmente, los docentes de Infantil y Primaria tienen un mínimo de 25 horas lectivas para Infantil y Primaria y 20 en ESO.

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