Celaá apunta a que el Gobierno reculará con la cotización de los becarios

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá./E.P
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. / E.P

La ministra desconoce la fórmula final, pero da a entender que las prácticas externas obligadas para titularse podrían volver a quedar libres de cuotas

Alfonso Torices
ALFONSO TORICESMadrid

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, dio a entender este martes que el Gobierno va a dar marcha atrás, al menos de forma parcial, en la reforma legal, aprobada en diciembre pasado, por la que obligó a que todos los estudiantes que realicen prácticas académicas en empresas o entidades de cualquier tipo deban ser dados de alta en la Seguridad Social y se deba pagar por ellos las correspondientes cotizaciones sociales.

Celaá, que tuvo que dar explicaciones en el Congreso sobre los efectos en el sistema educativo de esta reforma, no ocultó lo poco que le gusta la medida impulsada desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, pero que ha terminado por atropellarla políticamente a ella y a su colega de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, a quienes no parece que Magdalena Valerio haya consultado antes de incluirla en el decreto ley del 28 de diciembre. «Soy una de las personas afectadas por esta medida y estoy muy dispuesta a remar en la dirección de la corrección» de la actual redacción de la norma, admitió.

Celaá reconoció que es consciente de que todas las partes afectadas por la reforma consideran que, en su actual formulación, pone en riesgo la oferta de prácticas académicas en FP y en los estudios universitarios -por el rechazo de muchos empresarios a asumir este coste adicional- y que, al tiempo, amenaza con crear serios problemas financieros a las universidades y las comunidades autónomas si parte de estas cotizaciones tienen que salir de sus bolsillos (de los centros educativos).

La reforma legal, a la hora de imponer las nuevas obligaciones a empresas, instituciones y alumnos, no distingue entre prácticas curriculares -las que constituyen una o varias asignaturas de los estudios y sin cuya realización es imposible titularse- o voluntarias, ni entre becarios con remuneración o sin ella. Todos deben darse de alta y todos deben abonar las cuotas. Hasta el decreto ley, solo debían pagar cotizaciones a la Seguridad Social las empresas y becarios con prácticas voluntarias y remuneradas.

La ministra de Educación indicó que desconoce cuál será la fórmula final que adoptará esta reforma, porque, ante las protestas desatadas en todos los sectores, Trabajo, junto al Ministerio de Ciencia, ha abierto una negociación para la puesta en marcha consensuada de la medida con universidades, alumnos y otras instituciones, de la que deberá salir en los próximos tres meses el reglamento para su aplicación, que en cualquier caso está descartada antes del próximo curso.

No obstante, lo que sí quiso dejar claro Celaá en el Parlamento es que «el Gobierno no va a permitir que esta o cualquier otra medida pueda ir en detrimento del sistema educativo, de la prestación del servicio, de su calidad y de la máxima amplitud de posibilidades para prestarlo». «Hay que reflexionar sobre las consecuencias del posible desarrollo del real decreto y que no supongan desincentivación de la participación del sector productivo en su relación con el educativo», avisó. «Esta medida (la reforma) no puede generar perturbación en el sistema (educativo), porque, si fuera así, el Gobierno estaría en contra de esta medida», sentenció.

Las palabras de la ministra apuntan a que el Ejecutivo podría estar planteándose una rectificación y volver a la formula anterior al menos en lo referente a las prácticas externas curriculares, que hasta el decreto de diciembre estaban liberadas del pago de cotizaciones a la Seguridad Social, fuesen becarios remunerados o no. Constatados por la propia Celaá los avisos de empresas, comunidades autónomas y universidades, este parece el único camino que garantizaría la actual oferta de prácticas obligatorias en Formación Profesional y grados y másteres universitarios, que cada año deben realizar entre 500.000 y 750.000 estudiantes para titularse. De estos cambios hablarán mañana responsables de Trabajo y Ciencia en la reunión que tienen con rectores y alumnos.

El rechazo de la oposición parlamentaria a la reforma es unánime a excepción del grupo de Unidos Podemos. PP, Ciudadanos, Esquerra y el PNV acusaron al Ejecutivo de descoordinación -consideran que Celaá no fue ni siquiera informada de la medida- y de haber dado a luz una chapuza que además se realizó de espaldas a los sectores afectados y al resto de partidos. Todos reclamaron al Gobierno que revierta su propio desaguisado, que amenaza la titulación de los alumnos de FP y de muchas carreras.

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