La solución para el Murcia tendrá que esperar
El Mercantil 2 decide no juzgar si fue legal o no la ampliación de 2020 hasta que el Tribunal Supremo dictamine sobre la que en 2018 encumbró a Tornel
Francisco Cano, titular del Juzgado Mercantil 2 de Murcia, ha suspendido temporalmente el procedimiento emprendido por García de la Vega que buscaba tumbar la segunda ampliación de capital puesta en marcha por el Real Murcia en el año 2020. Ésta recaudó 1,6 millones a través de la venta de acciones y la conversión de préstamos en títulos, un proceso que diluyó aún más el capital que De la Vega ostentaba tras la compra del 84% del club a Moro. Esta ampliación que está en el disparadero fue vital, como la de 2018, para que el club sobreviviera a la nefasta gestión de todos los directivos que pasaron por la zona noble del Enrique Roca años atrás.
El juez Cano prefiere esperar los movimientos del Supremo, que debe decidir si revisa o no una sentencia de la Audiencia Provincial favorable a De la Vega en relación a la primera ampliación de capital que erigió a Tornel como máximo accionista grana. El magistrado cree que lo que diga el Supremo, en un sentido u otro, influirá notoriamente en el proceso que ha caído en su juzgado y que no ha hecho más que empezar.
«Señalar una fecha de juicio y proponer pruebas no sería económico procesalmente. La sentencia del Supremo puede tener un impacto claro en este proceso, la decisión adoptada es prudente. Si la primera ampliación es nula, la segunda ya no se podría haber celebrado. Hay una conexión entre los dos procesos y hay que esperar a lo que diga el Supremo», asegura Agustín Amorós, abogado de De la Vega.
LOS PROTAGONISTAS
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Antonio Rubio. Abogado Real Murcia «La situación está enquistada, pero hay otros hechos que debe resolver el juez, como la ilegalidad o no de los poderes utilizados por De la Vega»
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Agustín Amorós. Abogado de García de la Vega «Hay una conexión entre los dos procesos y hay que esperar a lo que diga el Supremo, su sentencia puede tener un impacto claro en lo demás»
El Real Murcia está de acuerdo también con la suspensión temporal, aunque quiere que este procedimiento se reanude: «Este proceso seguirá cuando se resuelva el recurso de casación en el Supremo. La situación está enquistada y judicializada. La sentencia del Supremo será importante, pero también hay otros hechos que hemos declarado como nuevos que debe resolver el juez», advierte Antonio Rubio, abogado y secretario del Consejo grana.
Las partes tendrán que esperar, independientemente de lo que ocurra en el Juzgado de Instrucción con la querella presentada por el club grana contra De la Vega por presunta administración desleal y apropiación indebida en sus meses en el club, para saber quién es el dueño del club.
Si el Supremo decide no revisar la causa y convierte en firme la sentencia de la Audiencia favorable al mexicano, el conflicto estará muy cercano a su fin. Por el contrario, si dicta auto de adminisión del recurso, la solución final tardará aún más tiempo en llegar ya que el conflicto se alargaría algún año más una vez que García de la Vega, a través de sus abogados, ya ha reconocido que no va a ejecutar provisionalmente la sentencia que tiene a su favor.
«El problema de la ejecución es que hay más ampliaciones de capital posteriores. Ejecutarla nos obligaría a tener que dar una caución económica importante que aún así no nos permitiría ostentar el 84% del capital debido a las sucesivas ampliaciones. No sería práctico para mi cliente y generaría una alteración en la vida de la sociedad», argumenta el letrado de García de la Vega.
Impugnación de documentos
Pero la vista previa celebrada ayer sirvió para que el Real Murcia pusiera en conocimiento del Mercantil 2 una presunta irregularidad cometida por García de la Vega. El club grana entiende, como ya adelantó LAVERDAD el pasado 31 de mayo, que los apoderamientos utilizados por el mexicano para operaciones como la compraventa de las acciones a Raúl Moro o las reclamaciones ante el TAS, CSD y los requerimientos al Real Murcia, no tendrían valor.
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Según el club, García de la Vega podría haber actuado en nombre de la firma Iconos Nacionales sin tener capacidad para hacerlo al no ser, durante las fechas en las que los hechos se produjeron, ni administrador ni representante de la sociedad, circunstancia por la que el club grana podría impugnar todos los documentos aportados por De la Vega en el proceso de compra del Murcia. El club entiende que su oponente pudo incurrir en delitos de falsedad en documento público, estafa en la compra y estafa procesal.
«Cuando aportaron la escritura de Iconos Nacionales, García de la Vega no aparecía como administrador de la sociedad. Él aparece como comisario de la misma, que en la legislación mexicana es un cargo incompatible con el de administrador. Por lo tanto, cuando hace todos los movimientos en relación al Murcia, ni era administrador ni Iconos le podía otorgar poderes. Todo sería nulo, y más cuando quieren dañar los intereses de más de 30.000 accionistas. Toda la gente que puso el dinero son terceros perjudicados», indica Rubio.
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Agustín Amorós resta importancia al argumento de su rival: «Es un intento desesperado. Los poderes que cuestiona el Real Murcia están otorgados por un notario español. Nosotros tenemos otros poderes que cuando haga falta los aportaremos. Me parece un planteamiento ridículo, se cuestiona la compra cuando hay un laudo firme. Esta cuestión se tenía que haber planteado antes. Se trata solo de despistar», argumenta el abogado valenciano.
