El Congreso tramita la ley de igualdad LGTBI con la abstención del PP

La toma en consideración de la norma, elaborada por la federación nacional de estos colectivos y presentada en la cámara por Podemos, fue respaldada por todos los grupos de la oposición, pero la unanimidad fue imposible, pues el PP, que en junio dijo que daría su sí a la tramitación parlamentaria, ayer se abstuvo.

Los populares, pese a evitar el voto negativo, mostraron su «rotunda oposición» al texto presentado, también duramente descalificado por organizaciones educativas y ciudadanas conservadoras. El PP calificó el documento de «torpe», «chapucero», «peligroso» y «delirante» y anunció una enmienda a la totalidad con texto alternativo, «con otra ley antidiscriminación LGTBI».

El partido del Gobierno enumeró una larga lista de desacuerdos, pero lo que calificó de «inadmisible» es que el proyecto autorice a los transexuales mayores de 16 años a operarse para el cambio de sexo sin precisar permiso paterno y a los jóvenes en la misma situación a hormonarse desde la pubertad también sin precisar autorización de los padres.

Multas de 45.000 euros

Podemos y PSOE aferon al PP que anunciase su sí para poder participar por primera vez en la manifestación del Orgullo LGTBI, en junio pasado, pero que ayer rompiese la unanimidad en el Congreso. Socialistas y Ciudadanos, no obstante, ya avisaron de que no están de acuerdo con algunos puntos del texto, en unos casos por razones técnicas y en otros por cuestiones de fondo, y que tratarán de modificarlos en la fase de enmiendas parciales.

Uno de los puntos más polémicos del texto es la creación de una agencia estatal independiente que, además de evaluar el grado de cumplimiento de los mandatos de la ley por las administraciones, también impondrá sanciones, de hasta 45.000 euros, a las personas u organismos que infrinjan las disposiciones de la ley o vejen o discriminen a los miembros de estos colectivos.

El texto, a lo largo de 58 páginas, adopta medidas en pos de la igualdad de las personas LGTBI en todos los ámbitos: familia, sanidad, educación, cultura, ocio, justicia y seguridad, laboral o administrativo.

La proposición de ley pregona la autodeterminación a la hora de la elección de género, por lo que permite que cualquier transexual pueda cambiar su sexo y nombre en el registro sin el examen psiquiático y el tratamiento que ahora se les exije y también autoriza a las parejas de lesbianas a incribirse como padres del hijo de una de ellas aunque no estén casadas.

El documento garantiza el derecho de todas las mujeres a someterse a las técnicas de reprodución asitida en centros públicos con independencia de su orientación sexual -algunas comunidades excluyen a lesbianas y solteras-y asegura una atención sanitaria sin discriminaciones ni trabas a los transexuales y a los transgénero.