Camino de los cien mil pisos ocupados de forma ilegal

«No damos abasto. Hacemos 25 desalojos a la semana. Ya llevamos más de mil y solo hemos tenido once denuncias. Todas archivadas». Al otro lado del teléfono, Daniel Esteve, dueño de Desokupa, la primera y mayor empresa dedicada a echar a gente que ocupa pisos de forma ilegal, no disimula su éxito. Y eso que le están saliendo competidores como Stop Okupas, que se expanden rápidamente hacia toda España desde Andalucía. «Hay mercado para todo el mundo. Solo hay que hacerlo bien», desafía Esteve a sus rivales. Presume de contar entre sus clientes a familiares de Julio Iglesias, que le contrataron para desalojar el centro social La Yaya en el barrio madrileño de Argüelles.

Incluso se vanagloria de que el nuevo intento de crear una legislación de desahucio exprés, aprobada el martes en la Comisión de Justicia del Congreso, «es en parte obra mía. Hicimos ruido para denunciar tanta ocupación favorecida por Colau y Carmena (alcaldesas de Barcelona y Madrid, respectivamente). Ahí está el resultado».

En realidad, esa futura norma que ahora viajará al Senado es obra de Julio Naveira y sus colegas del Colegio de Abogados de Mataró (Barcelona). Responde a las quejas y demandas que les llegaban de sus convecinos del extrarradio de la Ciudad Condal, donde «se ofrecen pisos de alquiler social que no se pueden ocupar porque en ellos ya se ha colado alguien».

A Naveira también le preocupan los clientes que llaman desesperados porque no pueden echar de su propiedad a quien se la ha ocupado por las bravas. Las mafias suelen especializarse en pisos vacíos de los bancos pero, según los cálculos del sector inmobiliario, el 25% de los más de 90.000 pisos avasallados son de propiedad individual.

Eso significa que en España hay más de 20.000 propietarios buscando una salida legal a su conflicto con quienes usurpan su posesión. Hay todo tipo de variantes pero el repunte de la demanda hace que se destaque una: personas que invierten sus ahorros en una segunda casa para aprovechar la elevada rentabilidad que ha alcanzado el alquiler. Ponerla en un mercado tan convulso supone asumir riesgos. «Es cierto que la ley actual tiene mecanismos para defender los intereses de los dueños. Pero, por la vía legal, se tarda de dos a tres años, con grandes costes emocionales y el riesgo de una enorme minusvaloración, incluso destrozo, de la casa tras recuperarla», lamenta el letrado.

En su calidad de decano de los abogados de Mataró, Naveira propuso a sus colegas que afinaran al máximo la propuesta en la realidad actual. La idea era dejar a un lado a las mafias que han convertido la ocupación en un negocio. También a las inmobiliarias y fondos de inversión que están cambiando el paisaje de las grandes ciudades.

Los urbanistas hablan ya de la 'airbnbficación' de amplias áreas de Barcelona y Madrid (Airbnb es la mayor plataforma de alquiler de pisos turísticos). Barrios en los que es imposible conseguir un alquiler convencional para vivir porque se han disparado los precios y no hay oferta, pero donde se ofrece un continuo tránsito de entradas y salidas especulativas y con todo tipo de casuísticas, muchas ilegales. «Hay edificios enteros que cambian de alquiler cada día. Y comunidades que se organizan y juegan a espías para alertar de cualquier llegada sospechosa de un posible okupa irregular que destruya la convivencia», advierte el presidente de la Federación de Vecinos de Madrid, Enrique Villalobos.

Las asociaciones vecinales de barrios como el conflictivo Raval de Barcelona repiten un caso tipo. «El dueño alquila un piso por 800 o 900 euros con contrato legal y el arrendatario empieza a meter a gente subarrendando habitaciones. Con lo que les cobra no solo paga el alquiler sino que se forra». Añádase en este caso el pánico del titular a que puedan convertir su vivienda en un 'narcopiso'.

Para empezar a 'limpiar' la situación, Naveira y su equipo se han centrado en esas propiedades particulares y en los pisos sociales de los ayuntamientos cuando son violentados por extraños. Llevaron el texto a los partidos políticos y solo se lo 'compró' el PDeCAT, que es quien lo ha llevado al Congreso.

Si se aprueba el proyecto tal y como está redactado, quien entre en el piso de un particular de forma irregular, reciba una denuncia y no exhiba un título legal en cinco días «se va fuera». Para no perjudicar a las familias que demuestren que no tienen otra forma de acceder a una casa, se informará a los servicios sociales para que «actúen en un plazo de siete días».

Pero el deterioro del acceso a la vivienda pone las cosas cada vez más difíciles. «La Oficina de la Vivienda de Barcelona tiene una lista de espera de un mínimo de seis o siete meses para una vivienda social», advierte la portavoz de su Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado.

Los promotores de la nueva norma creen que, si se aprueba su propuesta, «cambiaremos el orden de factores. Lograremos garantizar los derechos de todos, y eliminaremos problemas colaterales como las mafias». El letrado Germán Plaza Arsenal, que se encarga de dar carácter legal a los desalojos realizados por la firma Desokupa, sostiene que «la verdadera reforma debería ser reconocer que ocupar un piso es un delito muy grave, y la obligación del Código Penal es defender a la principal víctima: el propietario».

El resto de actores sociales en el cada vez más enrarecido sector de la vivienda en alquiler contemplan la nueva propuesta con pesimismo. «Aumentará los desahucios, no las soluciones», pronostica desde PAH Barcelona Lucía Delgado. En su plataforma, una de las más activas del país, creen que una vez más se ha puesto el tejado sin hacer los cimientos. «Nadie ha hecho un diagnóstico de la situación general. Muchas familias pierden su casa porque les suben mucho los alquileres. Y ahora esta ley les viene a decir 'que te vaya bonito'», critica.

En la misma línea se pronuncia el líder vecinal de Madrid Enrique Villalobos, que acusa a los poderes públicos de propiciar un choque entre dos derechos fundamentales: la propiedad privada (artº 33 de la Constitución) y el derecho a una vivienda digna (artº 47). «Soluciones como ésta van dirigidas a contentar solo a los propietarios. Nosotros defendemos que la mejor ley antiocupación es la que garantiza un mejor acceso a la vivienda».

La casuística es infinita, pero las plataformas ciudadanas insisten en una peligrosa polarización. De un lado, inversores que compran inmuebles para especular con el acceso. Y que no dudan en utilizar lo que los portavoces vecinales llaman «avanzadilla sicaria de la nueva especulación inmobiliaria». Es decir, empresas como Desokupa o Stop Okupa. En el otro extremo, miles de familias sometidas a «la rueda continua de un desahucio detrás de otro, empujadas a saltarse la ley por simple supervivencia».

Ambos submundos empiezan a compartir dudosas prácticas. En las redes sociales pueden encontrarse decálogos de uno y otro lado sobre cómo resistir cuando uno es okupa o cómo quebrar la resistencia de estos cuando se trabaja en el boyante negocio de la desocupación. «Estoy logrando echarles hasta por teléfono. Les acojono legalmente», presume el dueño de Desokupa.

Villalobos denuncia la degradación del acceso a la vivienda en su región. Según destaca, hay barriadas que crean sistemas de alerta para vigilar y diferenciar a los okupas pagados por las mafias de los que buscan un refugio por simple necesidad. «Incluso hay gente que al final tiene que recurrir a estas mafias del alquiler para poder vivir». O comunidades de propietarios que «buscan sus propios inquilinos ilegales para evitar que llegue un mafioso a su edificio y caer en algo aún peor».

La ciénaga en la que está entrando el alquiler de pisos da pie a una ley de la oferta y la demanda surrealista. «Se busca piso para okupar, ya que alquiler es imposible. Zona Móstoles. Abierto y con agua y luz. Pago bien. Urge», se puede leer en portales como Milanuncios.com.

El letrado de Redjurídica, Eduardo Gómez, se postula del lado de los colectivos sociales y defiende que, «aunque hay que perseguir cualquier ilegalidad, todas las normas que se crean inciden en la protección de los propietarios a costa de la desprotección de los necesitados, el eslabón más débil de la cadena». En medio de todos estos intereses cruzados, los propietarios de viviendas que de pronto se ven víctimas de una ocupación ilegal asisten aturdidos e indefensos a una situación que les sobrepasa. «¡Pero si esta casa es mía!».